Ni acata, ni respeta

Cada año que pasa tengo más admiración a todos aquellos que nos brindaron la ocasión de que nuestros jóvenes hayan nacido en un país cuya democracia, hasta fechas bien recientes, no solo no se cuestionaba, sino que se entendía como el fruto de una Transición en la que todos los españoles, de cualquier sentir e ideología, miraron con generosidad hacia adelante, aparcando los errores del pasado.

Nuestros padres y abuelos se erigieron en protagonistas de un futuro que querían hacer presente para ofrecérselo como oportunidad a las siguientes generaciones. 

En aquella incipiente democracia constitucional que algunos vivimos como jóvenes estudiantes de derecho, tuve la suerte de que insignes profesores como mi maestro, Rafael Calvo Ortega, el inigualable Pedro de Vega, o los brillantísimos Alejandro Nieto o Santiago Muñoz Machado…, entre otros muchos, me convencieran de que la democracia es el mejor de los regímenes posibles, en tanto que entiende la ley como la voluntad del pueblo expresada a través de sus representantes legítimos en el Parlamento. De ahí que la inacción del Poder legislativo, cuyo paradigma es la incapacidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, a algunos de nosotros nos parezca tan preocupante al evidenciar que nuestra democracia no funciona como debería, separándose del modelo que muchos de mi generación interiorizamos y siempre hemos defendido. 

En el marco de un Estado Constitucional los poderes constituidos- Legislativo, Ejecutivo y Judicial- como únicos órganos legítimos de la soberanía nacional, tienen claramente definidos sus cometidos, producto de un proceso jalonado de continuas conquistas que han garantizado la libertad de todos

Otro de los rasgos de nuestra democracia constitucional, al menos como yo la he entendido siempre, es que los poderes del Estado sólo pueden actuar dentro de los ámbitos que la Constitución les permite. En el marco de un Estado Constitucional los poderes constituidos- Legislativo, Ejecutivo y Judicial- como únicos órganos legítimos de la soberanía nacional, tienen claramente definidos sus cometidos, producto de un proceso jalonado de continuas conquistas que han garantizado la libertad de todos. Precisamente por ello, dichos cometidos se someten a un complejo sistema de mecanismos limitadores y controladores que tienen como finalidad hacer efectiva la clásica división de poderes de Montesquieu, propia de las democracias de calidad. 

Y hasta aquí las reflexiones teóricas que, en mi caso, tengo profundamente arraigadas en mi sentir democrático; tanto, que debo insistir, una vez más, en lo inquietante que resulta la constante falta de respeto a ese principio de separación de poderes como muestra indudable del actual retroceso que está sufriendo nuestro Estado democrático. En concreto, quiero referirme hoy a las descaradas intromisiones que el Poder Ejecutivo en boca de sus ministros- o ministrillos- y de su líder supremo- el flamante Sánchez- han venido realizando frente al ejercicio de sus legítimos cometidos por parte del Poder Judicial respecto al asunto del ya defenestrado Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.   

 Si después de la presión sin límite ejercida, el Tribunal Supremo se ha decantado por poner un poco de orden en tanto destrozo, creo que todavía hay esperanza

Estas intromisiones han sido ex ante y ex post; las primeras como medida de presión indudable que llegaron al histrionismo cuando Sánchez  nos preguntaba a todos los españoles quién iba a pedir perdón al actual condenado, y ello sin obviar el papel de sus huestes que se dedicaron a invadir los medios y las redes con opiniones infundadas acerca de la pretendida inocencia del referido Fiscal General-; las segundas, bochornosas, han aparecido al aluvión tras hacerse público el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo el pasado miércoles, en el que, como imponía el sentido común,  se condena a Álvaro García Ortiz por su empleo torticero de los resortes del poder.

 Si después de la presión sin límite ejercida, el Tribunal Supremo se ha decantado por poner un poco de orden en tanto destrozo, creo que todavía hay esperanza; este aldabonazo judicial demuestra que aún vivimos en una democracia y que todavía hay quien, pese a todo pronóstico gubernativo, lucha porque así siga siendo.  Chapó por nuestro Tribunal Supremo en esta demostración de que el Poder Judicial es el necesario contrapeso de cualquier mal ejercicio del Poder Ejecutivo (y lo digo porque es ahí donde Sánchez situó al citado Fiscal).    

 Pero no se aquietan, no. Después de unos días de reflexión para canalizar su profundo cabreo, el amado líder ha dicho “de boquilla” que el Ejecutivo respeta y acata el fallo del Tribunal Supremo- como si pudiera hacer algo distinto- aunque -y aquí viene el problema- ha verbalizado  textualmente que “discrepa sobre la orientación de la sentencia”…“creo en la inocencia del Fiscal General del Estado", insistiendo: "lo manifiesto porque creo en la inocencia del Fiscal General del Estado y porque creo que con los testimonios que han dado periodistas acreditados de dilatada experiencia en información judicial se ha manifestado que el fiscal no era el origen de las supuestas filtraciones de las que le acusa la pareja de Isabel Díaz Ayuso". 

Las palabras de Sánchez, cuestionando desde su posición de “Presidente” el sentido del fallo, e insistiendo en una inocencia  que no se cree ni el propio Álvaro García Ortiz- que asumió sin ambages la autoría de la nota y sus entrecomillados- demuestran que de facto ni acata ni respeta la sentencia del Tribunal Supremo

Con este sopesado remate dominical de los machacones mensajes vertidos por todo el Gobierno en tromba que ha deslizado que se trata de una “sentencia política” con la que, según la Vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se salen con la suya los sectores del Poder Judicial que quieren tumbarles, percibo una nueva y más que cuestionable invasión, por parte de Sánchez, del ámbito de las competencias propias del Poder Judicial. Y ello por no hablar de cómo se puede decir que se discrepa de la orientación de una sentencia cuando aún no se conoce su contenido … un auténtico crack.

 Las palabras de Sánchez, cuestionando desde su posición de “Presidente” el sentido del fallo, e insistiendo en una inocencia  que no se cree ni el propio Álvaro García Ortiz- que asumió sin ambages la autoría de la nota y sus entrecomillados- demuestran que de facto ni acata ni respeta la sentencia del Tribunal Supremo; seguramente tampoco lo hará -salvo que no sean condenatorios- con los futuros pronunciamientos que veremos en los casos de su mujer, su hermano, Koldo, Ábalos, Cerdán, Leyre… y un largo etcétera de imputados por corrupción tan cercanos a su persona.