El tiempo

El Supremo pide a la Fiscalía de León analizar la legalidad del peaje del Huerna si hay obras

El tribunal estudia si mantener los 15,60 euros pese a las restricciones desde noviembre de 2024 vulnera derechos de los usuarios, tras una iniciativa del exdiputado Daniel Ripa
Imagen de la autopista del Huerna AP-66, clave en la unión entre León y Asturias.
Imagen de la autopista del Huerna AP-66, clave en la unión entre León y Asturias.

El Tribunal Supremo ha remitido a la Fiscalía de León la documentación relativa al peaje de la AP-66, conocida como el Huerna, para estudiar si cobrar la tarifa completa —15,60 euros— mientras se mantienen obras que afectan a la circulación puede ser contrario a la normativa de defensa de los consumidores.

La actuación se produce después de que la Fiscalía General del Estado enviara al alto tribunal el escrito que presentó el pasado 3 de noviembre el exdiputado de Podemos Daniel Ripa, ahora portavoz de la plataforma ciudadana Peaje Huerna No.

Una petición basada en la sentencia de la AP-9

Ripa solicita que se impulsen acciones que permitan devolver el importe del peaje a todos los usuarios que hayan transitado por la autopista desde noviembre de 2024, cuando comenzaron las intervenciones en los túneles y las obras asociadas al argayo próximo a Pola de Lena.

El 14 de noviembre, la Fiscalía trasladó su escrito al Supremo para que evaluara “los datos aportados” y las “posibles actuaciones”. Tras examinar la documentación, el tribunal lo envió a la Fiscal Jefa de León con el fin de determinar si procede actuar en defensa de los usuarios.

La iniciativa se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo relativa a la AP-9 gallega. En ese caso, el alto tribunal avaló la resolución del Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, que ordenó reembolsar a los conductores afectados por obras. Aunque la Audiencia Provincial había revocado el fallo, el Supremo lo ratificó posteriormente.

Obras prolongadas y tarifas intactas

El Huerna acumula meses de trabajos tanto en los túneles como en el entorno del argayo, pero Aucalsa, la concesionaria, no ha aplicado rebajas en el precio.

El caso comparte antecedentes con el procedimiento que afectó a la AP-9 y que derivó de un expediente de infracción abierto por la Comisión Europea a raíz de las ampliaciones de ambas infraestructuras. En Galicia, la concesionaria Audasa —del mismo grupo empresarial que Aucalsa— ha habilitado un cuestionario en su web para que los conductores identifiquen sus trayectos y reclamen la devolución.

Posibles efectos para miles de conductores

Si finalmente la Fiscalía de León considera que procede iniciar actuaciones y estas prosperan en los tribunales, miles de usuarios asturianos y castellano-leoneses que utilizan a diario el Huerna podrían acogerse a una eventual devolución. El movimiento judicial añade presión a un debate que ya es político: el Principado de Asturias ha reclamado en numerosas ocasiones la supresión del peaje en el marco del Corredor Atlántico.