Mañueco saca adelante un techo de gasto histórico de 14.183 millones de euros
La abstención del PSOE, Soria Ya y Por Ávila permite al Gobierno autonómico sentar las bases de un nuevo proyecto de ley de presupuestos tras inadmitirse el presentado la semana pasada.
El pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó este miércoles un límite de gasto no financiero para 2026 de 14.183 millones de euros, que será la base del nuevo proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad, que tendrá que registrar de nuevo la Junta tras inadmitirse el presentado la semana pasada. El voto favorable del Grupo Popular y los dos procuradores no adscritos -Ana Rosa Hernando y Javier Teira-, junto a la abstención de los socialistas, Soria YA y Por Ávila, permitieron que saliera adelante pesar del ‘no’ de Vox, UPL, Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea.
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tomó la palabra para presentar el acuerdo adoptado por la Junta el pasado 9 de octubre y pedir el apoyo de la cámara al ‘techo de gasto’, ya que sostuvo abriría el debate en torno a las “iniciativas” presupuestarias. “Tendemos la mano a todos los grupos”, dijo, para alcanzar un “buen acuerdo” ya que sostuvo los ciudadanos demandan “responsabilidad”.
Un techo de gasto de récord
En concreto, el ‘techo de gasto’ de 14.183 millones se incrementa un 5,14 por ciento respecto al ‘techo de gasto’ aprobado en 2025, y es la cifra más alta desde que el Ejecutivo autonómico calcula esta magnitud que sirve de referencia para la elaboración de las cuentas. En concreto, se basa en unos ingresos no financieros de 14.122,12 millones de euros, junto a los recursos asociados al déficit, que equivale a 82,9 millones, al representar una décima del Producto Interior Bruto (PIB). A esta cantidad habría que restar 21,73 millones de ajustes de contabilidad. Además, se ha calculado con una ratio de la deuda inferior al 18,5 por ciento del PIB.
La Junta incluye un escenario macroeconómico que contempla un crecimiento del 2,2 por ciento, una previsión de tasa de paro del ocho por ciento y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 1,8 por ciento. Estas previsiones fueron avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
