El crecimiento que empobrece...

Imaginen a una familia leonesa que, tras décadas de esfuerzo, ve cómo su capacidad de ahorro se desvanece. El padre, trabajador industrial, ha visto incrementar su nómina un tres y medio por ciento este año. La madre, empleada en servicios, algo menos. Parecería una buena noticia si el alquiler de su piso —un modesto dos habitaciones en un barrio periférico— no hubiera subido un doce por ciento. 

Mientras tanto, desde Madrid, el presidente del Gobierno anuncia con orgullo que España es la mejor economía del mundo según The Economist, que el PIB crece al tres coma tres por ciento y que jamás ha habido tantos españoles trabajando. Para esa familia leonesa, las palabras de Sánchez suenan a burla. No es que desconfíen de las estadísticas; es que las estadísticas han dejado de hablar de ellos. Lo que ocurre con esta familia no es una excepción: es una fotografía perfectamente representativa de la España real que no aparece en las ruedas de prensa de Moncloa.

Esta no es la historia de un fracaso económico medido en los términos convencionales. Es algo más perverso: el relato de un crecimiento que, paradójicamente, empobrece. De un modelo político que ha aprendido a manipular los grandes agregados macroeconómicos mientras las condiciones materiales de vida de millones de ciudadanos se deterioran sistemáticamente. Y León es un caso paradigmático de esta contradicción: una provincia donde el poder adquisitivo real de sus habitantes ha retrocedido más de un doce por ciento respecto a su máximo de 2010, mientras el Gobierno socialista celebra cifras récord de empleo y producción.

La gran estafa del PIB

El Producto Interior Bruto es, probablemente, el indicador económico más sobrevalorado de nuestro tiempo. Su propio artífice, Simon Kuznets, advirtió hace casi un siglo que el bienestar de una nación difícilmente podía deducirse de esta métrica contable. Tenía razón, pero su advertencia cayó en saco roto. Hoy, gobiernos de toda índole lo utilizan como certificado de buena salud económica, ignorando que el PIB mide producción monetaria, no prosperidad real.

Veamos el caso español reciente. El PIB ha crecido por encima del tres por ciento, cifra envidiable en el contexto europeo. Pero analicemos la composición de ese crecimiento. Una parte sustancial proviene del incremento del gasto público, financiado con niveles de déficit que, aunque contenidos por la llegada de fondos europeos extraordinarios, siguen alejados de la prudencia fiscal. Otra fracción importante se explica por el efecto inflacionario: cuando los precios suben, el PIB nominal crece aunque no se haya producido un solo bien más. Y finalmente, está el componente demográfico: España ha recibido un flujo migratorio significativo que aumenta la fuerza laboral y, con ella, la producción agregada, sin que eso se traduzca necesariamente en mejora del nivel de vida per cápita.

En Castilla y León, el salario medio se sitúa en mil setecientos sesenta y ocho euros mensuales, el sexto más bajo de todas las autonomías. En León específicamente, la remuneración media anual ronda los veintidós mil trescientos noventa y seis euros, casi ocho mil euros por debajo de lo que percibe un madrileño. Y aquí está el primer engaño: mientras el PIB nacional sube, el poder adquisitivo real de los castellanos y leoneses ha caído un doce coma uno por ciento desde su pico en 2010. No se trata de un estancamiento; es un empobrecimiento sostenido y verificable.

España es uno de los pocos países de Europa que todavía no ha recuperado su PIB per cápita real de 2008, lo que demuestra que el crecimiento reciente no corrige una década perdida, sino que la prolonga. El triunfalismo oficial no puede ocultar que seguimos arrastrando las consecuencias de una crisis que otros superaron hace años.

