La opinión sincronizada

Como he comentado en otras ocasiones durante un tiempo estudié en el instituto de ciencias políticas y sociales de Moscú, allí aprendí una lección que no venía en el temario. En los sistemas donde la verdad se administra desde arriba, la unanimidad nunca es espontánea. Si Pravda (verdad) e Izvestia (información o noticias) descubrían la misma cosa la misma mañana, no era porque la realidad se hubiera revelado simultáneamente a dos redacciones independientes. Era porque alguien había descolgado un teléfono la tarde anterior. El aparato lo llamaba coordinación informativa. Tenía sus liturgias, sus plazos y hasta su estética: el mismo dato en la misma página, con el mismo énfasis, arropado por los mismos adjetivos. Los ciudadanos, que no eran tontos, lo llamaban de otra manera y compraban el periódico para envolver el pescado. De hecho, uno de los chistes que hacían sobre ellos era “que en Pravda no había información (izvestia) y en Izvestia no hay verdad (pravda). 

La opinión pública no se consultaba: se producía, con sus cadenas de montaje y su departamento de calidad. Y el producto final se le vendía al propio ciudadano como si fuera obra suya

Aquella maquinaria tenía algo de fascinante. No era la censura burda de los manuales, la tachadura y el silencio. Era algo más sofisticado: la fabricación activa del consenso. No bastaba con que el poder tuviera razón; hacía falta que pareciera que todo el mundo, espontáneamente, le daba la razón a la vez. La opinión pública no se consultaba: se producía, con sus cadenas de montaje y su departamento de calidad. Y el producto final se le vendía al propio ciudadano como si fuera obra suya.

Viene esto a cuento de un lunes español. El pasado 6 de julio, tres organismos descubrieron la misma cosa la misma mañana. El Centro de Investigaciones Sociológicas, El País y La Vanguardia publicaron a la vez sendas encuestas que apuntaban en idéntica dirección: la justicia española está politizada y el lawfare, esa guerra judicial contra el Gobierno, existe. Según el sondeo de 40dB para el diario de Prisa, un 65,4 por ciento de los españoles así lo cree, y solo un 32 por ciento considera justas e imparciales las resoluciones judiciales sobre asuntos políticos. Ipsos, para La Vanguardia, aportaba su ladrillo al mismo muro: un 60 por ciento opina que hay jueces haciendo política. Y el CIS remataba la faena con su hallazgo estrella: nueve de cada diez españoles creen que la justicia no trata igual a un político que a un ciudadano corriente. Una encuesta no acredita un hecho jurídico; mide una percepción. Y cuando esa percepción se convierte en coartada para desacreditar causas judiciales concretas, la demoscopia deja de informar sobre la opinión pública y empieza a fabricar munición política.

Tres casas demoscópicas distintas, tres cuestionarios distintos, tres clientes distintos. Y un solo titular, publicado el mismo día, en la misma semana en que las causas judiciales cercan al Gobierno por tierra, mar y aire. Que tres estudios maduren a la vez y florezcan con idéntico mensaje es, o bien una casualidad estadísticamente conmovedora, o bien la vieja lección de Moscú aplicada con métodos considerablemente más finos. El lector decidirá. Yo, que conocí el original, me limito a señalar el parecido de la copia.

Tres diagnósticos incompatibles entre sí acaban convertidos en un solo titular

Miremos la letra pequeña, que es donde estas operaciones se delatan siempre. La pregunta de 40dB no es irrelevante. Formalmente permite negar la existencia del lawfare, sí; pero estructura el campo de respuesta de modo que tres opciones distintas computan a favor de la existencia de esa práctica y solo una la niega. El resultado agregado —65,4%— nace así de sumar percepciones muy diferentes: quien cree que se persigue al Gobierno, quien cree que todos usan los tribunales contra todos y quien cree que la víctima es la oposición. Tres diagnósticos incompatibles entre sí acaban convertidos en un solo titular. Y ese titular, convenientemente simplificado, sirve después para alimentar el relato político que interesaba desde el principio. 

Es el equivalente demoscópico de aquel clásico de los interrogatorios tramposos: ¿ha dejado usted ya de pegar a su mujer? Conteste lo que conteste, la premisa queda validada. La demoscopia seria llama a esto pregunta dirigida y lo enseña en primero de carrera, en el capítulo de lo que no se debe hacer. Salvo, claro, que hacerlo sea exactamente el propósito.

Y hay un segundo truco, más elegante todavía, que conviene desmontar despacio. Lo que estas encuestas llaman "la justicia" es un paquete indiferenciado donde viaja de todo. Viaja el Tribunal Constitucional, presidido por un jurista cuya anterior distinción fue servir como fiscal general del Estado con un gobierno socialista. Viaja el Consejo General del Poder Judicial, ese órgano que los dos grandes partidos llevan cuarenta años repartiéndose por cuotas, con vocales del sector tal y del sector cual, y que permaneció cinco años secuestrado porque a nadie le convenía soltarlo. Y viaja la Fiscalía General del Estado, cuya naturaleza describió el propio presidente del Gobierno, en un arranque de sinceridad que jamás le agradeceremos bastante, con seis palabras inmortales: ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso.

