El Gobierno amplía la concesión de la autopista de León a Astorga hasta 2055
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado el 20 de marzo de 2055 como la nueva fecha de finalización de la concesión administrativa de la autopista de peaje León-Astorga (AP-71), gestionada por la empresa Autopistas de León S.A. (Aulesa), del grupo Abertis. Así lo establece el real decreto aprobado el 24 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este cambio prolonga el régimen jurídico vigente, con las modificaciones incluidas en la nueva norma. De esta manera, se amplía también el periodo de financiación de la concesionaria, establecido originalmente en el artículo 11 del Real Decreto 309/2000, que adjudicó la infraestructura en febrero del año 2000.
Infraestructura con historia y baja demanda
La AP-71, antes conocida como A-12, fue inaugurada el 23 de diciembre de 2002 por el entonces ministro Francisco Álvarez-Cascos, tras una inversión de 115,2 millones de euros y 21 meses de obras. Con una longitud de 37,7 km, conecta la A-66 (salida 143) con la A-6 (salida 323) y cuenta con seis enlaces y un área de servicio en Robledo de la Valdoncina (kilómetro 3).
Pese a sus características, la vía registra una media diaria de apenas 4.000 vehículos, frente a los 10.000–20.000 de la N-120, que discurre en paralelo y absorbe gran parte del tráfico. En 2007 se añadió una circunvalación de 5,98 km que conecta con otras arterias clave de la región y costó 37 millones de euros.
Polémica por peajes, desvíos y accidentes
El uso de la autopista ha generado críticas desde diversos sectores. Entre ellas, destaca el coste elevado del peaje y su infrautilización, especialmente en comparación con la saturada N-120, donde entre 2011 y 2016 se registraron 622 accidentes con 8 fallecidos, 26 heridos graves y 217 leves.
En noviembre de 2017, el Ministerio de Transportes impuso un desvío obligatorio para camiones a la altura del km 32 de la N-120 con el fin de mejorar la seguridad. La medida incluyó bonificaciones de hasta el 75 % del peaje para vehículos con telepeaje y 71,2 % para el resto de los vehículos pesados tipo 2. El coste de esta ayuda fue compartido por la Junta de Castilla y León (60 %) y el Gobierno central (40 %).
Reacciones empresariales y locales
La medida no ha estado exenta de oposición. La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) rechaza el desvío si no se bonifica el 100 % del peaje. También la asociación Altradime ha pedido reuniones con el consejero de Fomento para abordar el impacto económico.
Asimismo, hosteleros y propietarios de gasolineras afectados denuncian una caída de hasta el 50 % en ventas de combustible y del 20 % en servicios de restauración, solicitando accesos adecuados que compensen la pérdida de tránsito.