El efecto dilución es especialmente revelador. El Banco de España y Funcas reconocen que en 2024 y 2025 el PIB per cápita real crece sustancialmente menos que el agregado debido al flujo migratorio masivo. No se trata de cuestionar la inmigración como fenómeno, sino de constatar una realidad aritmética: cuando la población aumenta más rápido que la riqueza generada, el resultado matemático es un empobrecimiento relativo de todos. El pastel nominal es más grande, pero las porciones individuales son más pequeñas. Esta dilución per cápita explica por qué las familias no perciben mejora alguna pese al supuesto milagro estadístico.

Cuando el crecimiento salarial regional fue del tres coma cinco por ciento en 2024 —por debajo de la media nacional— pero los alquileres subieron un doce por ciento en la capital leonesa, no hace falta ser economista para entender que algo falla estructuralmente. Las familias destinan cada vez más recursos a necesidades básicas como la vivienda, reduciendo su margen para el ahorro, la inversión o el consumo discrecional. Este es el crecimiento sin prosperidad: aquel que infla cifras agregadas mientras contrae las posibilidades vitales de los ciudadanos concretos.

El intervencionismo y sus frutos envenenados

Pero si hay un ejemplo cristalino de cómo las buenas intenciones, combinadas con mala economía, producen desastres sociales, ese es la Ley de Vivienda. Aprobada en mayo de 2023 con el pomposo nombre de "Ley por el Derecho a la Vivienda", prometía controlar los precios del alquiler y aumentar la oferta disponible para las familias. Dos años después, el balance es desolador: la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido en más de ciento veinte mil unidades, mientras los precios han subido un veintiséis coma cinco por ciento de media nacional.

La mecánica del fracaso era predecible para cualquiera con conocimientos elementales de economía de mercado. Cuando se imponen controles de precios sin abordar las causas estructurales del problema —escasez de suelo urbanizable, burocracia asfixiante, inseguridad jurídica para los propietarios—, la respuesta natural es la retirada de oferta. Los pequeños propietarios, que representan la inmensa mayoría del parque de alquiler en España, se enfrentan a una legislación que limita sus ingresos, dificulta el desahucio de morosos y les carga con costes antes compartidos con los inquilinos. Su reacción racional ha sido abandonar el alquiler residencial de larga duración y migrar hacia fórmulas de alquiler temporal, turístico o por habitaciones, que quedan fuera del marco regulatorio de la ley. Otros, simplemente, han decidido dejar sus viviendas vacías antes que exponerse a un marco legal hostil.

Los datos leoneses son especialmente reveladores. El alquiler en la capital subió un doce por ciento interanual en 2024, más que en Madrid, que experimentó un incremento del once coma siete por ciento. Un piso tipo de ochenta metros cuadrados, que hace un año costaba seiscientos dos euros mensuales, alcanza ahora los seiscientos ochenta euros. Para una familia con ingresos medios provinciales, esto representa destinar más de un tercio de su renta disponible únicamente al pago de la vivienda, muy por encima del treinta por ciento que los expertos consideran sostenible.

En provincias con mercado pequeño como León, donde el parque de vivienda es antiguo y la construcción nueva es escasa, un simple desplazamiento de oferta —de alquiler tradicional a temporal o turístico— basta para disparar los precios. La Ley de Vivienda ha actuado como un catalizador de esa reacción, intensificando una dinámica que ya era preocupante.

La presión sobre los inquilinos ha alcanzado niveles inéditos. Si antes de la ley cada vivienda en alquiler recibía una media de treinta y siete contactos, ahora esa cifra se ha disparado hasta ciento doce. En Barcelona —zona tensionada por excelencia, donde se aplican los controles más estrictos— la competencia supera los trescientos interesados por inmueble. El mercado se ha convertido en una subasta encubierta donde solo los perfiles con mayores ingresos, mayor estabilidad laboral o respaldo familiar pueden acceder. Precisamente aquellos a quienes la ley pretendía proteger —jóvenes, familias con rentas medias-bajas, colectivos vulnerables— son los primeros excluidos.

