El reverso de la transición energética: poder, relato y territorio

Nos lo están vendiendo como un relato limpio: transición, futuro, energía verde. Todo encaja mientras no te detengas demasiado. Pero si uno se queda un segundo más de la cuenta, empiezan a verse las costuras. El caso Forestalia no es solo una suma de posibles irregularidades o de expedientes discutibles. Es otra cosa más incómoda: un lugar donde observar cómo se ordena hoy el poder sin necesidad de levantar la voz. No a golpes, sino con precisión. Y no es un caso aislado. Salvando las distancias, en nuestra comunidad aparecen dinámicas que recuerdan a lo mismo, con estructuras como Somacyl funcionando bajo lógicas parecidas. La ley, la técnica, el dinero y el relato no van por separado; se entrelazan. Y en ese cruce es donde se decide de verdad.

El llamado caso Forestalia no es solo un posible episodio de irregularidades administrativas o ambientales, sino algo más revelador: un espacio donde observar cómo se configuran hoy los sistemas de poder mediante la combinación de ley, técnica, dinero y relato. No actúan por separado, sino entrelazados, generando un resultado: la capacidad de orientar decisiones sin necesidad de imponerse. Y al compararlo con estructuras como Somacyl en Castilla y León, emerge un patrón que va más allá de nombres concretos: una forma de gobernar lo público desde la opacidad. Estamos ante un laboratorio real donde se ensayan formas de control invisible. Produciendo un resultado mucho más profundo: la concentración de poder.

Uno de los mecanismos más reveladores es casi invisible: la capacidad de adaptar la norma sin tocarla del todo. No hace falta romperla si puedes moldearla. Fragmentar proyectos para cambiar quién decide, reinterpretar informes ambientales, jugar con los tiempos administrativos

En el fondo, a estas estructuras les da bastante igual el modelo energético del que tanto se habla. No hay aquí un plan serio de modernización ni una reflexión honesta sobre cómo adaptarse a un futuro con menos energía fósil disponible, no hay aquí una preocupación sincera sobre que energías utilizar para mitigar los efectos del cambio climático. Suena a eso, pero no va de eso. Más bien parece otra cosa: una carrera por captar fondos europeos, por colocar proyectos, por mover dinero en circuitos donde siempre aparecen los mismos nombres. El discurso verde funciona como envoltorio, como coartada incluso, mientras las decisiones reales se toman con otra lógica. Y en medio, estas estructuras operan como herramientas útiles: ordenan, canalizan, facilitan. No para pensar el futuro, sino para aprovechar el presente.

Uno de los mecanismos más reveladores es casi invisible: la capacidad de adaptar la norma sin tocarla del todo. No hace falta romperla si puedes moldearla. Fragmentar proyectos para cambiar quién decide, reinterpretar informes ambientales, jugar con los tiempos administrativos. Todo dentro de un margen formalmente correcto. Pero no es lo mismo para todos. Lo que para unos resulta inviable, para otros acaba encontrando su camino. Aquí, en León, incluso se ha ido un paso más allá: casos como el de la planta de calor de Ponferrada, impulsada por Somacyl, con sentencia judicial de cierre sobre la mesa y aun así funcionando, muestran hasta qué punto la ley puede ser ignorada sin demasiado ruido cuando encaja mal en ciertos intereses. La ley deja de ser ese límite claro que parecía y pasa a comportarse como algo más elástico, más negociable de lo que admitiríamos en voz alta.

Y luego está ese nivel menos evidente, el que no suele aparecer en titulares: decidir qué avanza y qué no. Qué expediente se mueve, cuál se enfría, en qué condiciones se da luz verde. Ahí es donde el asunto se vuelve delicado. No tanto por el dinero, que es lo visible, sino por algo más difícil de señalar: el control de los procesos. No hace falta saltarse ninguna norma si puedes gestionar cómo se aplica, qué información circula y cuál se queda fuera. Y en ese desplazamiento, lo que se diluye no es solo el control sobre los recursos o el entorno, sino la capacidad de la gente para enterarse y, llegado el caso, intervenir. Lo verdaderamente revelador de la estructura no está únicamente en las cifras, en las posibles comisiones o en la venta de proyectos millonarios. Está en otra dimensión más difícil de detectar: la capacidad de moldear decisiones. El verdadero valor reside en controlar los procesos que determinan qué se aprueba, qué se rechaza y bajo qué condiciones. Los expedientes ambientales, los informes técnicos y la asignación de proyectos se convierten en herramientas de poder. No hace falta quebrar la ley de forma evidente; basta con controlar la información, el acceso a ella y su interpretación. El dinero es la consecuencia visible; el poder es la causa invisible

No es solo una cuestión de jerarquía, es de diseño. Casos como Somacyl lo dejan bastante claro: pueden certificar proyectos que ellos mismos impulsan, cerrando el círculo sin necesidad de salir fuera.

