Caerán por lo menos grave

El sábado pasado asistí a la presentación del libro de Rosa Díez sobre Zapatero. Escuchar a quien fue una de las voces más coherentes del socialismo español durante décadas analizar la degradación de su antiguo partido produce una reafirmación incomoda, casi obscena. Porque Rosa Díez no es una tertuliana, ni una conversa tardía, ni una independiente que opina desde la barrera. Durante años fue parte del núcleo duro del PSOE, y precisamente por eso su testimonio sobre lo que vio desde dentro tiene un valor que ninguna columna de opinión puede igualar.

Hay algo en lo que discrepo de su análisis. Díez habla de Zapatero como si hubiera tenido un plan maestro, una estrategia fríamente calculada para transformar España. Yo creo que le concede demasiado. Quien conoce la trayectoria de Zapatero desde sus inicios leoneses sabe que lo suyo nunca fue la estrategia de largo alcance sino el olfato político para buscar los resquicios que le permitieran mantenerse en el poder. Fue guerrista cuando Guerra dominaba el partido, felipista cuando este cayó en desgracia, y así fue escalando posiciones hasta que una carambola lo colocó en la secretaría general. Una vez allí, simplemente aplicó la misma lógica que siempre: hacer lo necesario para seguir donde estaba, sin que ningún límite ético o moral lo detuviera.

Pero donde coincido plenamente con Rosa Díez es en lo verdaderamente penoso de esta historia: que tanto Zapatero como ahora Sánchez hayan caído o vayan a caer por situaciones que no son las más graves de sus actuaciones. Díez se centra especialmente en la inmoralidad de negociar con asesinos que solo intentaron destruir el sistema y la nación. Yo añadiría que eso no es más que una consecuencia de algo más profundo: la decisión consciente de radicalizar la sociedad española para garantizar la permanencia en el poder.

No tuvo reparos en negociar con grupos políticos que representaban a quienes estaban fuera del sistema. No dudó en usar el Tribunal Constitucional como ariete para derribar la separación de poderes...

Zapatero comprendió con claridad que tras la debacle del PSOE en la época de Felipe González no le quedaba más remedio que reconfigurar completamente el tablero político español. Había que volver al frentismo que prácticamente se había extinguido, eliminar el centro de cualquier debate político, y usar el odio como recurso fuerte para mantener un cuerpo electoral compacto y movilizado, y si fuera posible dividir a la derecha, sobre todo en aquellos momentos a la nacional de la autonomista. Para conseguirlo necesitaba dos cosas: establecer que todos los que no estuvieran claramente definidos como derecha —incluidas derechas regionalistas y nacionalistas— declararan la imposibilidad de negociar con el Partido Popular. De esta forma, la llegada del PP al gobierno solo podría producirse mediante mayorías absolutas.

Y ese empeño llegó a la realidad de forma muy eficiente. No tuvo reparos en negociar con grupos políticos que representaban a quienes estaban fuera del sistema. No dudó en usar el Tribunal Constitucional como ariete para derribar la separación de poderes, simulando que era parte del poder judicial y representaba su nivel superior. A pesar de ser absolutamente falso, la sociedad lo asumió con naturalidad. Su complicidad con grupos independentistas, su decisión de legalizar a los herederos políticos de ETA a través del Tribunal Constitucional, la desarticulación social mediante el establecimiento del frentismo y la llamada constante a bloquear cualquier posibilidad de acuerdo con la derecha —todo ello con el objetivo único de su mantenimiento en el poder— deberían haberle pasado factura. Pero la sociedad lo asumió, y cayó por la crisis económica. No por lo grave.

Ahora sabemos, gracias a las actas incautadas por la policía francesa, que el Gobierno de Zapatero ofreció dinero a ETA a través de una ONG suiza. Que prometió reducir la presión policial. Que negoció el acercamiento de presos mientras la banda seguía extorsionando durante el supuesto alto el fuego. Que todo esto ocurría en secreto mientras Zapatero lo negaba en público. Dos ecuatorianos murieron en Barajas el 30 de diciembre de 2006, y aun así las negociaciones continuaron. Eso debería haber sido suficiente para un juicio histórico demoledor. Pero no lo fue.

Sánchez es el discípulo aventajado que ha comprendido que acabar con la estructura social y los valores de la democracia no tiene un coste electoral grave. El proceso de desarticulación del Estado, la toma de poder en cualquiera de sus manifestaciones —desde empresas públicas a medios de comunicación, desde tribunales a órganos de todo tipo— se ha producido sin el menor atisbo de duda. Ha llevado el pacto con los desleales mucho más allá de lo que hubiera pensado cualquiera en España, retorciendo la ley hasta niveles íntimos, aprovechando la toma de control del Tribunal Constitucional.

Y efectivamente, el 30 de mayo de 2024 se aprobó la amnistía. Sánchez la había negado rotundamente durante la campaña electoral de julio de 2023. "El independentismo pedía una amnistía y no la ha tenido, y no la habrá", declaró dos días antes de las elecciones.

