Un 2025 cuesta arriba para el campo leonés con La Bañeza y Azucarera en el foco
El sector primario de Castilla y León cerró 2025 con un año marcado por importantes retos, y en León, la decisión de Azucarera de cesar la molturación en La Bañeza supuso un duro golpe para la comarca. La compañía centralizó toda la producción de azúcar de remolacha en Toro (Zamora) y mantuvo la planta de Miranda de Ebro (Burgos) únicamente como refinería para el norte de España.
Fuentes de la empresa argumentaron que “el objetivo es garantizar la sostenibilidad del negocio a largo plazo y recuperar su competitividad en el mercado”; y que “la decisión de concentrar toda la molturación en un único centro es la única manera de garantizar esa sostenibilidad y el futuro de la empresa. La hemos tomado tras un profundo análisis de todos los escenarios posibles”, señaló en su momento el consejero delegado de Azucarera, Juan Luis Rivero.
El anuncio de la multinacional AB Foods cayó como un jarro de agua fría en la Comunidad, sobre todo en la comarca leonesa de La Bañeza, donde la plantilla asciende a 160 trabajadores, a los que se suman más de 1.300 puestos indirectos de empresas de mantenimiento, maquinaria agrícola, industrias auxiliares o ámbito financiero, entre otros. Esto ha generado críticas de la clase política, opas y sindicatos.
"Una reestructuración justificada"
El alto ejecutivo de la firma explicó que se trata de “una reestructuración justificada por la confluencia de múltiples variables estructurales: unos elevados costes resultantes de mantener tres fábricas operativas; la volatilidad del precio del azúcar, intensificada por las importaciones procedentes de terceros países en condiciones de mayor ventaja; o la caída de las producciones de remolacha debido a la prohibición del uso de sustancias activas”. “Este proceso nos permitirá canalizar nuestro esfuerzo inversor en mejorar nuestra eficiencia y, en general, la operatividad de la fábrica, garantizando así la sostenibilidad de la compañía”, informa Ical.
Esta reestructuración conlleva la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo, justificado por causas económicas, productivas y organizativas, que afectará a 251 empleados de todos los centros productivos de la compañía, incluidas las oficinas de Madrid y Barcelona. Azucarera inició el período de consultas con los representantes de los trabajadores y promoverá una negociación que “ayude a buscar soluciones efectivas y respetuosas con los afectados”.
Con esta nueva configuración operativa, Azucarera aseguró que “recuperará su competitividad y seguirá siendo el proveedor de referencia en el mercado ibérico”. Para ello, la compañía dispondrá de tres centros de producción de azúcar situados en ubicaciones “estratégicas”: Jerez de la Frontera (Cádiz) y Miranda de Ebro, próximos a puertos comerciales, y Toro. Además, seguirá contando con dos centros de envasado, uno en el norte, en Benavente (Zamora) y otro en el sur, en Jerez de la Frontera.
Enfermedades que acechan al ganado
Pese a ello, Castilla y León culmina un 2025 marcado por el acecho de las enfermedades a las explotaciones y ganado, con la dermatosis nodular contagiosa, la gripe aviar o la peste porcina, además de una posición conjunta y contraria de Comunidad a la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y los varapalos para sectores claves como el remolachero.
Ante los focos detectados, la Junta de Castilla y León adoptó el pasado 25 de octubre la decisión de suspender todas las ferias, mercados y concentraciones de ganado de la Comunidad con el objetivo de reforzar la prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), que afecta al ganado vacuno. Medida que se extendió hasta el 1 de diciembre, donde se volvieron a permitir dichos eventos, excepto bovinos.
Dicha acción se alineó con actuaciones similares en otras autonomías, como Cantabria o Asturias, donde el Gobierno autonómico instó a los titulares de explotaciones, operadores y transportistas la necesidad de reforzar la aplicación de unas pautas básicas de bioseguridad.
Además, la Junta puso en marcha una campaña de información dirigida a ganaderos y veterinarios para reforzar la prevención y vigilancia frente a la DNC, que se pudo consultar en la página web oficial y se difundió entre los servicios territoriales y las unidades veterinarias de Castilla y León.
Gripe aviar
Respecto a la gripe aviar, la noticia saltó en la Comunidad el 8 de agosto, cuando la Administración autonómica confirmó su presencia en los análisis realizados en ocho patos de diferentes especies que fueron encontrados muertos, a finales del pasado mes de julio, en las proximidades de la localidad zamorana de Villafáfila.
