Cerredo, desde dentro: la comisión del accidente constata contradicciones
El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios del Principado, David Villar, ha defendido en sus comparecencia la labor de la guardería de Medio Natural en la comisión parlamentaria que investiga el accidente de la mina de Cerredo.
Villar rechazó que exista “descoordinación” en este servicio centenario, aunque admitió que, como ocurre en toda la administración, “existe ese margen de mejora”. Destacó además que los agentes actúan como autoridad y comparten un fuerte compromiso con la sociedad.
Avisos ignorados
La comisión abrió sus trabajos con la comparecencia de agentes del Medio Natural y de responsables de Montes y Custodia del Territorio. Entre las pruebas presentadas figura el testimonio del guarda José Manuel Carral, que en varias ocasiones informó de indicios de actividad irregular en la explotación de Cerredo. En 2022 alertó de la presencia de carbón en el sexto piso de la mina, circunstancia vinculada después a la extracción ilegal de la compañía Combayl, y meses antes del siniestro de este año señaló la ocupación irregular de monte público en el tercer piso.
Esos avisos, según se expuso, fueron trasladados por la vía ordinaria al servicio de Montes y a la dirección general de Minas, que concluyó que no había actividad ilegal. Villar aseguró no haber tenido constancia directa de esas advertencias, que ahora conoce a través de las actas elevadas por el propio agente.
Críticas a la gestión interna
Las comparecencias pusieron de manifiesto discrepancias sobre el funcionamiento de la guardería. Algunos agentes aseguraron que las órdenes reguladoras de su actividad estaban derogadas, extremo que fue corregido después por un coordinador. También se revelaron diferencias de criterio respecto al valor de las actas de inspección y sobre la tramitación de las denuncias.
Los grupos políticos presentes, a excepción del PSOE, coincidieron en calificar la situación como un “desorden” y una muestra de “confusión” en el servicio. Los diputados reconocieron que necesitaron varias sesiones para entender con claridad el recorrido administrativo que siguen los informes de los agentes.
La versión de Prendes
El exdirector general de Infraestructuras Rurales y Montes, Fernando Prendes, señaló que en su etapa no tuvo noticia de denuncias vinculadas a la mina de Cerredo ni de actividad extractiva alguna. Indicó que su gestión se limitó a la revocación de la concesión de monte público a Astur Leonesa en 2020 y a la autorización para que Combayl utilizase un terreno con el fin de depositar maquinaria. “No era competencia de mi departamento comprobar si esa maquinaria servía para extraer carbón ni verificar los cambios en la titularidad de los derechos mineros”, explicó.
La incógnita de los “contactos de alto nivel”
Tanto Villar como Prendes negaron haber tenido relación con el empresario Jesús Rodríguez Morán, propietario del conglomerado que mantenía la titularidad de la mina. Sin embargo, en las actas levantadas por el agente Carral aparece la referencia a unos supuestos “contactos de alto nivel” a los que Morán habría aludido para restar importancia a las sospechas. La identidad de esos interlocutores sigue siendo una de las incógnitas que la comisión pretende esclarecer.