Centristas denuncia irregularidades en la licitación de un camión de basura en San Andrés del Rabanedo
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Centristas San Andrés del Rabanedo ha solicitado este viernes explicaciones al concejal delegado de Medio Ambiente y Contratación, Alejandro Calvo Corrales, por la reciente convocatoria del contrato para la adquisición de un camión recolector de residuos sólidos urbanos (RSU), cuyo importe asciende a 272.361,10 euros.
Según la formación, este nuevo expediente “vuelve a poner en duda la transparencia y el rigor administrativo del Ayuntamiento”, que —recuerdan— ya acumula antecedentes por irregularidades en procesos públicos, como ofertas de empleo “paralizadas o anuladas por resolución judicial”.
Una técnica de Deportes habría redactado el pliego técnico
El grupo municipal denuncia que el pliego de prescripciones técnicas habría sido elaborado por una funcionaria del área de Deportes, lo que consideran “una práctica improcedente y carente de la cualificación técnica necesaria” para una materia como la de maquinaria de limpieza viaria y gestión de residuos.
“No es lo habitual ni lo procedente que un técnico del área de Deportes sea el encargado de redactar las prescripciones técnicas para la adquisición de un camión recolector de basura en una administración pública”, afirman desde Centristas. “Esta situación genera dudas razonables sobre la validez y objetividad del procedimiento”.
El contrato, que contempla un vehículo recolector-compactador con carga lateral y un plazo de entrega de diez meses, se ha licitado en un lote único, aunque desde la oposición instan a anular el proceso y reiniciarlo con la intervención de personal técnico cualificado.
Posibles vulneraciones legales y riesgo de impugnación
El portavoz de Centristas, Juan Carlos Fernández, advierte de que el caso podría derivar incluso en “un posible conflicto de interés o un supuesto de prevaricación administrativa” si se confirmara la falta de competencia profesional en la elaboración del pliego.
Entre los aspectos que —según el grupo— agravan la situación, destacan la falta de especialización, la posible vulneración del principio de transparencia y el riesgo de impugnación del contrato. “La Ley de Contratos del Sector Público exige que las prescripciones técnicas sean elaboradas por personal con competencia acreditada”, subrayan.
Las empresas competidoras, añaden, podrían recurrir la licitación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que “podría llegar a anular el contrato si se acreditan las irregularidades”.
“Se debe garantizar una gestión profesional y transparente”
Desde Centristas, Fernández concluye que “no se trata solo de cumplir la ley, sino de garantizar una gestión responsable, transparente y profesional de los recursos municipales”.
“Las decisiones deben tomarse con criterios técnicos y no administrativos ajenos a la materia”, sostiene el portavoz, que insiste en que su formación “seguirá fiscalizando la acción del equipo de Gobierno para asegurar la correcta gestión del dinero público”.
