El PP atribuye al Gobierno el cambio para ampliar la ESO en Primaria
El Partido Popular de León ha señalado al Gobierno central como la administración competente para modificar la normativa que regula la impartición de 1º y 2º de la ESO en colegios de Educación Primaria, una reivindicación trasladada en los últimos meses por familias y asociaciones de madres y padres.
La formación popular respondió así a las críticas formuladas por el PSOE sobre esta cuestión educativa y recordó que la actual regulación estatal limita esta posibilidad.
El Real Decreto, en el centro del debate
La procuradora leonesa María José Álvarez explicó que el marco legal vigente viene determinado por el Real Decreto 132/2010, que establece que los centros de Educación Secundaria Obligatoria deben impartir los cuatro cursos completos de esta etapa educativa.
Según la representante popular, esta disposición impide que, con carácter ordinario, los colegios de Primaria puedan ofrecer únicamente 1º y 2º de la ESO, salvo en situaciones excepcionales ya autorizadas.
Reunión con las AMPAS
Desde el PP recuerdan que esta cuestión ya fue abordada el pasado mes de febrero en una reunión mantenida con representantes de las AMPAS.
En aquel encuentro, según la formación política, se trasladó a las familias el compromiso de estudiar posibles soluciones excepcionales para algunos centros de la provincia, más allá de los tres casos existentes actualmente.
Compromiso para trasladar la petición
La diputada nacional Silvia Franco también mostró entonces su disposición a trasladar esta demanda a la Vicesecretaría de Educación del partido, dirigida por Jaime de los Santos, con el objetivo de analizar una eventual modificación de la normativa estatal.
Los populares insisten en que cualquier cambio generalizado debe aprobarse en las Cortes Generales al tratarse de legislación de ámbito nacional.
Debate sobre el modelo educativo rural
La posibilidad de mantener los primeros cursos de la ESO en colegios de Primaria se ha convertido en una reivindicación recurrente en zonas rurales, donde muchas familias consideran que evitaría desplazamientos tempranos del alumnado a institutos ubicados en otras localidades.
El debate enfrenta desde hace meses a administraciones y grupos políticos sobre las competencias y el alcance de la regulación educativa vigente.