La experiencia comparada debería haber servido de advertencia. Berlín ensayó el control de alquileres y lo derogó tras comprobar su fracaso. París mantiene sus restricciones y sufre uno de los mercados más tensionados de Europa. San Francisco, icono de la progresía californiana, ha visto cómo décadas de control de rentas han desembocado en una crisis habitacional sin precedentes. Pero el Gobierno español, inmune a la evidencia empírica, insistió en repetir los mismos errores con idéntico resultado: menos oferta, precios más altos, mercado más opaco.

Treinta años de salarios reales estancados: el fracaso del modelo intervencionista

El problema de la vivienda no es sino un síntoma de una enfermedad más profunda: el estancamiento salarial crónico de la economía española. Durante los últimos treinta años, los salarios reales en España han crecido apenas un dos coma ocho por ciento. Esta cifra nos sitúa en la cola de los países de la OCDE, junto a México e Italia, y a una distancia abismal de nuestros vecinos europeos. En el mismo periodo, Alemania vio crecer sus salarios reales un veinticuatro por ciento y Francia un veintiocho por ciento.

En Castilla y León, la situación es aún más grave. El poder adquisitivo actual de un trabajador medio regional es inferior al que tenía hace quince años. La crisis financiera de 2008 borró avances salariales de años, y la recuperación posterior apenas ha compensado la pérdida de poder de compra provocada por la inflación acumulada. Mientras, la brecha territorial se ensancha: la diferencia salarial entre un leonés y un madrileño ronda ya los ocho mil euros anuales, una distancia que ninguna política de cohesión territorial ha conseguido cerrar.

Las causas de este estancamiento son múltiples pero identificables. España arrastra un modelo productivo de baja productividad, excesivamente dependiente de sectores intensivos en mano de obra poco cualificada como el turismo y la hostelería. Los datos de la OCDE para 2025 sitúan a España en el vagón de cola de la Unión Europea en crecimiento de productividad por hora trabajada, una métrica que mide el valor real generado por cada hora de esfuerzo laboral. Sin productividad no hay salarios altos sostenibles: es imposible pagar más cuando se produce menos valor por unidad de tiempo. Lo que tenemos es una economía que suma horas trabajadas pero no valor añadido, condenando a los trabajadores a sueldos estancados independientemente de su esfuerzo individual.

La rigidez del mercado laboral —atenuada pero no eliminada por sucesivas reformas— sigue dificultando el ajuste eficiente entre oferta y demanda de empleo. La presión fiscal sobre rentas del trabajo es elevada, especialmente en comparación con otros países de nuestro entorno. Y la inversión en capital humano, innovación e infraestructuras productivas ha sido históricamente insuficiente.

El resultado es una trampa de equilibrio de baja calidad: empleos precarios o de escaso valor añadido, salarios que apenas permiten cubrir necesidades básicas, imposibilidad de acumular patrimonio. La emancipación juvenil se retrasa hasta edades impensables hace dos generaciones. La formación de familias se pospone o se descarta directamente. El ahorro para la jubilación se convierte en una quimera para amplios sectores sociales. Y todo esto ocurre mientras el Gobierno celebra cifras de afiliación a la Seguridad Social que, sin contexto, parecen motivo de júbilo.

¿Crecimiento para quién?

El ministro de Economía, el presidente del Gobierno y todo el aparato de comunicación del PSOE repiten una y otra vez el mismo mantra: España crece, exporta más que nunca, atrae inversión extranjera, genera empleo récord. Y sin embargo, las familias no llegan a fin de mes. Los jóvenes no pueden emanciparse. Los alquileres devoran salarios. Las pensiones futuras son inciertas. ¿Cómo se explica esta contradicción?

El Gobierno insiste en presentar cifras totales —empleo total, exportaciones totales, PIB total— porque son las únicas que mejoran. Cuando se analizan datos relevantes para el bienestar material, como renta disponible per cápita o salarios reales, la historia es muy distinta. La respuesta está en la distribución de los frutos del crecimiento.

