La investigación sobre el accidente mortal en la mina de Cerredo incorpora la pista de un posible sabotaje
La instrucción abierta por la explosión registrada el 31 de marzo en la mina de Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña, suma un nuevo elemento que amplía el foco de la investigación. El suceso, que costó la vida a cinco mineros y provocó heridas a otros cuatro, está siendo analizado por el Juzgado de Instancia de Cangas del Narcea, bajo la dirección de la jueza Marta Ruiz, con varios responsables de la explotación ya investigados.
Según informa El Comercio, además de los indicios iniciales centrados en una presunta extracción irregular de carbón sin las garantías de seguridad exigidas, los investigadores han incorporado recientemente un escrito anónimo que plantea la posibilidad de que el accidente no fuera fortuito.
Investigados y primeras sospechas
En la causa figuran como investigados el empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido en el sector como Chus Mirantes, su esposa Ana María Rodríguez, su hijo Adrián Rodríguez y el director facultativo de la mina, José Antonio Fernández Casillas. Las primeras diligencias se apoyaron en los testimonios de los supervivientes, que detallaron prácticas de explotación al margen de la normativa vigente.
La carta anónima
El nuevo giro surge a raíz de una comunicación recibida el 16 de enero por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil. El remitente, que pidió mantener el anonimato por temor a represalias, apuntó a un conflicto empresarial previo como posible detonante de los hechos, sugiriendo una acción deliberada para causar un incidente grave en la explotación.
Conflictos en el sector del carbón
El escrito relaciona la tragedia con el enfrentamiento entre Rodríguez Morán y el empresario leonés Victorino Alonso, histórico magnate del carbón con intereses en las cuencas de Fabero y Toreno. Alonso había expuesto ese conflicto meses antes en una comisión parlamentaria de investigación, donde situó el origen del choque en disputas por la extracción de mineral en zonas limítrofes.
Hipótesis técnica bajo análisis
La misiva iba acompañada de un esquema técnico que señalaba una posible alteración del sistema de ventilación de la mina mediante la introducción de gas propano en el calderín, el depósito encargado de canalizar el aire comprimido al interior de la galería. Especialistas en seguridad minera consultados por los investigadores consideran que una intervención de ese tipo requeriría conocimientos avanzados y podría generar condiciones extremadamente peligrosas.
Actuación de la Guardia Civil
Ante esta información, agentes del Laboratorio de Criminalística se desplazaron la semana pasada a la bocamina de Cerredo para inspeccionar el calderín, según adelanta El Comercio. La actuación se realizó en presencia de Adrián Rodríguez, administrador de la sociedad Blue Solving, titular de la explotación, con el fin de garantizar los derechos procesales. Debido al tamaño y peso del dispositivo, los técnicos optaron por precintarlo y recoger muestras mediante hisopos en las zonas de entrada y salida de aire.
Próximos pasos
Tras recibir el informe preliminar, la jueza Marta Ruiz ha ordenado a la Guardia Civil que continúe con las diligencias necesarias para esclarecer si existió manipulación externa y cómo encaja esta hipótesis con las responsabilidades ya investigadas. La causa, aún en fase de instrucción, se perfila como una de las más complejas de los últimos años en el ámbito de la minería asturiana.