Culmina la restauración de las grandes minas de León tras invertir casi 68 millones
La restauración ambiental de tres de las mayores explotaciones de carbón a cielo abierto de la provincia de León ya es una realidad. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha dado por concluidas las actuaciones desarrolladas en la Gran Corta de Fabero, Igüeña y Torre-Villagatón, unos trabajos que han supuesto una inversión cercana a los 68 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos NextGenerationEU.
En conjunto, los proyectos han permitido recuperar ambientalmente más de 1.100 hectáreas degradadas por la actividad minera y preparar estos espacios para nuevos usos vinculados al ocio, la educación y la actividad agroforestal.
Recepción de las actuaciones
La directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras, y la directora general de Infraestructuras y Economía Circular de la Junta de Castilla y León, Cristina Frías, participaron este martes en el acto de recepción de las obras ejecutadas en el municipio de Igüeña, una intervención que ha contado con una subvención de 19,6 millones de euros.
A esta actuación se sumará este miércoles la recepción oficial de la restauración de la Gran Corta de Fabero, considerada en su momento la mayor explotación de carbón a cielo abierto de Europa y que ha recibido una financiación de 36,7 millones de euros.
Por su parte, la restauración de las antiguas explotaciones de Torre-Villagatón, ubicadas entre los municipios de Torre del Bierzo y Villagatón, fue recepcionada en diciembre de 2025 tras una inversión de 11,5 millones de euros.
Recuperación ambiental y nuevos espacios
El ITJ explica que las actuaciones han supuesto "una profunda rehabilitación ambiental de las áreas degradadas", mediante trabajos de remodelación del terreno, recuperación de cauces y drenajes, mejora de la calidad de las aguas, desmantelamiento de antiguas infraestructuras mineras y clausura de bocaminas que suponían un riesgo para la seguridad.
Los proyectos también han incluido labores de revegetación mediante hidrosiembra y plantación de especies autóctonas, con hasta catorce variedades diferentes de árboles, además de programas de gestión de residuos y vigilancia ambiental.
Junto a la recuperación del entorno, los terrenos han quedado acondicionados para albergar nuevos usos que favorezcan la actividad económica y social de las comarcas mineras. Entre ellos figuran la construcción de senderos, accesos, aparcamientos y circuitos para bicicletas de montaña, la instalación de miradores y paneles interpretativos con códigos QR, así como la musealización de fósiles hallados durante las obras.
Las actuaciones también contemplan la rehabilitación de refugios y apriscos para el ganado, la construcción de colmenares tradicionales de piedra destinados a proteger las colmenas frente a los osos y la recuperación de elementos del patrimonio minero, además del acondicionamiento de naves para uso vecinal.
Generación de empleo
El Ministerio destaca que estos tres proyectos han tenido un importante impacto laboral durante los cerca de cuatro años de ejecución de las obras. Según el ITJ, los trabajos "han mantenido una media anual superior a 200 puestos de trabajo".
De ese total, 116 empleos correspondieron a personas inscritas en la Bolsa de Trabajo de la Minería del Instituto para la Transición Justa. En varios casos se trataba de antiguos trabajadores de las explotaciones ahora restauradas, una circunstancia que, según el organismo, ha permitido combinar la recuperación ambiental de los terrenos con la creación de nuevas oportunidades laborales para las personas afectadas por el cierre de la minería del carbón.
Coordinación entre administraciones
El Instituto para la Transición Justa ha financiado las actuaciones y presidido las comisiones de seguimiento del convenio suscrito con la Junta de Castilla y León, encargadas de supervisar la ejecución de los proyectos y el cumplimiento de los objetivos vinculados a los fondos europeos.
La ejecución material de las obras ha correspondido a la Junta de Castilla y León mediante un encargo a la empresa pública Tragsa, mientras que la dirección de obra ha sido asumida por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).
