El Gobierno destina 500 millones para atención 24 horas a personas con ELA
El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprueba este martes una partida de 500 millones de euros destinada a reforzar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y garantizar cuidados continuos a personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de carácter irreversible y alta complejidad. La medida se enmarca en el desarrollo de la Ley ELA, aprobada hace justo un año, y responde a las demandas de pacientes y asociaciones que venían denunciando la ausencia de avances reales en la aplicación del texto legislativo.
Nace el Grado III+: atención continuada para los más vulnerables
Una de las principales novedades del real decreto es la creación del Grado III+ de dependencia, una categoría específica que reconocerá la necesidad de atención 24 horas al día para personas con enfermedades como la ELA, cuya progresión implica una dependencia total y cuidados especializados.
El encargado de presentar la medida será el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien ha defendido que el Gobierno “cumple en tiempo y forma” con la ley, y que esta reforma coloca a España "a la vanguardia de los derechos de las personas con enfermedades neurodegenerativas".
Respuesta política y social al abandono del sistema de dependencia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que esta inversión supone "un paso firme hacia un país que cuida", y ha recordado que bajo gobiernos anteriores se expulsó a más de 175.000 personas del sistema de dependencia. “Frente a los recortes del PP, el Gobierno progresista avanza tanto en financiación como en calidad del sistema”, escribió Sánchez en la red social X.
Organizaciones como la Plataforma de Afectados por la ELA han celebrado el anuncio, aunque insisten en la necesidad de que el dinero “llegue a tiempo” y no se quede en los entramados burocráticos de las comunidades autónomas. “Llevamos un año esperando esta dotación”, denunció recientemente su portavoz, María José Ariza, quien aseguró que muchos enfermos han fallecido sin haber recibido la atención que prometía la ley.
Semana intensa en el Congreso
La agenda parlamentaria también estará marcada esta semana por otros debates clave. En el Congreso de los Diputados, el Partido Popular defenderá una proposición no de ley que reclama una auditoría independiente sobre los fallos del sistema de pulseras antimaltrato del Sistema Cometa, tras varios casos de mujeres asesinadas pese a tener medidas de protección.
En paralelo, el Senado debatirá una moción presentada por el PSOE para blindar constitucionalmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, una propuesta que llega pocas semanas después de que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida, aprobara una moción de Vox que obliga a informar a las mujeres sobre un controvertido "síndrome postaborto", no reconocido científicamente.
Financiación y derechos en el centro del debate social
La aprobación del decreto sobre la Ley ELA y las demás iniciativas parlamentarias reflejan la creciente centralidad de las políticas sociales en la agenda del Gobierno. El desafío ahora, apuntan expertos en dependencia y salud pública, es asegurar que los fondos lleguen a los destinatarios finales y que los nuevos grados de atención no se diluyan entre competencias autonómicas y falta de personal especializado.
“El dinero es imprescindible, pero no suficiente. Sin coordinación efectiva y sin profesionales formados, estas medidas pueden quedarse en papel mojado”, advirtió el investigador Álvaro Pérez Castaño, del Instituto de Políticas Sociales Avanzadas (IPSA).
