Una memoria con apenas 54 páginas reactivó la mina de Cerredo
Un documento de 66 páginas, de las cuales 12 eran simples portadas o secciones en blanco, fue suficiente para que la Dirección General de Minas autorizase un Proyecto de Investigación Complementario en la mina de Cerredo, en el concejo de Degaña, en la que perdieron la vida los mineros leoneses Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez.
La iniciativa, promovida por la empresa Blue Solving, abría la puerta a la extracción de hasta 60.000 toneladas de carbón en una explotación que, según la normativa europea, debía estar inactiva desde 2018 por haber recibido ayudas públicas al cierre.
Pese a la exigencia de justificación técnica rigurosa, la memoria apenas detallaba aspectos relevantes del trabajo que se pretendía realizar y se limitaba a justificar la continuación de galerías existentes en el primer piso de la mina.
Un único firmante: redactor y visador del informe
El informe fue elaborado por José Antonio Fernández Casillas, ingeniero facultativo de la mina, quien además lo visó como secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas. Esta doble condición —autor y validador— ha generado inquietud entre expertos del sector por la ausencia de una revisión técnica independiente. La falta de controles cruzados en un procedimiento que afecta a la seguridad laboral y a la legalidad de las operaciones extractivas plantea interrogantes sobre la actuación de las administraciones competentes.
Una autorización en entredicho tras la muerte de cinco trabajadores
El documento fue aceptado por la Dirección General de Minas y dio lugar a una autorización oficial. No obstante, el contexto ha cambiado de forma radical tras la explosión del pasado 31 de marzo en esa misma explotación, en la que murieron cinco mineros. Desde entonces, el caso está siendo investigado tanto por la vía judicial como administrativa, y se ha puesto en duda el proceso que permitió continuar las labores en una mina formalmente clausurada.
Según una información publicada por La Nueva España, la memoria presentada por la empresa apenas concretaba los métodos de trabajo ni detallaba cómo se garantizaría la seguridad de las galerías que se pretendía seguir explotando.
La mina debía permanecer cerrada desde 2018
De acuerdo con la normativa europea, las explotaciones carboníferas que hayan recibido ayudas públicas al cierre no pueden reanudar su actividad. En este caso, la mina de Cerredo fue beneficiaria de dichas ayudas en 2018, lo que hace incompatible cualquier tipo de reactivación, incluso bajo el pretexto de una investigación técnica.
Las autoridades comunitarias podrían exigir explicaciones si se confirma que la documentación presentada encubría una actividad minera regular, incumpliendo los compromisos de cierre. El caso ha reabierto el debate sobre la fiscalización de las ayudas al sector y los mecanismos de control en explotaciones con antecedentes de siniestralidad.