Colectivos en defensa del medio rural reclaman a las juntas vecinales su 'no' a macrogranjas y biogás
Varias asociaciones, plataformas y colectivos vinculados a la defensa del medio rural leonés aprovecharon la celebración del Gran Concejo para trasladar a los representantes de las juntas vecinales su preocupación por distintos proyectos que, a su juicio, pueden generar un fuerte impacto sobre el territorio.
La movilización tuvo lugar este sábado, 12 de septiembre, coincidiendo con la convocatoria realizada por la Diputación de León en el Museo de los Pueblos Leoneses, donde estaban llamados los representantes de las más de 1.200 juntas vecinales existentes en la provincia.
Entre los participantes se encontraba la recién constituida Plataforma Salvemos la Montaña Leonesa, que quiso hacer llegar a los pedáneos un mensaje de alerta ante lo que considera una acumulación de iniciativas con consecuencias potencialmente negativas para el medio rural.
Biogás, macrogranjas y centros de datos
Los colectivos sitúan entre sus principales preocupaciones diferentes proyectos e infraestructuras que se plantean en territorio leonés. En su relación incluyen plantas de biogás, macrogranjas, explotaciones de fosfatos, instalaciones de biomasa, pantanos reversibles y centros de datos.
Desde la plataforma consideran que este conjunto de iniciativas responde a un modelo de desarrollo que puede terminar convirtiendo determinadas zonas rurales en una "Tierra de sacrificio".
Su crítica se dirige también a las distintas administraciones que intervienen en la planificación y autorización de estos proyectos. Los colectivos cuestionan que inversiones financiadas con fondos públicos puedan terminar favoreciendo principalmente a compañías privadas mientras los territorios donde se implantan asumen sus efectos ambientales y sociales.
Reparto de información a los pedáneos
Los representantes de las organizaciones participantes permanecieron en las inmediaciones del museo durante la llegada de los asistentes al Gran Concejo. Según explican, inicialmente se produjo un desencuentro con la dirección del recinto en torno al desarrollo de la concentración.
Finalmente, los participantes continuaron con su acción informativa en el exterior. Distribuyeron trípticos entre los representantes de las juntas vecinales y otras personas que se acercaron hasta la zona, mientras mostraban pancartas con sus reivindicaciones.
La protesta se desarrolló, según la organización, manteniendo una actitud de "respetuoso silencio", con el objetivo de aprovechar la presencia de los representantes de las entidades locales menores para trasladarles directamente sus planteamientos.
El papel de las juntas vecinales
La reivindicación no se limita al rechazo de determinados proyectos. Los colectivos quieren reforzar el papel de las juntas vecinales como instituciones próximas a los habitantes de los pueblos y reclaman que ejerzan activamente sus competencias en defensa de los intereses de sus vecinos.
La Asociación EslaVIDA, cuyo presidente y portavoz es Gonzalo Fernández-Valladares García, sostiene que estas entidades deben mantener como prioridad la mejora de las condiciones de vida en los núcleos rurales y participar ante aquellas actuaciones que puedan afectar a sus territorios.
Desde esta perspectiva, los promotores de la movilización consideran que las juntas vecinales no deberían mantenerse al margen de los conflictos derivados de proyectos impulsados por otras administraciones.
Una petición directa a la Diputación
El movimiento también reclama una mayor implicación de la Diputación de León. Los colectivos consideran que la institución provincial debe ejercer una función de intermediación entre las juntas vecinales y otras administraciones cuando surjan iniciativas que puedan afectar a los pueblos.
En su opinión, la Diputación no debería justificar una posible falta de actuación apelando a la distribución de competencias. Reclaman, por el contrario, una posición activa ante los proyectos que puedan generar impactos sobre el territorio.
La crítica se extiende a los diferentes gobiernos provinciales, independientemente de su orientación política, a los que los promotores atribuyen una respuesta insuficiente ante determinadas problemáticas del medio rural.
Un leonesismo ligado a la gestión
El comunicado plantea también una reivindicación de carácter político e institucional. Los colectivos defienden que el "leonesismo" no debería circunscribirse a las actividades culturales o a la defensa de las tradiciones, sino que tendría que traducirse en decisiones concretas relacionadas con la gestión del territorio.
En este sentido, reclaman una política provincial orientada especialmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes, donde se concentra buena parte del espacio rural leonés.
La petición pasa por que la Diputación participe de forma directa en la defensa de los pueblos frente a actuaciones promovidas por otras administraciones y que, según denuncian estas organizaciones, pueden entrar en conflicto con las necesidades de las comunidades locales.
El Gran Concejo sirvió así como escenario para poner sobre la mesa un debate que los colectivos consideran cada vez más urgente: qué modelo de desarrollo debe aplicarse en la provincia y qué papel deben desempeñar las juntas vecinales y la Diputación en la defensa del territorio y de sus habitantes.