El CTR de San Justo tendrá capacidad para cinco millones de toneladas de desechos industriales
El Boletín Oficial de Castilla y León publica este miércoles la orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba el Proyecto Regional Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos de San Justo de la Vega (León).
Objetivos del proyecto
El objeto del mismo, según se detalla en el Bocyl, es plantear una solución económicamente ventajosa para la gestión de residuos industriales no peligrosos para las empresas de Castilla y León, plantear una solución a la gestión de residuos de construcción y demolición tras el cierre progresivo de vertederos ilegales y contribuir a la descarbonización y al logro de los objetivos de España en materia de generación de energías renovables.
También se afirma que se pretende generar beneficios medioambientales derivados de la reducción del porcentaje de residuos enterrados, reduciendo el riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas y contribuir al desarrollo de la economía local, mediante una alta tasa de creación de empleo de larga duración y calidad en un proyecto sólido económica y financieramente.
Un proyecto y cinco claves
La Junta de Castilla y León ha declarado el macrovertedero como Proyecto Regional, una figura legal que lo convierte en iniciativa de utilidad pública e interés social. Esto acelera su tramitación y limita la capacidad de oposición legal por parte de ayuntamientos, vecinos o asociaciones, permitiendo incluso la ocupación urgente de terrenos.
La instalación podrá albergar y enterrar hasta tres millones de toneladas de residuos industriales —peligrosos y no peligrosos— durante al menos dos décadas. Los residuos peligrosos (cenizas, escombros no reciclables...) se gestionarán en vasos específicos con una capacidad anual de 55.000 toneladas.
El nuevo complejo se construirá en el municipio leonés de San Justo de la Vega, junto al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román, para integrarse en el sistema de gestión de residuos de la provincia. La superficie total del proyecto supera las 135 hectáreas, incluyendo zonas industriales, de acopio y arboladas.
El proyecto recibió 458 alegaciones en su tramitación pública. Además, un informe técnico inicial del Servicio de Residuos de la propia Junta fue muy crítico, cuestionando la necesidad, la validez de los datos y el riesgo de importar residuos peligrosos de otras comunidades. Pese a ello, se reformuló y recibió el visto bueno ambiental.
La empresa promotora, Valorización Verde SA, está vinculada al empresario Macario Fernández, también responsable de Asturiana de Laminados, actualmente con graves problemas financieros. Fernández ha protagonizado otros proyectos industriales inacabados, como Latem Aluminium. Esto genera incertidumbre sobre la viabilidad y solvencia del proyecto a largo plazo.
Distribución del espacio
El proyecto incluye una zona de servicios generales de 5,6 hectáreas y el conjunto de zonas destinadas al desarrollo de la actividad ocupa un total de 69,6 hectáreas sobre las que se encuentran los vertederos y planta de tratamiento de residuos, una zona para el acopio de material de excavación de 14,8 hectáreas y una zona arbolada de 50,6 destinada a albergar masas forestales. Toda la instalación está enlazada a través de un eje viario de conexión que interrelaciona las distintas áreas entre sí.
Ecologistas en Acción, que se opone al proyecto desde su inicio y que ha presentado alegaciones, recuerda que se contempla la construcción de dos nuevos vertederos con capacidad para cinco millones de toneladas de residuos industriales, de las que un millón serán residuos peligrosos.
Modificaciones tras alegaciones
El promotor tuvo que modificar la propuesta inicial como consecuencia del informe desfavorable del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Junta, lo que provocó la desaparición del vertedero de residuos de construcción y demolición. Se mantienen con la misma capacidad, prolongando su vida útil, los de residuos industriales no peligrosos RINP (mínimo 25 años) y peligrosos RIP (mínimo 15 años), según detalla el colectivo conservacionista, que añade que se estima que podrán entrar anualmente al recinto 11.578 toneladas de los residuos de construcción y demolición más peligrosos y tóxicos, los materiales que contienen amianto.
