El silencio de Chus Mirantes ante la comisión del accidente minero de Cerredo
La comisión parlamentaria de la Junta General del Principado que investiga el accidente mortal de la mina de Cerredo (Degaña) vivió este martes una de sus sesiones más esperadas. Ante los diputados compareció el empresario minero Jesús Rodríguez Morán, conocido en el sector como Chus Mirantes, señalado como una figura central en el entramado empresarial vinculado a la explotación donde, en marzo de 2025, fallecieron cinco trabajadores leoneses.
Tal y como se preveía, la comparecencia estuvo marcada por el silencio. Con una investigación judicial en curso y bajo secreto de sumario, Rodríguez Morán optó por no contestar a ninguna de las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios.
“Es una tragedia que nos ha marcado profundamente”
Acompañado por su abogado, Luis Tuero, Mirantes abrió su intervención con la lectura de un breve texto. En él expresó su “respeto” a la comisión y trasladó su “más profundo dolor” a las familias de los fallecidos, a quienes definió como “amigos”. “Es una tragedia que nos ha marcado profundamente”, afirmó, subrayando a continuación su compromiso con “esclarecer los hechos”.
El empresario aseguró además que, una vez se levante el secreto de las actuaciones judiciales, estará “a su disposición para aportar toda la información necesaria”.
En el siniestro de la mina de Cerredo perdieron la vida David, Jorge, Rubén, Amadeo e Ibán, tras una explosión de grisú mientras, presuntamente, se realizaban labores de extracción ilegal de carbón.
Interpelaciones duras desde los escaños
Aunque Mirantes no respondió, sí escuchó una a una las preguntas y valoraciones de los diputados. El portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, fue especialmente crítico y llegó a calificarle de “cobarde” y “mala persona”.
Desde Vox, Gonzalo Centeno le planteó si asumía algún tipo de responsabilidad política y apuntó que, en caso de responsabilidad patrimonial de la Administración, las víctimas podrían recibir mayores indemnizaciones que si el responsable empresarial se declara insolvente. “Esto es para dilucidar responsabilidades políticas. ¿Usted no lo es, no?”, le espetó.
La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, le recordó en un momento dado que tenía derecho a contestar. Fue entonces cuando Rodríguez Morán rompió brevemente su silencio para decir: “Con ganas me quedo, pero no responderé a ninguna”.
Un entramado empresarial bajo la lupa
Rodríguez Morán figura como apoderado de Combayl, sociedad en la que su esposa, Ana María Rodríguez García, consta como administradora. Esta empresa adquirió los derechos mineros de Cerredo, antigua explotación vinculada a Victorino Alonso y posteriormente a Rodolfo Cachero, y afectada por el cierre impuesto por la Unión Europea en 2018.
Combayl obtuvo permiso del Principado para retirar chatarra y acopios, pero en 2022 se produjo un accidente mortal en un camión cargado de carbón. Los inspectores autonómicos determinaron que el mineral procedía de una extracción ilegal en el piso sexto de la mina.
Tras ese suceso, la explotación fue vendida a Blue Solving, empresa a nombre de Adrián Rodríguez Rodríguez, hijo de Chus Mirantes. La nueva sociedad recibió otro permiso para retirar chatarra y acopios y tramitó un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para extraer hasta 60.000 toneladas de carbón como prueba industrial, pese a la orden de cierre. Ese proyecto nunca llegó a activarse.
El 31 de marzo de 2025, en el piso tercero, donde solo estaba autorizada la retirada de chatarra, se produjo la explosión de grisú que acabó con la vida de cinco trabajadores. Posteriormente, el Principado constató que también allí se estaba extrayendo carbón sin autorización.
El lenguaje del silencio
Aunque no hubo respuestas verbales, varios diputados comentaron al finalizar la sesión la abundancia de gestos y expresiones no verbales del empresario: asentimientos, negativas con la cabeza, miradas al techo y gestos de extrañeza que acompañaron a muchas de las preguntas. Un silencio cargado de significado en una investigación que sigue abierta y que mantiene en vilo a las familias de las víctimas y al sector minero asturiano.