San Andrés suma tres años sin tasa de residuos y agrava un agujero de tres millones
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo vuelve a cerrar el año con la tasa de residuos sin actualizar, una situación que se repite por tercer ejercicio consecutivo y que ya tiene un impacto directo y cuantificable en las arcas municipales: tres millones de euros no ingresados desde tres ejercicios. La última oportunidad para corregir esta deriva volvió a frustrarse en el Pleno municipal, donde ni siquiera se llegó a debatir el contenido de la ordenanza.
El motivo fue, una vez más, la falta de apoyos para declarar la urgencia del expediente, un trámite imprescindible para que la modificación pudiera someterse a votación sin pasar previamente por comisión informativa. El resultado mantiene el servicio de recogida y tratamiento de residuos en una situación financiera insostenible.
Tasa obligatoria por ley
La actualización de la tasa no es una cuestión discrecional. La normativa estatal obliga a los ayuntamientos a que el coste del servicio de basuras sea autosuficiente, es decir, que lo que pagan los vecinos cubra el importe real de la recogida y el tratamiento de los residuos. En San Andrés, ese equilibrio no existe.
El Ayuntamiento abona cada año a la Diputación de León —a través del sistema provincial de residuos— una cantidad muy superior a la que recauda, al mantenerse unos precios públicos desfasados. Al no aprobarse la ordenanza, el Consistorio deja de girar el recibo y pierde en torno a un millón de euros anuales, una cifra que se suma a ejercicios anteriores y convierte el problema en estructural.
Bloqueo
En la última sesión plenaria, los grupos de PP, PSOE, Vox e IU votaron en contra de la urgencia, mientras que UPL, Ciudadanos y la concejala no adscrita se posicionaron a favor. La suma fue insuficiente para superar el primer filtro y la propuesta volvió a quedar guardada en un cajón.
El equipo de Gobierno, encabezado por la alcaldesa Ana Fernández Caurel, defendía que el expediente había sido revisado y completado, incorporando informes técnicos y económicos, así como modificaciones solicitadas por la oposición en anteriores debates fallidos. Sin embargo, los grupos contrarios insistieron en que el problema no es técnico, sino político.
Las pedanías
El principal punto de fricción sigue siendo el impacto de la tasa en las juntas vecinales de Trobajo del Camino, San Andrés del Rabanedo, Villabalter y Ferral. La propuesta municipal incluía una ayuda directa de 14.000 euros para compensar el pago anual que tendrían que asumir las pedanías, con importes que oscilarían entre 611 y 2.085 euros según el caso.
Además, el Ayuntamiento ha avanzado en la regularización de deudas históricas, con la prescripción ya aplicada de cerca de 485.000 euros a favor de las juntas vecinales. Aun así, la oposición considera que estas medidas no garantizan la viabilidad económica de las entidades locales y reclama un convenio específico que blinde su financiación antes de aprobar la tasa.
Consecuencias
Más allá del debate político, la falta de ingresos tiene efectos inmediatos. El millón que no se recauda cada año debe salir de otras partidas municipales, lo que limita la capacidad de inversión y de mantenimiento de servicios básicos. Además, el incumplimiento reiterado de la normativa puede derivar en advertencias, sanciones o un mayor control por parte del Ministerio de Hacienda, que ya supervisa de cerca la situación financiera del municipio.
El escenario es especialmente delicado en un Ayuntamiento que arrastra dificultades para aprobar presupuestos y cerrar liquidaciones en plazo, lo que reduce su margen de maniobra.
La gestión a dos velocidades
Mientras el municipio avanza en desarrollos urbanísticos como los sectores SUNC-21 y SUNC-23, la gestión administrativa permanece bloqueada en uno de sus asuntos más sensibles. Tres años después del primer intento, la tasa de residuos sigue sin aprobarse y sin fecha clara de resolución.
Con el calendario agotado y el ejercicio 2026 comprometido, San Andrés del Rabanedo afronta un nuevo año con el mismo problema sin resolver: un servicio obligatorio que cuesta cada vez más, unos ingresos que no llegan y una fractura política que impide salir del círculo vicioso en el que el Ayuntamiento lleva instalado demasiado tiempo.
