San Justo de la Vega: el precio de mirar hacia otro lado

San Justo de la Vega ya no es solo un lugar en el mapa. Es un síntoma. Un punto donde el territorio empieza a hablar y donde convendría escuchar con atención, porque lo que está en juego no es un vertedero más, sino una forma de entender el poder, el desarrollo y la tierra.

El proyecto del macrovertedero no llega solo. Llega precedido de silencios, de trámites veloces y de una sensación incómoda: la de que algunas decisiones importantes se toman mejor lejos de la gente a la que afectan. No amenaza únicamente al paisaje ni al agua que ya sería suficiente, sino que deja al descubierto una forma de gobernar donde los intereses privados se priorizan mientras la transparencia va coja.

Antes de que el proyecto se hiciera público, ya existía una conexión inquietante. Asturiana de Laminados, elZinc, opera en la comarca desde 2019. Sus registros muestran al hijo del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en puestos directivos y jurídicos. No hay delito en ello, pero la política no se mide solo en códigos penales. También se mide en prudencia, en ejemplaridad y en la capacidad de evitar conflictos que, aunque legales, erosionan la confianza pública. Aquí nadie dio un paso atrás. Y eso, en política, siempre es un mensaje.

En enero de 2024: el macro vertedero se presenta como planta de valorización con vertedero asociado. Capacidad: decenas de miles de toneladas al año. Ubicación: a menos de diez kilómetros de Astorga, en un territorio agrícola y ganadero, cargado de patrimonio natural. y atravesado por acuíferos que abastecen a personas, no a balances empresariales. El envoltorio es técnico; el impacto, real, cercano, cotidiano.

Aunque en marzo de 2024 se presenta la primera contradicción al proyecto: los Servicios de Residuos y Suelos Contaminados emiten un informe técnico desfavorable. El proyecto no justifica la necesidad, el volumen de residuos es excesivo y la instalación se parece más a un vertedero que a una planta de valorización. Se debería haber detenido la tramitación. No se hizo. Abril y junio pasan. No hay suspensión ni explicación pública de por qué se ignora el informe. La tramitación continúa como si nada. El informe se archiva en la práctica y la maquinaria administrativa sigue avanzando como si la advertencia nunca hubiera existido. Para las asociaciones este es el primer indicio de opacidad: la advertencia técnica se deja a un lado mientras la administración sigue adelante.

Lo que no aparece en ningún sitio es la explicación del cambio. ¿Qué hizo que un proyecto cuestionado se convirtiera de pronto en prioritario? ¿Qué cambió exactamente para que lo inviable se volviera urgente?

Llegamos al 27 de julio de 2025 se produce el movimiento clave. El consejero Suárez-Quiñones declara el proyecto como Proyecto Regional, una figura administrativa pensada para agilizar trámites, concentrar competencias y acortar plazos. Diez días después, firma la autorización definitiva. La secuencia es clara y verificable: informe técnico negativo en marzo de 2024, acelerón político en julio de 2025, luz verde en agosto. Lo que no aparece en ningún sitio es la explicación del cambio. ¿Qué hizo que un proyecto cuestionado se convirtiera de pronto en prioritario? ¿Qué cambió exactamente para que lo inviable se volviera urgente?

Los datos financieros de la empresa promotora permiten entender por qué el proyecto resulta estratégicamente atractivo para la empresa promotora. explican las prisas y las resoluciones de interés regional para acelerar trámites, burocracia y posibilitar acciones como la inembargabilidad de los terrenos. ElZinc atraviesa una crisis severa: pérdidas de 9,3 millones, deuda superior a 100 millones, retrasos en pagos, cotización suspendida. Un macro vertedero con ingresos estables podría ser la tabla de salvación de un operador privado en apuros. No hace falta probar una intención para percibir el conflicto: cuando una empresa está en apuros, el territorio no debería convertirse en su aval. No hay prueba de ello, pero la pregunta ética surge sola: ¿se está usando el territorio para sostener una empresa en problemas?

