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El Supremo ordena prisión provisional para Ábalos y Koldo García por un “riesgo de fuga extremo”

Ábalos ingresa en prisión por el riesgo de fuga apreciado por el juez.
El magistrado Leopoldo Puente decreta su ingreso inmediato en la cárcel al considerar insuficientes las medidas cautelares vigentes y ante la inminencia del juicio por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas

El Tribunal Supremo decidió este jueves enviar a prisión provisional sin fianza al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares —encabezadas por el PP— en el conocido caso Koldo.

El magistrado Leopoldo Puente justifica la decisión en un “riesgo de fuga extremo” y en la existencia de indicios “más que suficientes” de la comisión de delitos graves vinculados a las adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia.

Pese a que ambos se encontraban sometidos a retirada de pasaporte y comparecencias quincenales, el juez concluye que estas medidas ya no bastan para garantizar su presencia en el juicio. Con esta resolución, Ábalos se convierte en el primer diputado en activo que ingresa en prisión mientras mantiene su escaño, hecho del que Puente comunicará formalmente a la presidencia del Congreso.

Tres elementos clave para el encarcelamiento

Puente detalla en su auto tres episodios que elevan el riesgo de fuga:
Procesamiento previo
El pasado 3 de noviembre, el juez procesó a Ábalos y a Koldo García por su papel en el supuesto amaño de contratos de material sanitario durante la pandemia.
Altas peticiones de pena
Posteriormente llegaron los escritos de acusación:
Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para García.
Las acusaciones populares elevan la petición hasta los 30 años para cada uno.
Juicio inminente por aforamiento
El magistrado recuerda que, debido a la condición de diputado de Ábalos, el juicio podría celebrarse “en apenas unos meses”. Por ello, considera que la prisión provisional será de duración limitada.

Las defensas alegan arraigo y ausencia de intención de fuga

Durante la vista celebrada este jueves, la defensa de Ábalos advirtió que su entrada en prisión vulneraría “el derecho de participación política” de sus votantes. El propio exministro insistió en su arraigo y en la imposibilidad económica de escapar: “No tengo a dónde ir”, afirmó.

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, recordó que su cliente tiene una hija menor, circunstancia que —aseguró— hace “impensable” que pretenda eludir la acción de la justicia.
Ninguno de estos argumentos modificó la decisión final del juez, que subraya que Ábalos dispone de “recursos suficientes” para fugarse y mantiene contactos “internacionales”.

Ambos acudieron al Supremo con mochilas, conscientes de que podrían abandonar la sede judicial en un furgón rumbo a prisión.

Un giro respecto a la postura inicial del juez y la Fiscalía

Hasta ahora, Puente y el fiscal jefe de Anticorrupción consideraban que las medidas cautelares impuestas —retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias periódicas— eran adecuadas.
Sin embargo, la evolución procesal ha cambiado el escenario.

Nuevas piezas y acusaciones

El 23 de septiembre, el magistrado dividió el caso en dos partes: La trama de las mascarillas, ya prácticamente lista para juicio y la investigación sobre supuestos amaños en contratos de obra pública, que afecta también a Santos Cerdán y permanece en fase temprana.

El auto de procesamiento del 3 de noviembre y los escritos de acusación endurecieron la valoración del riesgo de fuga.

Acusaciones por delitos graves y multas millonarias

El fiscal Alejandro Luzón atribuye a Ábalos delitos de organización criminal, cohecho continuado, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, reclamando también multas superiores a 3,75 millones de euros.

Para Koldo García, el Ministerio Público solicita condenas por organización criminal, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, con una petición total de 19 años y medio.

Las acusaciones populares van más lejos y les imputan 14 delitos, por los que piden 30 años de prisión para cada uno.