Cuando lo Público se Convierte en Feudo...
No es un curso de Historia sobre totalitarismos. No es un seminario sobre pensamiento crítico. Es, en su formulación más descarnada, un programa de detección y reconducción ideológica de menores que piensan de manera distinta a como el director del curso considera correcto. Y lo más revelador: se presenta como "educación democrática", se financia con dinero público europeo, y se ejecuta con la aquiescencia —cuando no el aplauso— de quienes llevan décadas proclamando que lo público es de todos.
Ahí reside la contradicción que define nuestro tiempo: aquellos que construyeron su identidad política sobre la defensa de lo público como espacio inclusivo, neutral, democrático, practican sin sonrojo la forma más radical de apropiación ideológica. Lo público, que debería ser la plaza común donde todas las voces tienen cabida, se ha convertido en coto privado de una corriente de pensamiento. Y cuando alguien lo señala, se le acusa precisamente de lo que está denunciando: de atacar la democracia, de amenazar la libertad académica, de ser, claro está, el enemigo que justifica el curso.
La Aritmética del Horror que Europa Pidió Recordar
Conviene, antes de continuar, recordar un hecho que la Universidad de León prefiere ignorar. El 19 de septiembre de 2019, el Parlamento Europeo aprobó con una votación aplastante —535 votos a favor, 66 en contra, 52 abstenciones— una resolución sobre la memoria histórica europea. No era un documento marginal. Era el resultado del consenso de estados que habían vivido el totalitarismo desde ambos flancos: polacos que conocen Katyn, húngaros que recuerdan 1956, bálticos que sobrevivieron a deportaciones masivas. Pueblos que no necesitan que nadie les explique qué significa ser triturados entre dos molinos ideológicos.
El texto no dejaba espacio para interpretaciones creativas. Declaraba que "los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad". No dice "el régimen nazi". Dice ambos. No usa esa prosa diplomática que permite leerlo en diagonal mientras se piensa lo contrario. Es cristalina en su exigencia: que los Estados miembros hagan "una evaluación clara y basada en principios de los crímenes perpetrados por los regímenes comunistas totalitarios Y el régimen nazi".
Europa pedía una memoria completa porque las cifras, esas cifras que nadie quiere recordar en universidades españolas, son tozudas. El comunismo acumuló entre cien y ciento veinte millones de muertos en el siglo XX. La Unión Soviética contribuyó con sesenta y dos millones. La China comunista aportó entre sesenta y cinco y ochenta y dos millones. Camboya, ese pequeño país que el mundo prefiere olvidar, perdió entre uno coma siete y dos coma siete millones de sus siete millones de habitantes. El nazismo, en sus trece años de dominio industrial del crimen, causó aproximadamente veinticinco millones de muertes.
La razón por la que el Parlamento Europeo consideró prudente condenar ambos totalitarismos con idéntico vigor no fue relativismo moral. Fue honestidad histórica. Fue reconocer que cuando un sistema mata entre cuatro y cinco veces más personas que otro, ambos merecen el mismo rechazo categórico. Fue entender que la memoria selectiva no es memoria: es propaganda.
La Universidad de León decidió que el Parlamento Europeo estaba equivocado. O más precisamente: decidió que esa Resolución era útil como coartada —para afirmar que "Europa pide educación democrática"— pero solo en la parte que interesaba. Como quien cita a Platón para defender exactamente lo contrario de lo que Platón escribió. La ironía de invocar a la Unión Europea como legitimación para violar los estándares que la Unión Europea exige posee una sofisticación que no puede ser accidental.
El Dinero de la Recuperación Convertido en Herramienta de Control
Estos 49,50 euros a los que asciende el curso —cifra que pretende mantener la ficción de que es prácticamente gratuito— esconden que el resto del coste no sale del bolsillo de la ULE. Salen de NextGenerationEU. Eso significa que salen del bolsillo de un alemán que pagó sus impuestos en Berlín imaginando que reconstruirían economías post-COVID. De una madre francesa en Marsella que trabajó durante la pandemia creyendo que ese dinero modernizaría infraestructuras. De un constructor italiano que contribuyó esperando que su nación se recuperara. De un enfermero en Madrid que atendió enfermos en primera línea pensando que sus impuestos irían a esos fondos que reconstruirían su país. De una comerciante en Barcelona que cerró su negocio en confinamiento confiando en que Europa se recuperaría. De un agricultor en Castilla-La Mancha que vio caer sus ventas con la esperanza de que estos fondos reactivarían la economía española. De todos ellos, trabajadores y contribuyentes de una Europa que se suponía iba a recuperarse juntos. Setecientos cincuenta mil millones de euros destinados a "recuperación y resiliencia" tras el coronavirus. De esos, España recibe ciento cuarenta mil millones.
