CCOO ve a la ULE en una situación económica crítica y hará movilizaciones ante los recortes
CCOO ha mostrado su rechazo al "Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional" aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de León (ULE) y ha advertido de que responderá con firmeza si las medidas previstas suponen un deterioro de las condiciones laborales de la plantilla o afectan a la calidad de la enseñanza.
El sindicato sostiene que el documento ha salido adelante "sin que haya sido negociado" y considera que su tramitación se ha realizado con una rapidez que contrasta, a su juicio, con la falta de presión institucional para reclamar una mayor financiación a la Junta de Castilla y León.
Además, subraya que la aprobación "no ha sido unánime y demuestra la oposición existente al propio plan de recortes por una parte importante de la comunidad universitaria".
La financiación, en el centro del conflicto
Desde CCOO Enseñanza y la sección sindical en la ULE consideran que el principal origen de la situación económica de la universidad se encuentra en la insuficiente financiación autonómica.
En este sentido, afirman que "el Plan reconoce como principal causa del problema económico la asfixia económica por infrafinanciación de la Junta, pero no contempla ninguna hoja de ruta, propuesta ni medida para presionar a la Consejería a cumplir con la ley", una situación que resumen asegurando que existe "tibieza con la Junta y contundencia con las trabajadoras y trabajadores de la ULE".
El sindicato recuerda que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) fija unos objetivos de financiación que, en su opinión, no se están cumpliendo en Castilla y León.
También cuestiona la gestión económica
Junto a las críticas dirigidas a la Administración autonómica, CCOO también pone el foco en la gestión realizada por la propia Universidad de León.
El sindicato sostiene que los 58 millones de euros de remanente disponibles no se utilizaron de manera adecuada y considera que determinadas inversiones han contribuido a agravar la situación financiera de la institución.
Según expone, "afrontar infraestructuras de una magnitud innecesaria e hipotecando financieramente a la ULE, y la poca claridad sobre el destino de parte de esos 58 millones de euros no parecen avalar una gestión económica responsable", al tiempo que rechaza que las consecuencias recaigan ahora sobre la plantilla.
Advertencia a la Rectora
CCOO asegura haber trasladado en distintas ocasiones a la rectora la necesidad de liderar una respuesta institucional para exigir a la Junta el cumplimiento de sus obligaciones en materia de financiación universitaria.
Entre las medidas planteadas figura la convocatoria del Consejo de Universidades de Castilla y León, la reunión de la Mesa Sectorial de Universidades y el impulso de actuaciones institucionales y jurídicas.
El sindicato afirma que "en ese camino, nos van a encontrar a su lado para defender a la Universidad Pública", pero lanza una advertencia si la respuesta pasa por reducir gastos mediante ajustes laborales: "en caso contrario, para aplicar recortes en la Universidad de León, que supongan el empeoramiento de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, y pongan en riesgo la calidad académica y las oportunidades del alumnado, nos van a encontrar en frente con toda la firmeza y contundencia".
Otros conflictos abiertos
La organización sindical recuerda que el desacuerdo con la Universidad de León no se limita al nuevo plan económico. Entre los asuntos pendientes cita la supresión del premio de jubilación del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), los desacuerdos sobre la carrera horizontal, distintas reclamaciones relacionadas con complementos salariales y el bloqueo de la negociación de los convenios colectivos del Personal Docente e Investigador laboral y del PTGAS laboral.
Sobre este último asunto, CCOO ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por considerar que se han vulnerado derechos fundamentales.
El secretario general de CCOO Enseñanza, Víctor Bejega, sostiene que la situación supone "un suma y sigue en el deterioro de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la ULE", un escenario que, a su juicio, responde tanto a la insuficiente financiación autonómica como a un modelo universitario que se aleja "de los puramente académicos y sociales".