En septiembre se conoció el primer foco en Castilla y León de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), en una explotación de gallinas ponedoras en la localidad vallisoletana de Olmedo. Tras ello, se fueron confirmando nuevos focos y casos gasta afectar a unas siete explotaciones de la zona. Una situación que obligó a la Junta a destinar 6,5 millones de euros para el sacrificio, limpieza y desinfección de las explotaciones afectadas por la gripe aviar.
Como tercera pata se encuentra la peste porcina, que saltó a la escena en las últimas semanas de 2025, cuando las opas exigieron un control de censos de jabalíes para la prevención y control de la peste porcina africana. Ante ello, la Junta de Castilla y León intensificó la caza de este animal para reducir su población en la Comunidad, especialmente en las zonas de producción de porcino, con el fin de evitar la transmisión de la peste porcina africana ante los casos positivos detectados en estos mamíferos silvestres en la provincia de Barcelona, y por si el virus llegase a detectarse en la Comunidad. Medida que las organizaciones agrarias celebraron con el fin de frenar ese “vector” de la peste porcina, aunque recordaron que la medida “llega con una década de retraso”.
PAC
La Política Agraria Común centró un año más la atención del sector, donde la Junta y las organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad unieron esfuerzos para pedir al Ministerio y a la Unión Europea una PAC, a partir de 2027, que mantenga un presupuesto “digno” y separado en dos pilares, apueste por el agricultor profesional, simplifique la burocracia y la condicionalidad reforzada, modifique las medidas medioambientalistas para que tengan un carácter incentivador y exija “reciprocidad” en los controles a los productos que proceden de terceros países, entre otras medidas.
Entre las prioridades de Castilla y León para la futura PAC post27, se enmarca la simplificación administrativa, la necesidad de incorporar jóvenes al campo y de priorizar a los agricultores profesionales, de mantener los principios de reciprocidad y los dos pilares que tiene actualmente en la PAC con un presupuesto que sea, al menos, el mantenido hasta ahora.
También fue año de protestas, donde las opas de la Comunidad, junto al campo español, se manifestó frente al Parlamento Europeo ante la propuesta de reforma de la PAC presentada por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, que supondrá su desaparición al dejar de ser “agraria y común”.
El campo de Castilla y León percibe en estos momentos de Europa un total de 1.200 millones de euros al año, de los que 950 proceden del primer pilar, y los 250 restantes del segundo pilar, el conocido como programa de desarrollo rural. “Lo primero es garantizar que no se recorte ni un euro los fondos que recibe Castilla y León, que ya es insuficiente para las necesidades de nuestra Comunidad. Y lo que estamos oyendo no es bueno, puede perjudicar justo a la agricultura y ganadería profesional, que es la que predomina en Castilla y León”, señalaron desde las opas.
Cosecha
Por otro lado, la Junta de Castilla y León cifró en 8,12 millones de toneladas la cosecha de cereal de la campaña 2024-2025. La consejera de Agricultura, María González Corral, y los responsables de las opas de Castilla y León coincidieron en destacar los “datos históricos” de la campaña de este año que dan rendimientos de 4.500 kilos por hectárea de media y un valor total a la cosecha de 1.535 millones de euros.
Todo ello da como resultado “una cosecha excepcional, la segunda mejor de los últimos 15 años”, tal y como la calificó González Corral, por conseguir un rendimiento superior en un 28 por ciento a la media de los últimos cinco años y en un 36 por ciento con respecto a la última década.
Pese a ello, las organizaciones profesionales agrarias advirtieron que la continuidad del sector cerealista en Castilla y León pasa por la imposiciones de aranceles a las importaciones de grano procedente de Ucrania o, en caso contrario, por el establecimiento de ayudas directas para los agricultores.
Explicaron que los precios del cereal están “en caída libre” y a pesar de las buenas previsiones de cosecha, la “desesperación” y “decepción” es generalizada y reclamó a las administraciones que no dejen caer a un sector que, en el caso de Castilla y León, es primordial para la agricultura.
En el caso de UCCL, quienes indicaron que, en el último año, España ha multiplicado por cinco las importaciones de cereal procedentes de Ucrania, pasando de dos a diez millones de toneladas, sin ningún tipo de arancel. Debido a esta entrada de grano y a la saturación del mercado, los precios se han desplomado a niveles de hace quince años, pasando de 350 euros por tonelada, a unos 200 euros.
