El PP carga contra Diez y le acusa de gobernar "a espaldas del Pleno" por la Zona de Bajas Emisiones
El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, ha valorado este martes la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia 2 de León, que considera “otro varapalo judicial para José Antonio Diez”.
El fallo recoge el “vicio de nulidad de pleno derecho por falta de competencia material del órgano y omisión total del procedimiento” en relación con los bandos de Alcaldía utilizados para justificar peatonalizaciones en calles del centro de la ciudad.
Según Fernández, la resolución ratifica además la paralización cautelar dictada en junio de 2025 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Nulidad de los bandos y vulneración de derechos
El portavoz popular ha subrayado dos claves de la sentencia. Por un lado, la jurídica: “El juez declara los bandos de la Alcaldía como nulos de pleno derecho por ser un procedimiento totalmente diferente al que se debería haber utilizado”, que, según ha indicado, debía ser la aprobación de una ordenanza en el Pleno.
Asimismo, destaca la “omisión total de procedimiento administrativo”, lo que, a su juicio, supone “una clara vulneración de derechos tanto a los ciudadanos como a los concejales”, al impedir su participación en la actividad política municipal.
Críticas a la gestión del alcalde
En el plano político, Fernández ha acusado al alcalde de mantener “una manera de actuar cesarista y despótica”, que sitúa “al margen de la ley”. Además, ha asegurado que el Partido Popular ya advirtió de la posible ilegalidad de estas decisiones cuando se adoptaron.
El portavoz ha comparado esta forma de gobernar con la del presidente del Gobierno: “Lo mismo que el presidente gobierna a espaldas del Parlamento, Diez utiliza los bandos para esquivar a los grupos políticos presentes en la Corporación”.
Advertencias ignoradas y recursos rechazados
Fernández ha afirmado que el alcalde “sabía que estaba actuando de manera ilegal” y que trató de evitar la sentencia mediante distintos argumentos jurídicos, como la falta de legitimidad de los concejales populares o la pérdida de objeto del caso tras aprobarse una ordenanza posterior, cuestiones ambas rechazadas por el juez.
También ha recordado que el PP acudió al Procurador del Común, cuyo dictamen fue favorable a sus tesis.
“Un patrón preocupante” con consecuencias
El portavoz popular ha denunciado la existencia de “un patrón, ya habitual” en la gestión municipal basado en “la toma de decisiones de manera improvisada” y “procedimientos administrativos ilegales”.
Según ha concluido, esta forma de actuar tiene consecuencias directas para la ciudadanía: “Coste económico y falta de seguridad jurídica”, especialmente en ámbitos como la movilidad urbana en los últimos meses.
