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El Ayuntamiento de León busca partidas de 'bajo impacto' en el gasto para recortar los 19 millones de euros que nunca llegarán a las arcas municipales

El equipo de gobierno municipal busca un plan de acción para aplicar recortas tras alertar Intervención de un desfase económico derivado de la anulación de recibos de la basura y de 6 millones en "ingresos ficticios"
El alcalde de León, José Antonio Diez, junto a Vicente Canuria, con David Fernández (PP) en segundo plano. Foto: Campillo
El alcalde de León, José Antonio Diez, junto a Vicente Canuria, con David Fernández (PP) en segundo plano. Foto: Campillo

El Ayuntamiento de León estudia cómo reducir cerca de 19 millones de euros de gasto municipal tras el último informe elaborado por la Intervención, que advierte de graves desequilibrios en las cuentas vinculados esencialmente a la tasa de recogida de residuos.

El documento señala que el Consistorio deberá ajustar alrededor de 13 millones de euros después de la anulación de las ordenanzas fiscales relacionadas con el servicio de basura, una situación que afecta al cobro de los recibos previstos para los ejercicios de 2025 y 2026. A esta cantidad se añaden otros seis millones correspondientes a lo que el órgano fiscalizador define como "ingresos ficticios", es decir, partidas presupuestadas sin respaldo real de recaudación.

La suma de ambas cantidades sitúa el agujero económico en torno a los 19 millones de euros y obliga al equipo de gobierno a replantear inversiones, contratos y proyectos previstos para los próximos meses. En esa línea hoy se buscan partidas de 'bajo impacto' que permitan aliviar esa carga económica y se ha pedido una revisión de todas las áreas municipales.

Intervención cuestiona el cobro de los recibos

El informe técnico entregado esta semana a los grupos municipales considera que la aplicación de la tasa en los próximos ejercicios podría no ajustarse a la legalidad tras las resoluciones judiciales que anularon la ordenanza fiscal aprobada por el Ayuntamiento.

La situación compromete una parte importante de los ingresos previstos por el área de Hacienda y obliga a adoptar medidas de contención del gasto para evitar un mayor deterioro financiero.

Fuentes municipales admiten que el ajuste afectará previsiblemente a actuaciones pendientes y obligará a revisar prioridades presupuestarias en distintas áreas de gestión.

La oposición eleva la presión sobre el gobierno local

La difusión del informe provocó una fuerte reacción de los grupos de la oposición, que cuestionan la gestión económica desarrollada por el equipo encabezado por el alcalde José Antonio Diez y por el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso.

El portavoz del Partido Popular, David Fernández, aseguró que el impacto económico puede comprometer proyectos municipales de gran volumen y acusó al gobierno local de mantener una política de gasto sin corregir el deterioro de las cuentas.

Desde la Unión del Pueblo Leonés, Eduardo López Sendino reclamó responsabilidades políticas tras conocer el contenido del documento de Intervención y calificó la situación de "fiasco" económico y administrativo.

Gastos pendientes y contratos en revisión

El ajuste económico coincide además con la continuidad de inversiones y adjudicaciones aprobadas en los últimos meses por el Ayuntamiento. La oposición sostiene que el Consistorio continuó autorizando gasto pese a conocer desde hace tiempo las advertencias técnicas sobre el desequilibrio financiero.

Entre las medidas recientes figura la contratación de una consultoría externa, por más de 218.000 euros, para redactar una nueva ordenanza de la tasa de basura adaptada a la normativa vigente y a los reparos detectados por los tribunales y por la Intervención municipal.

El reto de equilibrar las cuentas

El escenario obliga ahora al Ayuntamiento de León a definir un plan de ajuste para equilibrar el presupuesto y determinar qué inversiones podrán mantenerse y cuáles quedarán aplazadas o suspendidas.

Las advertencias del órgano interventor abren además un nuevo frente político en el Consistorio, donde el debate se centra ya en la capacidad del gobierno municipal para absorber el impacto económico derivado de la caída de ingresos y de las previsiones presupuestarias cuestionadas por los técnicos.