La santificación del apestado
Cuenta la crónica política que en las elecciones municipales de mayo de 2011 muchos candidatos socialistas pidieron expresamente que el presidente del Gobierno no apareciera en sus mítines. El hombre que había gestionado la mayor destrucción de empleo de la democracia española —cinco millones de parados, una generación entera sin horizonte— se había convertido en el mejor argumento del adversario. El PSOE lo usó en campaña como se usa una prenda vergonzante: guardada en el armario, sin sacarla ni para ventilarla. Zapatero fue, en los últimos dos años de su presidencia, el político más costoso electoralmente de Europa occidental. Un lastre. Un apestado. Su propio partido lo trataba como si su simple presencia pudiera contagiar a los votantes de algo incurable.
Han pasado quince años. La semana pasada, el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ordenó el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid y lo imputó formalmente por tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, con extensión posible al blanqueo de capitales. El auto judicial describe una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" liderada por el expresidente. El importe aproximado del que se habrían beneficiado Zapatero y su entorno: cerca de dos millones de euros. El vehículo principal: una empresa llamada Análisis Relevante, propiedad de su amigo personal Julio Martínez Martínez, que a su vez cobró del entorno del rescate de la aerolínea Plus Ultra —rescatada por el gobierno de Sánchez en 2021 con cincuenta y tres millones de euros de dinero público— en concepto de asesorías que los investigadores consideran cuando menos opacas.
Es una hazaña intelectual que merece reconocimiento. Aplicar normas procesales con semejante selectividad requiere un entrenamiento sofisticado en la compartimentación moral
La reacción del Partido Socialista ha sido impecable en su coherencia interna. Pilar Alegría habló de "impacto difícil para cualquier ciudadano progresista". El portavoz del gobierno apuntó que el auto era "serio" pero que el ejecutivo mantendría su respaldo al expresidente. El propio Sánchez le expresó su apoyo en el Congreso. Y en el ecosistema de la izquierda española —el mismo que durante años llamó a Aznar el más corrupto de Europa por el caso Gürtel, que pedía la dimisión de Rajoy antes de que hubiera sentencia y que convirtió al "imputado" en sinónimo de culpabilidad moral— se invoca ahora la presunción de inocencia con la unción solemne de quien acaba de descubrir la Declaración Universal. Es una hazaña intelectual que merece reconocimiento. Aplicar normas procesales con semejante selectividad requiere un entrenamiento sofisticado en la compartimentación moral.
Conviene detenerse en lo que el juez describe, porque los detalles importan. La empresa Análisis Relevante pagó al expresidente en torno a setenta mil euros brutos al año entre 2020 y 2025 —extremo que el propio Zapatero reconoció ante el Senado en marzo— y también contrató a sus dos hijas para trabajos de marketing. A su vez, esa empresa ingresó casi medio millón de euros de Plus Ultra por asesorías relacionadas, entre otras cuestiones, con los problemas de la aerolínea en Venezuela. El mismo Venezuela donde Zapatero lleva años ejerciendo de mediador oficioso entre el régimen de Maduro y cualquier interlocutor que acepte sentarse a la mesa. El mismo Venezuela donde su actividad de consultoría geopolítica —así la definió él— resulta extraordinariamente conveniente para quien necesita acceso a despachos donde se toman decisiones sobre rescates con dinero público.
Si el protagonista vistiera otra corbata, el titular habría sido: "la trama"
El expresidente asegura que jamás ha participado en ninguna operación irregular. Puede ser cierto. Para eso están los tribunales. Pero el problema no es solo jurídico. Es que el arquitecto visible de la coalición que sostiene a Sánchez en el poder, el hombre que tejió los acuerdos con los independentistas, con Bildu, con los distintos socios de la geometría parlamentaria que hace posible este gobierno, resulta que durante años cobró de una empresa cuyo negocio central pasa por los favores que el régimen venezolano puede dispensar, y que esa misma aerolínea fue rescatada con dinero de todos los españoles por el ejecutivo al que Zapatero sostiene desde la sombra. Si el protagonista vistiera otra corbata, el titular habría sido: "la trama".
Pero hablemos del legado que sus defensores invocan, porque de eso se trata cuando la izquierda cierra filas: de la cuenta corriente moral acumulada. Pilar Alegría cita la retirada de las tropas de Irak, el fin de ETA y el matrimonio igualitario. Es un resumen generoso, por decirlo suavemente. Le falto comentar uno de sus mayores logros revivir una guerra civil que los españoles habían decidido superar solo por sus intereses electorales.