La ley es clara. El terreno incluye dominio público hidráulico, acuíferos de abastecimiento humano y captaciones protegidas. Aun así, el proyecto avanza. Siete organizaciones ambientales presentan denuncia ante Fiscalía Anticorrupción. Solicitan investigar posible conflicto de intereses, la aceleración del procedimiento pese al informe desfavorable y la justificación del Proyecto Regional. Piden que se investigue lo que muchos ya perciben: que aquí no solo se ha forzado la tramitación, sino que se ha tensado la frontera entre interés general y beneficio privado. Pero el verdadero dilema no está en los juzgados, sino en la conciencia colectiva. San Justo es hoy un espejo donde León puede mirarse. La historia se repite: promesas de desarrollo rápido, decisiones exprés y beneficios concentrados, mientras los riesgos ambientales, sociales, sanitarios se quedan aquí, en la tierra de siempre. La pregunta ya no es si el vertedero cumple la ley al milímetro. La pregunta es otra: ¿queremos que nuestro territorio funcione como colchón financiero para empresas en dificultades?

Este macrovertedero no es una infraestructura más. Es una prueba de como se configura un modelo que deja atrás el bien común para el beneficio de unos pocos. Un examen sobre hasta dónde estamos dispuestos a aceptar que la gestión del territorio se convierta en un negocio y que la ética se quede fuera del expediente.

Los leoneses, más allá de firmas y resoluciones, tienen ahora una elección. No pueden aceptar que su tierra se convierta en escenario de un modelo de desarrollo que acumula residuos, deudas y riesgos. Es hora de exigir un crecimiento distinto: uno que nazca del territorio, que respete el agua, que impulse empleo local y sostenible, que sea transparente y ético. Un modelo donde la economía sirva a la comunidad y no la comunidad a los beneficios de unos pocos. San Justo se convierte en espejo de una provincia que repite patrones antiguos: promesas de desarrollo, decisiones rápidas y beneficios concentrados, mientras el territorio asume riesgos. La pregunta no es solo legal, sino ética: ¿queremos que nuestra tierra funcione como soporte financiero para intereses privados o que construya su propio futuro?

Hoy los documentos existen. Las fechas están ahí. Las firmas también. Lo que falta es una explicación política clara, comprensible y directa. Falta mirar a la gente a los ojos y explicar por qué un proyecto que nació con informes técnicos en contra acabó convirtiéndose en una prioridad regional. Falta rendición de cuentas. Y cuando eso no ocurre, la desconfianza crece, aunque nadie haya demostrado aún ninguna ilegalidad.

Este macrovertedero no es una infraestructura más. Es una prueba de como se configura un modelo que deja atrás el bien común para el beneficio de unos pocos. Un examen sobre hasta dónde estamos dispuestos a aceptar que la gestión del territorio se convierta en un negocio y que la ética se quede fuera del expediente. No va solo de residuos. Va de dignidad. De decidir si la tierra es un bien de todos que se cuida o una mercancía que se coloca donde menos moleste. Va de exigir que el desarrollo no sea una coartada, sino un compromiso real con quienes vivimos aquí.

No se trata únicamente de un vertedero: se trata de un modelo de desarrollo que mercantiliza la tierra, que pone precio a la dignidad y convierte la gestión del territorio en un tablero para unos pocos. Es momento de decir “no” a decisiones opacas, a atajos administrativos y a intereses que no rinden cuentas. Es momento de exigir que la tierra se gestione desde el territorio, con transparencia, ética y respeto por quienes la habitan. Solo así la política deja de ser un papel mojado y se convierte en herramienta de cuidado y futuro. Solo así se puede construir una economía que sirva a las personas, y no a los beneficios de unos pocos.

El territorio habla. Ahora falta saber si quienes lo habitamos estamos dispuestos a contestar o si, una vez más, miraremos hacia otro lado mientras deciden por nosotros. Tenemos la responsabilidad y el derecho de responder. Es hora de decidir: ¿seremos guardianes de nuestro futuro o cómplices de la resignación?

Nota: Quiero agradecer de corazón a Gema, de la asociación Plataforma por una gestión de residuos transparente y sostenible. gracias por la luz compartida, por la paciencia y por la verdad puesta sobre la mesa. Y a todas esas personas que, sin hacer ruido, sostienen el futuro con las manos, pequeños gigantes de lo cotidiano: vuestra constancia cuida la tierra y nos recuerda que aún merece la pena defenderla. Sois, de verdad, la sal de esta tierra.