Nueve de cada diez españoles creen que la justicia no trata igual a un político que a un ciudadano de a pie, y tienen motivos sobrados

Pues eso. Cuando al ciudadano se le pregunta si confía en "la justicia" y el ciudadano piensa en ese paquete —el Constitucional de los nombramientos pactados, el Consejo de las cuotas, la Fiscalía del pues eso—, su desconfianza no es un prejuicio: es una observación empírica. Concedamos, porque es de justicia concederlo, que el diagnóstico de fondo de las encuestas recoge algo real. Nueve de cada diez españoles creen que la justicia no trata igual a un político que a un ciudadano de a pie, y tienen motivos sobrados. Han visto indultos a la medida, malversaciones despenalizadas a la carta y una amnistía cuya exposición de motivos redactaron sus propios beneficiarios. La desconfianza existe. Es sólida, está ganada a pulso y tiene apellidos.

Pero aquí está el escamoteo, y es de manual. Esa desconfianza señala precisamente a los órganos que el poder político lleva décadas colonizando, con especial entusiasmo en los últimos años. No señala al juez de instrucción que, con su toga gastada y su juzgado sin medios, tramita las causas que incomodan al Gobierno. El sondeo recoge la sospecha hacia lo politizado y la revende como enmienda a la totalidad contra lo poco que aún no está controlado. Es una operación de lavado en toda regla: se toma la desconfianza que el propio sistema de cuotas ha generado, se mete en la lavadora demoscópica y sale convertida en absolución preventiva del Gobierno. El ciudadano desconfía porque los partidos colonizaron la cúpula judicial; el Gobierno usa esa desconfianza para deslegitimar a los jueces que no ha podido colonizar. El círculo es tan perfecto que casi merece admiración.

Porque de eso se trata: de preparar la absolución. Y para entenderlo conviene repasar el catálogo de eufemismos que esta legislatura nos ha ido regalando, uno por escándalo, con la puntualidad de un servicio público que funciona.

Uno imagina la escena: dos cafés, un cruasán y, de postre, la neutralización del cuerpo policial que más causas de corrupción ha destapado en este país

Unas reuniones de mandos de la Guardia Civil con una fontanera del partido, dedicada a buscar cómo desactivar a la Unidad Central Operativa que investiga al entorno del Gobierno, fueron "unos cafés". Dos cafés, exactamente, según la contabilidad oficial de la portavoz de gobierno, y ¿Quién puede condenar a nadie por tomar dos cafés? Uno imagina la escena: dos cafés, un cruasán y, de postre, la neutralización del cuerpo policial que más causas de corrupción ha destapado en este país. Hay cafeterías que sirven menús menos completos.

Un fiscal general del Estado que difundió datos confidenciales de un particular —datos que su cargo le obligaba, precisamente, a custodiar— no cometió ninguna tropelía: estaba, según nos explicaron desde todas las terminales, "defendiendo la verdad" y ¿Quién puede ser condenado por defender la verdad? La verdad debió de quedar defendidísima, porque el Tribunal Supremo lo condenó por revelación de secretos, convirtiéndolo en el primer fiscal general condenado de nuestra democracia. Un hito. Otros países coleccionan premios Nobel; nosotros coleccionamos precedentes jurisprudenciales sobre las cúpulas del Estado.

Los rescates de la SEPI a empresas de méritos discutibles y contactos indiscutibles fueron rigor técnico y salvación de empleo. Cincuenta y tres millones para una aerolínea al borde de la liquidación cuya principal ruta comercial parecía ser la que conecta con Caracas y ¿Quién puede ser condenado por salvar a una empresa? Cientos de millones para otra cuyos beneficiarios tenían la fortuna de moverse cerca de quien no debe nombrarse. Todo impecable, todo informado, todo casualidad. Y cuando los nombres propios del partido —un secretario de organización en prisión preventiva, su antecesor imputado, el círculo íntimo bajo sospecha— empezaron a acumularse en los sumarios, la respuesta no fue la asunción de responsabilidades sino la huida hacia arriba: aquí no hay corrupción, hay una conspiración de togas.

Y cuando la acumulación hace insostenible el goteo de explicaciones individuales, se pasa a la explicación total. Zapateros perseguidos por guardar las joyas de la abuela, Ábalos y Tito Berni condenados por amar

Cada semana, el episodio; cada semana, su eufemismo. Y cuando la acumulación hace insostenible el goteo de explicaciones individuales, se pasa a la explicación total. Zapateros perseguidos por guardar las joyas de la abuela, Ábalos y Tito Berni condenados por amar. Ya no hace falta justificar cada caso: basta con impugnar al que investiga. No es que haya corrupción, es que hay lawfare. La encuesta sincronizada del lunes no es un dato del debate público. Es el decorado del siguiente acto. Se publica el sondeo, un ministro comparece pidiendo a los jueces "autocrítica" —pedir autocrítica a los jueces, desde un gobierno con un fiscal general condenado, es un ejercicio de humorismo involuntario que Gila habría firmado—, y el relato queda servido para cuando lleguen los autos, los procesamientos y, eventualmente, las sentencias.

