Las familias de los mineros de Cerredo reclaman 1,07 millones de euros al Principado
La reclamación económica presentada por las familias de cuatro de los cinco trabajadores que murieron en la explosión de grisú de la mina de Cerredo el 31 de marzo de 2025 supera ya el millón de euros. Según adelantó este domingo La Nueva España, los expedientes abiertos ante el Principado cuantifican provisionalmente en 1.074.130,39 euros la indemnización solicitada, aunque las cantidades podrían modificarse durante la tramitación administrativa y la investigación judicial.
Los procedimientos están promovidos por los allegados de Jorge Carro André, Rubén José Souto Robla, Amadeo Augusto Bernabé Castelao y David Álvarez Núñez. Los cuatro expedientes son independientes, pero comparten una misma línea argumental: la posible existencia de un "funcionamiento anormal" de los servicios públicos encargados de inspeccionar y controlar la actividad minera.
Una reclamación que supera el millón
La representación legal de las cuatro familias corre a cargo de la abogada leonesa Beatriz Llamas. Las cantidades reclamadas no son idénticas, ya que cada expediente tiene en cuenta las circunstancias personales, familiares y económicas de cada fallecido.
Jorge Carro André dejó pareja y un hijo menor de dos años; Rubén José Souto Robla convivía con su pareja; Amadeo Augusto Bernabé Castelao estaba casado y no tenía hijos, mientras que David Álvarez Núñez murió con 33 años sin cónyuge ni descendencia.
La suma de las cuatro solicitudes asciende actualmente a 1.074.130,39 euros. Se trata, no obstante, de una valoración inicial. Los escritos dejan abierta la posibilidad de incorporar nuevas cantidades en función de los daños que puedan acreditarse, así como de actualizar conceptos pendientes.
Entre ellos figura el lucro cesante, cuya cuantificación definitiva todavía no está cerrada en algunos de los expedientes. También podrán añadirse otros daños patrimoniales o emergentes que queden acreditados durante la instrucción.
El foco de la reclamación: qué ocurrió en una mina en cierre
Según adelantó este domingo La Nueva España, la tesis de las familias parte de una cuestión central: la explotación de Cerredo se encontraba en "fase de cierre y clausura" y la resolución dictada en noviembre de 2023 había ordenado expresamente el "cese de la producción de carbón".
A juicio de los reclamantes, ese marco administrativo impedía que continuaran las labores extractivas. Sin embargo, las actuaciones realizadas después del accidente permitieron localizar en el tercer piso de la explotación, conocido como Mangueiro, distintos indicios de actividad minera.
Entre los elementos encontrados figuraban dos huecos realizados mediante labores de deshulle, maquinaria, sistemas de sostenimiento, equipos destinados al arranque y evacuación del mineral y distintas instalaciones vinculadas a la ventilación y al aire comprimido.
El Servicio de Minas concluyó que en ese espacio se habían desarrollado trabajos de deshulle y evacuación. Para las familias, este hallazgo resulta determinante porque apuntaría a que se estaba extrayendo carbón en una explotación que oficialmente ya no podía producir.
Inspecciones y advertencias antes de la tragedia
La reclamación patrimonial no atribuye a los funcionarios la capacidad de haber anticipado específicamente la explosión, sino que cuestiona si los mecanismos de vigilancia disponibles fueron suficientes para detectar una actividad que, según la tesis de las familias, no estaba permitida.
Los reclamantes recuerdan que los técnicos del Servicio de Minas habían realizado varias inspecciones en Cerredo y que una de ellas tuvo lugar aproximadamente seis meses antes del siniestro. También señalan que existían antecedentes administrativos relacionados con trabajos desarrollados en la explotación.
A ello añaden dos elementos que consideran relevantes: una denuncia vecinal y un escrito presentado por la empresa Promining en marzo de 2025, poco antes de la explosión, en el que se advertía de la existencia de actividades que consideraba irregulares.
La cuestión que plantean ahora las familias es si esos antecedentes, unidos a las inspecciones efectuadas, debieron haber permitido detectar las labores extractivas que posteriormente fueron localizadas.
El grisú y las condiciones de seguridad, en el centro del debate
La presencia de grisú constituye uno de los elementos fundamentales de la investigación sobre el accidente que acabó con la vida de cinco trabajadores.
La tesis de las familias vincula la extracción no autorizada con una serie de riesgos inherentes a la actividad minera, entre ellos la presencia de gas, las condiciones de ventilación y el desarrollo de trabajos en una explotación que se encontraba oficialmente en proceso de cierre.
El procedimiento de responsabilidad patrimonial se desarrolla paralelamente a la investigación judicial, en la que figuran como investigados el empresario leonés Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como "Chus Mirantes", su esposa y su hijo, además del ingeniero de la explotación.
Los reclamantes consideran que una eventual responsabilidad de los responsables de la explotación no impediría que pudiera existir también responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica si finalmente se acredita un funcionamiento deficiente de los servicios públicos de inspección.
Cuatro expedientes que siguen abiertos
La reclamación ante el Principado continúa pendiente de resolución. Las familias mantienen abiertos los cuatro procedimientos y han respondido también a los requerimientos efectuados por la Administración para completar la documentación.
Precisamente esta fase de la tramitación ha generado otro frente de controversia. El Principado llegó a advertir de que la falta de subsanación de determinados requerimientos podía llevar a considerar que los interesados desistían de sus solicitudes.
La representación de las familias sostiene que parte de esas comunicaciones administrativas se apoyaban en un error: algunos documentos que la Administración consideraba ausentes sí habían sido registrados electrónicamente. Los abogados tuvieron que acreditar nuevamente su presentación.
Por ello, los escritos remitidos al Ejecutivo autonómico solicitan que se considere cumplido el trámite "íntegramente y en tiempo y forma" y que los procedimientos continúen su curso "sin que proceda declaración de desistimiento".
La reclamación económica, por tanto, permanece abierta tanto en su cuantía como en su recorrido administrativo. Los 1,07 millones de euros representan la valoración actualmente planteada por cuatro familias que buscan que se determine si, además de las posibles responsabilidades derivadas de la explotación minera, existió también una responsabilidad patrimonial de la Administración por la vigilancia ejercida sobre Cerredo antes de la tragedia.