En diciembre de 2022, mediante una enmienda exprés a la ley de sedición, Sánchez reformó la manera de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Eliminó la mayoría de tres quintos que había garantizado el consenso constitucional desde 1980 y la sustituyó por mayoría simple. Colocó en el TC al exministro Juan Carlos Campo y a la exalto cargo de Moncloa Laura Díez. Consiguió una mayoría progresista con Cándido Conde-Pumpido —exfiscal general de Zapatero— como presidente. Todo ello para garantizar que el tribunal avalara lo que viniera después: la amnistía, las reformas, el control absoluto.

Y efectivamente, el 30 de mayo de 2024 se aprobó la amnistía. Sánchez la había negado rotundamente durante la campaña electoral de julio de 2023. "El independentismo pedía una amnistía y no la ha tenido, y no la habrá", declaró dos días antes de las elecciones. Tres meses después, la amnistía era la condición para conseguir los siete votos de Junts que necesitaba para su investidura. La aprobó con 177 votos, uno más del mínimo necesario. Beneficia a unas 350 personas del procés. A cambio, Sánchez se mantuvo en el poder. Los independentistas ya han declarado abiertamente que la próxima parada será el referéndum de autodeterminación. Eso debería ser suficiente para provocar una crisis institucional sin precedentes. Pero aquí seguimos.

Mientras tanto, en paralelo a esta demolición institucional, la corrupción campa a sus anchas. El exministro Ábalos y su exasesor Koldo García están en prisión. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha documentado pagos en sobres con membrete del PSOE. La esposa del presidente está imputada por tráfico de influencias, corrupción en negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida del software de una cátedra en la Universidad Complutense. El hermano del presidente es investigado. El exsecretario de organización del partido, Santos Cerdán, está imputado. Y para coronar el panorama, el 20 de noviembre de 2024 el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Es el primer fiscal general condenado en la democracia española.

Sánchez debería haber caído por la amnistía. Por romper la separación de poderes. Por el control del Tribunal Constitucional. Por no presentar presupuestos en toda una legislatura. Por pactar su permanencia en el poder con quienes quieren destruir la nación. Por mentir sistemáticamente a los españoles. Por convertir al Estado en instrumento de parte. Por utilizar la fiscalía general del Estado como herramienta propagandística del Gobierno, hasta el punto de que su propio fiscal general acabara condenado.

Pero no. Al final habrá que contentarse con que caiga por la corruptela de su entorno, por la familia, por las actitudes hipócritas de militantes y dirigentes que predican su feminismo mientras acosan, violentan o pagan a sus prostitutas con los fondos del estado, que predican regeneración mientras practican el delito y la hipocresía. Es penoso. Es tremendamente revelador de hasta dónde hemos llegado como sociedad. Y es, sobre todo, una victoria pírrica. Porque echar a Sánchez por corrupción sin haber comprendido que lo verdaderamente grave ha sido la destrucción sistemática de nuestras instituciones significa que estamos condenados a repetir el ciclo.

Caerán, probablemente, por lo menos grave. Por los sobres, por las imputaciones familiares, por la corrupción de su entorno. No por haber entregado el país a quienes quieren romperlo.

Zapatero estableció el método: radicalizar para polarizar, pactar con los enemigos de la democracia si garantizan tu permanencia en el poder, romper cualquier consenso constitucional cuando resulte conveniente, usar las instituciones del Estado como arietes partidistas. Sánchez ha perfeccionado la técnica hasta extremos que hace quince años habrían parecido imposibles en una democracia europea consolidada.

Y aquí está la cuestión fundamental que Rosa Díez plantea y que deberíamos preguntarnos todos: ¿qué dice de nosotros como sociedad que hayamos permitido que esto ocurriera? ¿Qué revela sobre el estado de nuestra democracia que un presidente pueda controlar el Tribunal Constitucional, nombrar a un fiscal general que acabará condenado, amnistiar a delincuentes a cambio de votos, mantener en el poder a un gobierno cercado por casos de corrupción, y que todo ello no provoque una reacción ciudadana suficiente para forzar un cambio?

Nadie pensó que alguien tendría tan pocos límites desde la acción del Gobierno como para destruir la convivencia del país, las estructuras institucionales, y pudiera hacerlo sin que hubiera una resistencia importante por parte de la ciudadanía. Zapatero nos demostró que era posible. Sánchez nos ha confirmado que es la nueva normalidad.

Caerán, probablemente, por lo menos grave. Por los sobres, por las imputaciones familiares, por la corrupción de su entorno. No por haber entregado el país a quienes quieren romperlo. No por haber destruido la independencia judicial. No por haber convertido la mentira en método de gobierno. Y esa será, quizá, su última victoria: habernos hecho creer que la corrupción es el problema cuando en realidad solo era el síntoma de una enfermedad mucho más profunda y terminal.

En algo más coincido plenamente con Rosa Díez, y es una idea que llevo años defendiendo: el próximo cambio de gobierno no podrá limitarse a gestionar mejor o a limpiar la corrupción. Tendrá que abordar, como tarea prioritaria, la derogación de toda la legislación concebida desde la etapa de Zapatero con un único objetivo: colonizar las instituciones, erosionar la separación de poderes y convertir la crispación social en método de gobierno. Ya cometimos ese error una vez. No deberíamos permitirnos repetirlo.