La Universidad de León decidió que una parte de esos fondos sería destinada a financiar cursos para "prevenir" que docentes españoles permitan que sus alumnos piensen de determinada manera política. Hay un término técnico para esto en el lenguaje europeo, aunque raramente se invoque: desviación de fondos públicos hacia fines no autorizados. El Reglamento que rige NextGenerationEU exige neutralidad ideológica. La Universidad de León ha hecho lo que cualquier institución capturada hace: cambió el nombre a lo que estaba prohibido. Lo llamó "pedagogía democrática". Lo financió con dinero que no es suyo. Lo dirigió quien durante años coordinó política educativa de un partido de izquierda radical.
Pero existe un tercer nivel en esta arquitectura del cinismo, y es donde la cuestión deja de ser meramente indecorosa para convertirse en genuinamente totalitaria. El curso busca —se dice sin rubor— "prevenir el auge del neofascismo". Dos palabras que contienen toda una filosofía del control. "Prevenir." Como si las ideas fueran epidemias. Como si la democracia consistiera en vacunar a los ciudadanos contra cierto tipo de pensamiento. La Universidad de León, con dinero europeo, se propone "prevenir ideas" en ciudadanos que en una democracia tienen todo el derecho a tenerlas.
Porque —y aquí reside el detalle que ninguna defensa administrativa puede eludir— millones de españoles votaron libremente en elecciones democráticas por opciones que la izquierda académica etiqueta sin sonrojarse como "neofascismo". Estas opciones son legales. Tienen representación parlamentaria. Forman parte del mapa electoral español. Cuando una universidad financiada con fondos públicos decide que su tarea es "prevenir" que docentes permitan que alumnos desarrollen afinidad por lo que millones de conciudadanos eligieron libremente, ha cruzado la línea que separa la educación del adoctrinamiento.
El Patrón que Se Repite: Cuando la Pluralidad es Solo un Eslogan
No es un caso aislado. Es un síntoma de algo más profundo: la captura sistemática de instituciones públicas por una corriente ideológica que se presenta como neutral mientras practica la exclusión más implacable. Las cifras son elocuentes: cerca del sesenta por ciento del profesorado universitario español se declara de izquierdas, el doble de la media europea. En RTVE, con un presupuesto superior a mil cien millones de euros anuales, el partido con mayor representación parlamentaria recibe apenas el uno y medio por ciento del tiempo informativo.
Pero es en las universidades donde el patrón se manifiesta con mayor crudeza. Rosa Díez, expulsada de la Complutense en 2010. Cayetana Álvarez de Toledo, impedida de hablar en la Autónoma de Barcelona en 2019 tras el bloqueo de doscientos estudiantes que obligó a cargas policiales. Isabel Díaz Ayuso, escoltada por ochenta agentes para recoger un premio en su propia facultad en 2023, convertida su presencia en operativo de seguridad. Macarena Olona, bloqueada físicamente en Granada. Iván Espinosa de los Monteros, silenciado en la Complutense a gritos de "fuera fascistas de la universidad".
El patrón es evidente. Solo una corriente ideológica sufre esta exclusión sistemática. Solo un espectro político ve convertidos sus actos académicos en incidentes de orden público. Y todo ello en instituciones que proclaman defender la "libertad de cátedra" y el "pensamiento crítico". La selectividad, en política académica, es el confesionario involuntario de la ideología.
Las acampadas universitarias en apoyo a Palestina ofrecieron otro ejemplo perfecto. Durante meses, más de cincuenta campus españoles acogieron protestas permanentes con apoyo activo del profesorado. Ocupación de espacios, interrupción de actividades, movilizaciones constantes. Legítimo, sin duda. Pero revelador en su unidireccionalidad. ¿Dónde están las acampadas contra el régimen cubano? ¿Las protestas por disidentes venezolanos? ¿Las manifestaciones contra la ocupación china del Tíbet? No se trata de negar el derecho a protestar por Palestina. Se trata de constatar que las universidades públicas solo amparan institucionalmente las protestas que encajan en una narrativa ideológica concreta.
La Autonomía como Coartada
La Universidad de León invoca repetidamente la "autonomía universitaria" para justificar su curso. Conviene recordar que esa autonomía fue conquistada hace siglos —en Bolonia, en París, en Oxford— precisamente para proteger a la universidad de lo que la ULE ahora práctica. La autonomía universitaria era un muro defensivo contra príncipes que querían convertir el saber en propaganda, contra obispos que exigían que la ciencia confirmara la teología, contra dictadores que pretendían instrumentalizar la educación.