Durante décadas, la participación de los salarios en el excedente empresarial ha seguido una tendencia descendente. El veinte por ciento más rico de la población gana seis coma seis veces más que el veinte por ciento más pobre, según datos de la Comisión Europea que sitúan a España entre los países con peores indicadores de convergencia social. La desigualdad no es solo una cuestión moral; tiene consecuencias económicas directas: reduce el consumo interno, debilita la cohesión social, alimenta el populismo.

El modelo de crecimiento español de los últimos años se ha sustentado en tres pilares cuestionables: gasto público financiado con déficit y fondos europeos extraordinarios, inflación que eleva el PIB nominal sin aumentar la producción real, y crecimiento demográfico vía inmigración que incrementa el agregado sin mejorar necesariamente el per cápita. Ninguno de estos pilares es sostenible a largo plazo. Los fondos europeos terminarán, el déficit tendrá que corregirse y la absorción demográfica tiene límites políticos y sociales.

Mientras tanto, las políticas estructurales que podrían generar crecimiento genuino y sostenible brillan por su ausencia. No hay apuesta decidida por la liberalización de sectores regulados que aumentarían la competencia y reducirían precios. No hay reformas fiscales que incentiven la inversión productiva frente al consumo corriente. No hay simplificación administrativa que reduzca costes de entrada para nuevas empresas. No hay mejora sustancial del sistema educativo que eleve la productividad laboral. Lo que hay es intervencionismo creciente, gasto público expansivo y propaganda sobre cifras macroeconómicas desconectadas de la realidad cotidiana.

El deber de la oposición intelectual

León, como gran parte de la España interior, ha visto cómo décadas de políticas supuestamente progresistas la han dejado más empobrecida, más envejecida y más dependiente. Sus jóvenes emigran. Sus salarios languidecen. Su vivienda se encarece al ritmo de las grandes capitales sin disfrutar de sus ventajas. Y todo esto sucede mientras el discurso oficial nos vende que vivimos en la mejor economía del mundo.

No se trata de negar que España ha experimentado crecimiento económico en términos nominales. Se trata de exigir honestidad intelectual: ese crecimiento no está llegando a quienes más lo necesitan. Las familias trabajadoras, la clase media productiva, los jóvenes que intentan construir un proyecto vital, están siendo sistemáticamente excluidos de los beneficios de ese supuesto milagro económico.

Un crecimiento que no mejora la vida de las personas no es progreso; es un espejismo estadístico al servicio de la propaganda política. Y quienes desde posiciones conservadoras liberales defendemos la economía de mercado, la libertad individual y la responsabilidad fiscal, tenemos el deber de denunciar este fraude. No para defender privilegios corporativos ni para exigir recortes que castiguen a los más vulnerables, sino para reclamar políticas que generen prosperidad real: liberalización que aumente la oferta de vivienda, reformas fiscales que incentiven el ahorro y la inversión, reducción de burocracia que libere energías productivas, apuesta por educación y capital humano que eleven la productividad.

Mientras el Gobierno socialista siga celebrando cifras de PIB mientras las familias leonesas se empobrecen, mientras siga imponiendo controles de precios que destruyen oferta, mientras siga financiando gasto corriente con déficit estructural, la promesa de prosperidad seguirá siendo eso: una promesa incumplida. Y los ciudadanos, antes o después, pedirán cuentas.

La prosperidad no se mide en discursos triunfalistas ni en PIB inflado por déficit. Se mide en la vida de las familias que llegan a fin de mes con más angustia que el año anterior. Mientras la política siga negando esa realidad, el crecimiento seguirá siendo una ficción estadística y el empobrecimiento, una certeza cotidiana.

Un crecimiento que necesita déficit estructural, fondos europeos temporales e inmigración masiva para mantenerse no es un milagro: es un dopaje estadístico que las familias pagan con su patrimonio y sus hijos pagan con su futuro