El próximo sábado 18 de octubre, a las doce del mediodía, frente a la Delegación del Gobierno en Oviedo, leoneses, asturianos y gallegos vamos a decir basta. Basta de pagar por una autopista que debió ser gratuita hace cuatro años. Basta de aceptar que mientras toda España ve caer las barreras de sus autopistas, nosotros seguimos condenados a pagar hasta 2050 por una prórroga que Europa ha declarado ilegal.

Esta no es una tribuna sobre infraestructuras. Es un grito de indignación ante el agravio territorial más obsceno de la España democrática. Y es una llamada inequívoca a llenar las calles de Oviedo este sábado, porque si nosotros no defendemos nuestros derechos, nadie lo hará por nosotros.

El robo perfecto: cuando lo ilegal se convierte en negocio

Hablemos claro. El peaje del Huerna es un latrocinio legalizado. Ochenta millones de euros al año drenados de León y Asturias hacia las arcas de Aucalsa, empresa controlada por APG, un fondo de pensiones holandés mientras nosotros perdemos competitividad, empresas y futuro.

Las cifras son obscenas. Desde que esta autopista abrió en 1983, ha recaudado más de novecientos millones de euros. La concesionaria prevé ingresar otros dos mil millones hasta 2050. Treinta y un euros ida y vuelta por setenta y ocho kilómetros de montaña. Uno de los peajes más caros de España por kilómetro recorrido. Y todo ello cuando la concesión original finalizó el 17 de octubre de 2021. Hace exactamente cuatro años.

Porque aquí está el núcleo del escándalo: esta autopista no debería cobrar ni un céntimo desde octubre de 2021. El contrato firmado bajo Franco establecía que la concesión expiraba ese día. Punto. Pero en el año 2000, Fomento, decidió prorrogar la concesión veintinueve años más. Sin licitación pública. Sin concurso. Sin transparencia. Una adjudicación directa que vulneró todas las normas europeas de contratación pública.

Y no es opinión. En julio de este año, la Comisión Europea declaró formalmente ilegal esa prórroga. Lo hizo en un dictamen demoledor que advierte a España: o rectifica o acaba ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas español ya había alertado en 2004 de las irregularidades. Dos décadas de avisos. Dos décadas de mirar hacia otro lado.

El privilegio territorial al revés: cuando España libera y León paga

Mientras tanto, el resto de España ha visto liberarse más de mil kilómetros de autopistas de peaje. Desde 2018, han caído las barreras de la AP-1 en Burgos, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, la AP-7 desde Valencia hasta Alicante, los trescientos setenta y cinco kilómetros de la AP-7 en Cataluña, la AP-2 entre Zaragoza y Tarragona. Más de mil kilómetros. Mil cuatrocientos millones de euros anuales de ahorro para ciudadanos de Cataluña, Valencia, Andalucía y Aragón.

Todas esas autopistas se construyeron en la misma época que el Huerna. Todas tuvieron concesiones similares. Todas llegaron al fin de su contrato original y fueron liberadas. Todas menos una. La nuestra. Porque a León y Asturias se nos aplicó un régimen de excepción. El privilegio al revés. La discriminación territorial convertida en política de Estado.

De Burgos a Cádiz, de Tarragona a Valencia, de Sevilla a La Junquera, las barreras cayeron. Solo en el Huerna —el eje que une la Meseta con el Cantábrico— seguimos pagando por un túnel que Europa ya declaró libre

Y no se diga que es porque la inversión no estaba amortizada. Aucalsa admite que recuperó su inversión hace años. Solo invirtió seiscientos millones. Va a recaudar dos mil seiscientos. Para nosotros, cuatro décadas pagando por una infraestructura que ya está más que pagada.

La excusa es siempre la misma: el rescate costaría millones que pagarían todos los españoles. Falso de toda falsedad. Un contrato ilegal no genera derecho a indemnización. Si Europa dice que la prórroga fue irregular, anúlala y punto. Que reclamen lo que quieran. Ningún tribunal europeo va a avalar una indemnización por un contrato que vulneró el derecho comunitario.

Y mientras nos cuentan ese cuento, el Estado ha gastado cincuenta millones en anticipos a Aucalsa y otros sesenta y ocho millones en modernizar los túneles. Con dinero público. Sin rebajar el peaje. Socializamos la inversión, privatizamos los beneficios. El manual del capitalismo de amiguetes.

Las bonificaciones: limosna para disimular el saqueo

El Gobierno presume de bonificaciones. Seis millones de euros presupuestados para descuentos en 2025. ¿Saben cuánto se ejecutó? Un millón trescientos mil. Una sexta parte. Migajas. Mientras tanto, la concesionaria ingresa ochenta millones anuales.

Las bonificaciones son un insulto. Descuentos del quince, treinta o sesenta por ciento según número de viajes. Pero hay que tener telepeaje. Y hay que hacer al menos tres recorridos completos al mes para acceder al descuento máximo. Un sistema diseñado para parecer generoso mientras excluye a quien no puede permitirse viajar frecuentemente.