Este modelo ya no se parece al de la corrupción de manual. No funciona con sobres chabacanos, No necesita gestos bruscos ni ilegalidades evidentes. Funciona mejor siendo discreto. Acumula información, ordena procedimientos, fija marcos de decisión sin que apenas se note. Los técnicos siguen ahí, sí, pero ya no son el centro de gravedad. La estructura es la que marca el relato y empuja la aplicación de la ley, apoyándose en perfiles mucho más manejables, prescindibles si hace falta, que acaban ejerciendo un poder que en realidad no les pertenece. No es solo una cuestión de jerarquía, es de diseño. Casos como Somacyl lo dejan bastante claro: pueden certificar proyectos que ellos mismos impulsan, cerrando el círculo sin necesidad de salir fuera. La norma no desaparece, pero se vuelve flexible en las manos adecuadas. Y la técnica, que debería poner límites, termina funcionando dentro de un guion que ya venía escrito. No falta conocimiento; es que llega ya encauzado.

Si uno abre un poco más el plano, el patrón aparece con bastante claridad en estructuras como Somacyl. Bajo una apariencia de eficiencia técnica, concentra decisiones estratégicas en espacios muy reducidos y poco accesibles. No es tanto lo que hace, sino cómo lo hace: centralizando procesos, marcando ritmos y definiendo de antemano el marco en el que todo se mueve. Y ahí se percibe algo más difícil de señalar: los proyectos no llegan tanto como respuesta a un interés general construido desde el territorio, sino ya orientados, encajados en una lógica previa donde algunos encajes parecen repetirse con demasiada frecuencia. Cambia la forma, pero el resultado se reconoce enseguida. El territorio recibe proyectos, sí, pero casi nunca interviene en por qué son esos y no otros.

La eficiencia visible ayuda a que todo encaje sin demasiadas preguntas. Redes de calor, parques eólicos, plantas de biomasa… símbolos claros de modernización. Cuesta discutir eso sin parecer que uno está en contra del progreso. Y ahí hay algo de trampa. Porque mientras lo visible legitima, lo importante circula por debajo: quién decide, dónde, para quién. Esa misma estructura, además, va tejiendo algo más reconocible de lo que parece: un entramado clientelar donde no hay un proyecto energético serio, pensado para los límites que vienen, sino una red orientada a captar fondos europeos y repartirlos dentro de círculos bastante previsibles. Resulta difícil no verlo cuando quienes sostienen este modelo son, en muchos casos, los mismos actores políticos que niegan la urgencia de una transición renovable o siguen apostando, sin demasiados matices, por alargar el sistema fósil. La contradicción no es menor. La democracia no desaparece, pero se vuelve más ligera, menos densa. Sigue funcionando, aunque ya no pese lo mismo. Desdibujada por un marco donde lo importante no es el bien común, si no mantener esa red clientelar. 

La pregunta importante, entonces, no es solo qué ha pasado, sino qué lo hace posible. Cómo están repartidas la información, las responsabilidades, los flujos de dinero. Cuando todo eso se acumula, el sistema deja huecos por donde se cuelan estas dinámicas.

Lo más inquietante es que estas dinámicas no dependen de un momento político concreto. No se apagan con un cambio de gobierno ni con una investigación puntual. Se reacomodan. Cambian de forma, de sector, de lenguaje. Por eso cuesta señalarlas como algo aislado: tienen más de sistema que de excepción. Por eso, más que episodios aislados, deben leerse como síntomas de una tendencia: la concentración progresiva de la capacidad de decisión en estructuras difíciles de supervisar. La convergencia entre administración, empresa y finanzas genera modelos capaces de sobrevivir a las coyunturas, porque su lógica está integrada en el funcionamiento mismo del sistema.

Comparar Forestalia con Somacyl no es meter todo en el mismo saco, pero sí sirve para intuir una tendencia. Dos caminos distintos que llegan a un sitio parecido: concentrar capacidad de decisión en espacios reducidos y opacos. Uno lo hace desde fuera hacia dentro; el otro, desde dentro mismo de la administración. Pero ambos muestran hasta qué punto la técnica puede convertirse en vehículo de poder cuando los controles se quedan cortos.

La pregunta importante, entonces, no es solo qué ha pasado, sino qué lo hace posible. Cómo están repartidas la información, las responsabilidades, los flujos de dinero. Cuando todo eso se acumula, el sistema deja huecos por donde se cuelan estas dinámicas. Y ahí la prevención no va solo de castigar después, sino de repensar antes cómo está montado todo. La prevención real no pasa únicamente por sancionar conductas, sino por rediseñar la arquitectura. Esto obliga a replantear el enfoque con el que se analiza la corrupción. Ya no basta con buscar ilegalidades evidentes o responsabilidades individuales. Es necesario entender las arquitecturas. Los sistemas. Las dinámicas que permiten que estas estructuras se reproduzcan y se consoliden. Porque ahí es donde reside su verdadera fortaleza.

En este sentido, la lección más importante que deja Forestalia y que encuentra eco en Somacyl es que la verdadera infraestructura del futuro no son únicamente las redes energéticas o las plantas industriales. Es la arquitectura institucional. Porque al final, más allá de parques y plantas, lo que se está construyendo es otra infraestructura. Menos visible, pero decisiva: la forma en que se decide. Quién lo hace, con qué reglas y para quién. Sin ética, sin transparencia y sin descentralización, cualquier transición, por muy verde que se presente, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de concentración en lugar de una oportunidad de redistribución.

Y ahí es donde la cosa deja de ser solo energética. Pasa a ser otra cosa. Más de fondo. Más incómoda. Porque lo que está en juego no es únicamente cómo producimos energía, sino cómo nos organizamos como sociedad. Y en ese terreno, las decisiones invisibles pesan mucho más que las visibles.