CCD ve irregularidades en el cobro del agua en San Andrés del Rabanedo
El grupo Centristas (CCD) en San Andrés del Rabanedo ha denunciado lo que califica como “desorden e incoherencias graves” en la gestión del padrón de tasas por suministro de agua y alcantarillado correspondiente al primer trimestre de 2026, al detectar una posible descoordinación en los plazos administrativos del proceso de cobro.
La formación sostiene que la información publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP número 103, de 2 de junio de 2026) refleja una secuencia temporal que, de confirmarse, resultaría anómala en la gestión tributaria municipal.
El cobro antes de la aprobación del padrón
Según los datos recogidos en el propio anuncio oficial, el periodo de pago voluntario de los recibos se establece entre el 6 de mayo y el 6 de julio de 2026. Sin embargo, la aprobación de los padrones fiscales por parte de la Junta de Gobierno Local no se habría producido hasta el 26 de mayo de 2026.
Para CCD, esta coincidencia implica que el procedimiento de recaudación podría haberse iniciado antes de que el padrón estuviera formalmente aprobado, lo que, a su juicio, “evidencia un desorden administrativo difícil de justificar” y plantea dudas sobre la correcta secuencia del trámite.
Críticas a la gestión municipal
La formación considera “inaceptable” que la gestión de un servicio básico como el agua pueda presentar este tipo de contradicciones administrativas. A su entender, esta situación afecta directamente a la seguridad jurídica de los vecinos y a la confianza en la administración local.
El portavoz de CCD en San Andrés del Rabanedo, Juan Carlos Fernández, ha reclamado explicaciones al equipo de gobierno de la UPL para aclarar si se trata de un error en la publicación del BOP o de una posible irregularidad en el procedimiento seguido.
Revisión de los procedimientos
Desde la formación centrista se anuncia además la intención de solicitar una revisión urgente de los protocolos de elaboración, aprobación y publicación de los padrones fiscales, con el objetivo de evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.
El grupo insiste en que no se trata de una cuestión menor, sino de un asunto que afecta al funcionamiento básico de la gestión tributaria municipal y a la garantía de transparencia en la recaudación de tasas.