La Universidad de León ha utilizado ese muro defensivo para permitir que sus verdugos entraran voluntariamente. Es como si un castillo medieval bajara sus murallas para invitar al asaltante. La autonomía universitaria de la ULE se ha convertido en el inverso de lo que significaba: es libertad para ser capturado, no libertad para resistir la captura. Es el uso perverso de un principio noble para justificar exactamente aquello contra lo que ese principio fue diseñado.
Cuando Karl Popper escribió sobre la paradoja de la tolerancia, describía sociedades abiertas que tienen derecho a defenderse de quienes buscan destruir la apertura misma. Pero lo que la ULE propone es distinto: es ser intolerante con ideas que, aunque incómodas para ciertos sectores, viven dentro del sistema democrático con total legitimidad. Es convertir la intransigencia en pedagogía. Es confundir la defensa de la democracia con su estrangulamiento lento mediante el control de lo que se permite pensar.
El Silencio de las Mayorías y la Urgencia del Debate
Lo más inquietante de este fenómeno no es la captura misma, sino el silencio que la rodea. Millones de españoles perciben el sesgo, lo comentan en privado, lo constatan en su experiencia cotidiana. Pero la denuncia pública es escasa. Y cuando se produce, es inmediatamente desacreditada: son "ataques a la universidad", "intentos de amordazar el pensamiento crítico", "ofensivas de la ultraderecha contra espacios de libertad".
Antonio Gramsci tenía razón en algo cuando teorizó sobre la hegemonía cultural: funciona cuando consigue que los dominados interioricen su dominación como natural. Cuando quien disiente se siente culpable por disentir. Cuando señalar el sesgo te convierte automáticamente en sesgado. Cuando la mera sugerencia de que una universidad pública debería ser neutral se interpreta como agresión.
Romper ese silencio no es atacar la universidad. Es defenderla. Es exigir que las instituciones públicas vuelvan a ser lo que deben ser: espacios neutrales donde todas las posiciones legítimas tienen cabida. Un profesor puede ser comunista en su vida privada, pero cuando entra en un aula pagada con dinero público debe enseñar, no adoctrinar. Una universidad puede albergar debates apasionados, pero cuando organiza actos académicos debe garantizar que todos los ponentes puedan hablar sin ser agredidos.
La Universidad de León puede ofrecer su curso de "Pedagogía Antifascista" si lo desea. Pero entonces, en nombre de esa pluralidad que proclama, debe ofrecer también, con idénticos recursos y financiación, un curso de "Pedagogía Anticomunista". O mejor aún: debe ofrecer cursos sobre pedagogía, punto final, sin convertir las aulas en campos de entrenamiento ideológico.
La Pregunta que Nadie Quiere Responder
¿Qué es ya una universidad cuando traiciona la neutralidad? ¿Qué es el pensamiento cuando se lo "previene" como si fuera una patología? ¿Qué es la democracia cuando sus instituciones públicas deciden por los ciudadanos qué ideas son demasiado peligrosas para considerar?
La verdadera pedagogía democrática no teme a las ideas. Las confronta con argumentos. No las "previene" como si fueran virus. Las examina, las cuestiona, las entiende, aunque las rechace. La Universidad de León ha elegido exactamente lo opuesto. Ha decidido que la educación consiste en construir muros mentales contra lo que se considera peligroso. Es la pedagogía del miedo, no de la libertad. Y lo hace con dinero que pertenece a toda Europa, dinero que trabajadores de distintos países aportaron para recuperarse de la pandemia, sin que ninguno hubiera consentido jamás en que fuese usado para esto.
La ironía final es casi poética. Una universidad que dice defender la democracia eligiendo vulnerar su esencia. Una institución que invoca estándares europeos precisamente para violarlos. Una formación que se llama "antifascista" pero que practica exactamente lo que el fascismo practicaba: la captura del pensamiento permisible, la segregación de ideas en peligrosas y seguras, la conversión de la educación en herramienta de control.
Cuando una universidad traiciona la libertad, ha dejado de ser lo que sus fundadores imaginaron en Bolonia hace mil años. Se convierte en lo que quizá siempre temieron que fuese: una herramienta en manos del poder, un instrumento para fabricar ortodoxia, un lugar donde se educa a la población en lo que debe pensar más que en cómo pensar.
La pregunta final no es ya qué hará la ULE. La pregunta es si alguien, en algún lugar, puede frenar este proceso antes de que sea demasiado tarde. Antes de que la captura sea tan completa que ni siquiera podamos reconocer lo que hemos perdido.
Una universidad que renuncia a la libertad de pensamiento no se degrada sola: degrada a toda la sociedad que la sostiene. Y cuando la libertad se convierte en un privilegio académico, la democracia ya ha comenzado a ser historia.