Tanto empresarios como transportistas activan la vía legal para tumbar de forma efectiva la prórroga del peaje del Huerna
Las organizaciones empresariales y del transporte, esencialmente las vinculadas a la vertiente asturiana, han dado un paso decisivo para intentar poner fin al peaje del Huerna, una infraestructura considerada estratégica en la conexión por carretera entre León y Asturias. La iniciativa busca la nulidad de pleno derecho de la prórroga de la concesión de la autopista AP-66, al entender que su mantenimiento limita de forma estructural el desarrollo económico y logístico del noroeste peninsular.
La ofensiva jurídica está encabezada por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), acompañada por cinco asociaciones representativas del transporte de viajeros y mercancías por carretera. El movimiento se dirige directamente contra la decisión adoptada por el Consejo de Ministros que, mediante el Real Decreto 302/2000, amplió la concesión de la autopista sin un nuevo proceso de adjudicación.
El Huerna, eje clave entre León y Asturias
El peaje del Huerna es uno de los principales corredores de comunicación entre la Meseta y la cornisa cantábrica. Su supresión, sostienen los promotores de la iniciativa, sería determinante para multiplicar y fortalecer el enlace viario entre León y Asturias, favoreciendo el tránsito de mercancías, la movilidad laboral y el intercambio económico entre ambos territorios.
Desde esta perspectiva, el mantenimiento del peaje se interpreta como un factor que penaliza la competitividad empresarial y genera un sobrecoste continuado para las compañías que operan en Asturias, en comparación con otras regiones que cuentan con accesos gratuitos en sus principales vías de salida.
Solicitud de nulidad y posible vía judicial
La acción emprendida plantea la nulidad de pleno derecho de la prórroga concesional, una figura jurídica que permite invalidar un acto administrativo desde su origen cuando existen vicios graves. Los empresarios y transportistas argumentan que la ampliación del plazo alteró de forma sustancial las condiciones iniciales de la concesión y que, conforme a la normativa europea, habría requerido una nueva licitación pública.
El impulso de Asturias
La petición ya ha sido registrada ante el Consejo de Ministros, que dispone de un plazo máximo de seis meses para pronunciarse. En caso de rechazo o silencio administrativo, las organizaciones promotoras prevén recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa para continuar el proceso.
Marco europeo y respaldo institucional
Este movimiento se produce en paralelo al procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España por una posible vulneración de las normas comunitarias de contratación pública relacionadas con la prórroga del peaje. Una eventual resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría reforzar la estrategia legal impulsada desde Asturias.
El Gobierno del Principado valora de forma positiva la implicación del tejido empresarial, al considerar que refuerza el consenso social e institucional existente en torno a la eliminación del peaje. La revisión de oficio solicitada por la administración autonómica permanece pendiente de resolución en el Ministerio de Transportes, mientras el Ejecutivo regional mantiene abierta la posibilidad de recurrir a los tribunales si no se obtiene una respuesta ajustada a derecho.
Una reivindicación histórica con impacto territorial
La ofensiva legal de empresarios y transportistas se suma a otras iniciativas ya activadas en distintos ámbitos administrativos y judiciales. Todas ellas comparten un objetivo común: poner fin a un peaje considerado histórico y determinante para el desarrollo económico de Asturias y para consolidar una conexión viaria fluida, competitiva y sin barreras entre León y el Principado.