Es la política del gesto. Aparentar que se hace algo mientras todo sigue igual. Anunciar medidas, generar titulares, olvidarse del asunto. Y seguir cobrando.

Oviedo, 18 de octubre: la cita con la dignidad

Por eso el sábado 18 de octubre es importante. Porque los políticos solo entienden dos idiomas: los votos y la calle. Y como los votos solo llegan cada cuatro años, nos toca la calle.

La Unión Independiente de Transportistas Autónomos, las cooperativas de transporte, la

Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna No, asociaciones vecinales y sindicatos de Asturias, León y Galicia han convocado una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Oviedo. Doce del mediodía. Es nuestra oportunidad de demostrar que no vamos a resignarnos.

No es solo una cuestión de transportistas. Nos afecta a todos. Cada empresa que no se instala aquí porque la logística es más cara. Cada joven que se marcha porque no hay oportunidades. Cada turista que elige otra ruta porque le parece un disparate pagar treinta euros por atravesar una montaña. Todo eso es el peaje. Un impuesto no declarado que frena nuestro desarrollo.

Y quien diga que protestar no sirve, que mire a Cataluña. Llevaban años quejándose de sus peajes. Movilizándose. Presionando. Y sus autopistas son hoy gratuitas. Todas. Mientras nosotros seguimos con la guitarra, ellos se llevaron la orquesta.

Yo defiendo la libertad económica, la competencia y la igualdad de oportunidades. El peaje del Huerna pervierte los tres principios.

Primero, porque no hay libertad de mercado cuando un monopolio territorial te impone un peaje sin alternativa real. La N-630 por Pajares es problemática en invierno y lenta el resto del año. No hay competencia. Es pagar o no circular.

Segundo, porque el origen de este monopolio es un contrato irregular que violó las normas de competencia europeas. No hubo licitación. No hubo transparencia. No hubo igualdad de trato. Fue una adjudicación a dedo que blindó un privilegio durante cincuenta años.

Tercero, porque genera una desigualdad territorial insoportable. Ciudadanos de otras comunidades viajan gratis por autopistas idénticas a la nuestra. Nosotros pagamos. No por ser mejores. No por tener más servicios. Simplemente porque un gobierno decidió hace veinticinco años regalarnos a un fondo holandés.

Defender la igualdad ante la ley, la competencia justa y que nadie tenga privilegios a costa del resto. El peaje del Huerna es la antítesis del liberalismo. Es el capitalismo extractivo en su versión más obscena.

Lo que está en juego: dignidad y futuro

Esto no va solo de dinero. Va de dignidad. De que no nos traten como ciudadanos de segunda. De que España no puede tener dos velocidades: la de quienes circulan gratis y la de quienes pagamos por el mismo servicio.

Va también de futuro. Cada año que mantenemos el peaje es un año que perdemos competitividad. Las empresas comparan costes logísticos y eligen dónde instalarse. 

Y va, sobre todo, de demostrar que no somos rehenes de las decisiones tomadas en Madrid sin contar con nosotros. Que cuando Europa dice que algo es ilegal, no vale el "ya veremos". Que cuando toda España libera autopistas, no pueden dejarnos como excepción.

La hora de actuar

El Gobierno de Sánchez tiene dos opciones. Puede aprovechar la declaración de ilegalidad europea para anular la prórroga y liberar el peaje sin indemnización. O puede seguir defendiendo un contrato irregular, arriesgarse a una condena del Tribunal de Justicia Europeo y perpetuar el agravio.

Todo indica que elegirá la segunda. Porque el PSOE hace cuentas y sabe que nuestros territorios cada vez suman menos votos. Porque mantener el peaje no le cuesta votos en Madrid, Barcelona o Sevilla. 

Por eso nos toca a nosotros. Llenar Oviedo el sábado 18. Demostrar que somos muchos y estamos hartos. Exigir lo que es de justicia: que se anule una prórroga ilegal, que se libere inmediatamente el peaje. 

No pedimos favores. No pedimos privilegios. Pedimos igualdad. Que nos traten como al resto de España. Que pongan fin a cuatro décadas de saqueo legalizado.

Todos a Oviedo

Este sábado a las doce, frente a la Delegación del Gobierno en Oviedo, leoneses, asturianos y gallegos vamos a hacer historia. O al menos, vamos a intentarlo. Porque las injusticias no se corrigen solas. Las corrige la gente cuando decide que basta ya.

Que nadie diga después que no sabía. Que nadie se queje de que las cosas no cambian si no fue capaz de dedicar una mañana a defender sus derechos. Que nadie espere que otros solucionen lo que nos afecta a todos.

El Huerna es nuestro. La autopista es nuestra. El dinero que pagamos es nuestro. Y el derecho a exigir justicia también.

Leoneses, asturianos y gallegos unidos no por siglas, sino por dignidad. Porque lo que nos separa de los demás no es una montaña: es una barrera injusta levantada por el poder

Nos vemos en Oviedo. Porque esto no se acaba hasta que caiga la última barrera.