El Consejo insta a San Andrés a corregir su gestión al rebasar el límite de deuda municipal
El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León, presidido por Mario Amilivia, ratificó este miércoles tres nuevos informes de fiscalización, con lo que mantiene la previsión de cerrar el ejercicio 2025 con un total de 22 trabajos aprobados.
Los informes aprobados corresponden al análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de Soria, a la fiscalización de la cuenta general del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) del ejercicio 2023 y a la revisión de los expedientes justificados con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) de ese mismo año.
El Ayuntamiento de Soria obtiene un índice de cumplimiento global del 61 por ciento en los controles básicos del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), lo que le sitúa en el nivel 2 de madurez (19 puntos por debajo del nivel 3, que implica procesos definidos y estandarizados). El Consejo recomienda implantar una estrategia a largo plazo, dotar de más recursos al Servicio de Sistemas y Tecnologías de la Información, aprobar la normativa pendiente y realizar autoevaluaciones periódicas. Con este informe solo queda pendiente el análisis de ciberseguridad del Ayuntamiento de Zamora para completar la revisión de todas las capitales de provincia de la Comunidad.
Situación San Andrés del Rabanedo
La fiscalización detecta que el tercer municipio más poblado de la provincia de León supera el límite de endeudamiento del 110 por ciento, no dispone de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada (la última plantilla data de 2020) y presenta serias carencias en la gestión recaudatoria, hasta el punto de que no fue posible analizar por completo la eficacia de la recaudación por falta de datos desglosados. El Consejo formula once recomendaciones, entre ellas la aprobación urgente de la RPT, la reorganización del servicio de Recaudación y el cumplimiento íntegro del Plan de ajuste vigente.
El Consejo concluye que todos los expedientes revisados cumplen la legalidad: los gastos son de inversión, se corresponden con los proyectos aprobados y están correctamente contabilizados. Castilla y León recibió 17 millones de euros (un 4 por ciento del total nacional), siete comunidades recibieron más recursos y solo dos menos. El 40 por ciento de la asignación regional se destinó a infraestructuras sanitarias, el 28 por ciento a educativas, el 19 por ciento a agrarias y el 13 por ciento a viarias.
El presidente Mario Amilivia presentará el próximo lunes en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el Plan de Fiscalizaciones para 2026, que contempla 18 informes. Entre ellos destacan la fiscalización de la contabilidad electoral (con vistas a las elecciones autonómicas de marzo), una auditoría operativa sobre la Receta Electrónica y otra sobre la política de vivienda de los entes locales, además del seguimiento de las recomendaciones emitidas en 2025.
