León superaría el millar de regularizaciones en el proceso abierto por el Gobierno
El proceso extraordinario de regularización aprobado por el Consejo de Ministros podría movilizar a más de 750.000 personas en toda España, de las que alrededor de 503.000 lograrían finalmente autorización de residencia y trabajo.
Estas cifras proceden de estimaciones elaboradas por la Fundación Ciudadanía Global, entidad que participó en el impulso de la iniciativa legislativa que ha servido de base para la medida.
Los cálculos apuntan a que aproximadamente dos de cada tres solicitudes serán aceptadas durante el periodo previsto, que se extenderá entre mediados de abril y finales de junio.
Impacto previsto en Castilla y León
En el caso de Castilla y León, la proyección sitúa en torno a 11.000 las personas que podrían regularizar su situación administrativa. Se trata de una estimación obtenida a partir de extrapolaciones estadísticas basadas en registros demográficos y estudios especializados, por lo que no responde a cifras oficiales cerradas.
Dentro de la comunidad, la provincia de León podría concentrar ligeramente por encima de un millar de estos expedientes, siguiendo la distribución territorial de población extranjera en situación irregular.
Datos orientativos basados en estudios demográficos
Las previsiones difundidas por la Fundación Ciudadanía Global se apoyan en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y en análisis sobre población en situación irregular desarrollados por distintas organizaciones.
A partir de estas fuentes, se realiza una aproximación al volumen potencial de solicitantes, teniendo en cuenta también el flujo anual estimado de personas que pasan a una situación administrativa irregular en España.
Desde la entidad se advierte de que estos datos deben interpretarse como orientativos, ya que el fenómeno carece de registros exactos y depende de múltiples variables.
Desigual reparto territorial de la regularización
El grueso de las solicitudes se concentrará en las comunidades con mayor población y actividad económica. Cataluña y la Comunidad de Madrid encabezan las previsiones, seguidas por Andalucía y la Comunidad Valenciana, que en conjunto podrían aglutinar cerca del 70% de los expedientes favorables.
En contraste, Castilla y León se situaría en un grupo intermedio en volumen de regularizaciones, lejos de los territorios con mayor densidad de población extranjera, pero por encima de otras comunidades con menor peso demográfico.
Un proceso con margen de rechazo significativo
Las estimaciones apuntan a que cerca de un tercio de las solicitudes podrían ser denegadas, en línea con las previsiones manejadas por el propio Ejecutivo. Este porcentaje responde a los requisitos exigidos para acceder a la regularización, que limitarán el número final de autorizaciones concedidas.
En este contexto, las cifras previstas tanto para León como para el conjunto de Castilla y León deben entenderse como una aproximación estadística elaborada a partir de los registros y estudios de la Fundación Ciudadanía Global, y no como un recuento definitivo del alcance real del proceso.