El fin de ETA es un logro histórico de la democracia española; que Zapatero intentó conseguir mediante un proceso de diálogo que fracasó, que los terroristas utilizaron para rearmarse, y que cuando se cerró definitivamente fue por la acción policial acumulada durante décadas
La retirada de Irak, decidida en los días posteriores al 11-M y ejecutada unilateralmente, fue interpretada por varios países aliados como la señal de que España podía doblarse bajo presión. Había debate legítimo sobre la guerra en Irak —lo hay— pero la forma y el momento de la retirada proyectó durante años la imagen de un socio atlántico cuya determinación era negociable. El fin de ETA es un logro histórico de la democracia española; que Zapatero intentó conseguir mediante un proceso de diálogo que fracasó, que los terroristas utilizaron para rearmarse, y que cuando se cerró definitivamente fue por la acción policial acumulada durante décadas, no por la negociación de Chereau que acabó en fiasco y en portadas vergonzantes. El matrimonio igualitario es una conquista social que la mayoría de los españoles apoya; que se cite como contrapeso a un auto de la Audiencia Nacional es, como mínimo, una curiosa jerarquía de la que deducir consecuencias.
Lo que nadie menciona en defensa de Zapatero es el resto del cuadro. El paro que escaló hasta superar el veinticinco por ciento. La generación de jóvenes que tuvo que emigrar —con formación pagada por el Estado— porque aquí no había trabajo. El negacionismo sistemático de la crisis: las sonrisas de anuncio mientras los indicadores se desmoronaban, la insistencia en que la economía española era "sólida" cuando la burbuja inmobiliaria —alimentada durante años por políticas crediticias y urbanísticas que el gobierno alentó sin pudor— ya estaba en combustión. El Estatut de Cataluña que el propio Tribunal Constitucional declaró parcialmente inconstitucional después de que Zapatero prometiera que aprobaría "lo que aprobara el Parlamento catalán", decisión que sembró la semilla que germinó en el Procés una década después. Los diálogos con ETA que dieron oxígeno político al entorno de la banda en su momento más frágil. La política exterior latinoamericana que convirtió a España en interlocutor de regímenes que no toleraban a su propia oposición.
Un expresidente que actúa como interlocutor privilegiado con Maduro, que viajó a Caracas a elogiar a Delcy Rodríguez en febrero de este año mientras otros líderes europeos la sancionaban, y que al mismo tiempo cobró de empresas cuyo negocio central dependía de los favores que ese régimen podía dispensar
Y Venezuela. Siempre Venezuela. El compromiso de Zapatero con el régimen bolivariano no pasa por encima de los hechos recientes; pasa exactamente por el centro de ellos. Un expresidente que actúa como interlocutor privilegiado con Maduro, que viajó a Caracas a elogiar a Delcy Rodríguez en febrero de este año mientras otros líderes europeos la sancionaban, y que al mismo tiempo cobró de empresas cuyo negocio central dependía de los favores que ese régimen podía dispensar. La coincidencia puede ser perfectamente legal. Pero la arquitectura del conflicto de interés está ahí, con todos sus pisos visibles, y negarse a verla requiere una voluntad de ceguera que los mismos que hoy invocan la presunción de inocencia no se aplicarían si el protagonista procediera del espectro contrario.
No existe aquí ningún argumento para anticipar veredicto alguno. El juez Calama ha imputado, no condenado. Zapatero declara el diecisiete de junio y tendrá la oportunidad de explicar todo lo que haya que explicar. Los tribunales dirán. Eso es exactamente lo que corresponde.
Pido exactamente lo que ellos exigían siempre: que se deje trabajar a la justicia sin presiones políticas, sin bulos desde la portavocía del gobierno o de su televisión
Lo que sí corresponde señalar es la incongruencia de quienes durante veinte años construyeron un uso político de la imputación como señal de culpabilidad moral, como argumento de campaña, como arma de destrucción institucional, y ahora piden sosiego procesal para uno de los suyos. No pido que la izquierda convierta la investigación en linchamiento. Pido exactamente lo que ellos exigían siempre: que se deje trabajar a la justicia sin presiones políticas, sin bulos desde la portavocía del gobierno o de su televisión. Sin declaraciones de apoyo presidencial en sede parlamentaria, sin construir el relato de víctima antes de que el instructor haya podido completar su trabajo.
Ese estándar lo inventaron ellos. Que les resulte tan difícil aplicárselo a sí mismos dice algo sobre la naturaleza del principio que invocaban.
En 2011, Zapatero era un apestado al que el PSOE mantuvo alejado de los mítines para no contaminar las candidaturas. En 2026, imputado en la Audiencia Nacional, es un héroe perseguido al que el presidente del Gobierno defiende en el Congreso. El trayecto entre ambos extremos no mide lo que le ha pasado a Zapatero. Mide lo que le ha pasado al PSOE, y a la política española que ese partido ha ido construyendo año tras año con los materiales que tenía a mano: la conveniencia táctica, la doble vara de medir y la sonrisa como respuesta universal a las preguntas incómodas.
Esa sonrisa que lo fotografiaron al salir de Ferraz después del registro. La misma de siempre. Lo que cambia es que ya no hay nadie que se crea que no esconde nada.