Industria moviliza 28 millones para que ayuntamientos y diputaciones contraten a desempleados
El Servicio Público de Empleo de la Consejería de Industria y Comercio ha aprobado la convocatoria de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos de municipios y a las diputaciones provinciales de Castilla y León para la realización de obras y servicios de interés general y social por parte de desempleados (Planiel 2026), que cuenta con una partida de 28 millones de euros, según recogió hoy el Boletín Oficial de Castilla y León.
La convocatoria permitirá la formalización de aproximadamente 2.400 contratos. No obstante, como en el anterior ejercicio, el presupuesto podrá ampliarse hasta el 100 por cien en función de las disponibilidades presupuestarias y el número de solicitudes.
11.667 euros por cada puesto de trabajo
La cuantía de la subvención se establece en 11.667 euros por cada puesto de trabajo a jornada completa, por un periodo de 180 días; y el número de contratos subvencionables por entidad estará en función del número de habitantes. Así, en municipios de menos 1.000 habitantes, se financian dos contratos a jornada completa (o cuatro a jornada parcial al 50 por cien); en municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes, cuatro contratos a jornada completa; y en municipios de más de 5.000 habitantes y diputaciones provinciales diez contratos a jornada completa.
120 días, como mínimo
Los contratos vinculados a esta convocatoria deberán tener una duración mínima de 120 días y el periodo subvencionable de las contrataciones será el comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2027. Los destinatarios de los contratos deben ser personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el ECyL, preferentemente mayores de 45 años, parados de larga duración, mujeres o personas con discapacidad.
Las entidades interesadas disponen de un plazo de un mes, a partir de mañana, para presentar sus solicitudes de forma telemática. La valoración de las solicitudes se realizará en régimen de concurrencia competitiva, teniendo en cuenta criterios como el número de desempleados en la zona, el tipo de entidad y el grado de integración laboral de personas con discapacidad.