Pensemos, como siempre, en los incentivos, que es donde la política deja de ser teatro y enseña la contabilidad. ¿Qué gana un gobierno judicialmente cercado con un 65 por ciento de ciudadanos convencidos de que existe la guerra judicial? Lo gana todo. Cada citación deja de ser un indicio y pasa a ser una agresión. Cada registro de la UCO es una provocación. Cada auto de procesamiento, una trinchera enemiga. La sentencia futura —esa que algún día llegará, porque la justicia es lenta pero las causas avanzan— nace deslegitimada antes de escribirse. Condenar a un inocente perseguido no es justicia, es martirio; y el martirio, en política, cotiza al alza. Es el mismo principio de prestidigitación de siempre: mirad la toga, mirad la toga fijamente, para que nadie mire el sumario.

Un organismo público, dirigido desde hace años por un antiguo miembro de la dirección del partido gobernante, dedicado a producir los estados de opinión que el partido gobernante necesita, con cargo a los presupuestos generales

Hay algo, además, particularmente oneroso en el instrumento elegido. El CIS lo pagamos todos los contribuyentes, incluidos los que van a ser convencidos con su propio dinero de que no crean lo que ven. Un organismo público, dirigido desde hace años por un antiguo miembro de la dirección del partido gobernante, dedicado a producir los estados de opinión que el partido gobernante necesita, con cargo a los presupuestos generales. En Moscú, al menos, el aparato de propaganda no fingía ser un instituto científico independiente. Tenía la honestidad de sus membretes.

Lo verdaderamente descorazonador, sin embargo, no es la maniobra, que es vieja como el poder mismo. Es la clientela. Porque detrás de ese 65 por ciento hay, sin duda, muchos ciudadanos honradamente confundidos por años de ruido, de tertulias convertidas en trincheras y de titulares fabricados en serie. A esos no se les puede reprochar nada: son las víctimas del sistema, no sus cómplices. La psicología lleva décadas describiendo cómo el cerebro humano, expuesto a la repetición constante de una consigna, acaba confundiendo familiaridad con verdad. La mentira repetida no convence: desgasta. Y el desgaste, a escala industrial, produce mayorías demoscópicas.

Pero hay otra parte de esa clientela que merece un juicio distinto, y no pienso ahorrárselo. Son los que lo saben. Los que han leído los sumarios, han escuchado los audios, han visto las fechas y las cifras, y aplauden igual. Los que celebrarían los cafés, la filtración y el rescate con la misma devoción con que los denunciarían, indignadísimos, si los protagonizara el adversario. Ese estándar doble no es un despiste: es una elección. El hooligan no es un engañado; es un voluntario. Ha decidido, en libertad y con toda la información disponible, que la pertenencia vale más que la verdad, que su equipo no puede cometer falta ni, aunque la cometa delante de sus ojos. Y esa decisión no es un error intelectual. Es una bajeza moral.

Los regímenes que fabrican opinión necesitan exactamente eso: no súbditos que callen, sino partidarios que coreen. La propaganda no funciona por sí sola; funciona porque encuentra gargantas dispuestas a amplificarla gratis

Conviene decirlo así, porque los regímenes que fabrican opinión necesitan exactamente eso: no súbditos que callen, sino partidarios que coreen. La propaganda no funciona por sí sola; funciona porque encuentra gargantas dispuestas a amplificarla gratis. El aparato pone la consigna y el hooligan pone el entusiasmo, y entre los dos construyen esa mayoría de papel que luego los sondeos, oportunamente sincronizados, certifican con dos decimales. El 65,4. Qué precisión tan conmovedora. Ni el 65 ni el 66: el 65,4, para que parezca ciencia lo que es intendencia.

Vuelvo a Moscú, porque allí empezó este artículo y allí debe terminar. En aquellos años aprendí también la segunda lección, la que salvaba al sistema de la asfixia total: nadie creía a Pravda. La propaganda era omnipresente y perfectamente inútil, porque el ciudadano soviético había desarrollado, a fuerza de décadas, un órgano nuevo: la lectura entre líneas. Sabía que el periódico mentía, sabía qué mentía y sabía por qué mentía. El aparato producía consenso y la sociedad producía, en silencio, su antídoto.

Aquí, en una democracia con prensa libre, tribunales independientes y alternancia en el poder, un 65 por ciento declara creer exactamente lo que el poder necesita que crea, la misma semana en que el poder lo necesita, medido por el instrumento que el poder financia y difundido por los periódicos que el poder alimenta. La opinión sincronizada ha encontrado en España algo que el socialismo real nunca tuvo: público dispuesto. Y esa es la diferencia que debería quitarnos el sueño, porque de una maquinaria de propaganda se puede escapar; de una ciudadanía que pide más, no. Ojalá me equivoque. Pero me temo que, esta vez, los números —esos sí— no mienten.