Piden 21 años de prisión para los líderes de la trama que falsificaba vinos de la DO Bierzo
La Audiencia Provincial de León sentará en el banquillo a siete personas acusadas de integrar una presunta organización dedicada a falsificar y comercializar vino bajo sellos de calidad protegidos. La Fiscalía considera que la trama introdujo en el mercado cerca de dos millones de botellas utilizando de forma fraudulenta referencias de la Denominación de Origen Bierzo, la DO La Mancha y la Indicación Geográfica Protegida Vino de la Tierra de Castilla y León.
El Ministerio Fiscal solicita las penas más elevadas para tres miembros de una misma familia de origen orensano —un matrimonio y su hijo— a quienes atribuye el liderazgo de la estructura empresarial investigada. Para ellos reclama hasta 21 años de cárcel por delitos relacionados con organización criminal, estafa, falsificación documental, delitos contra la salud pública y contra la propiedad industrial.
La investigación arrancó en 2018 después de que la Denominación de Origen Bierzo detectara anomalías en las contraetiquetas empleadas por una bodega situada en el municipio berciano de Cabañas Raras.
La operación 'Baco2019'
A partir de aquella denuncia, la Guardia Civil puso en marcha la operación denominada “Baco2019”, desarrollada por agentes del Seprona y apoyada por inspectores de la Junta de Castilla y León y de la Xunta de Galicia.
Las pesquisas apuntan a que varias sociedades mercantiles vinculadas a la familia investigada adquirían grandes cantidades de vino procedente de distintas comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, La Rioja, Galicia y Valencia, para comercializarlo posteriormente bajo indicaciones geográficas y denominaciones de origen que no se correspondían con su procedencia real.
Según el escrito de acusación, una de las piezas centrales de la actividad investigada era una empresa con sede en Cabañas Raras que habría servido como plataforma para introducir esos productos en el mercado berciano.
Etiquetas falsas y productos adulterados
La Fiscalía sostiene que los acusados utilizaron etiquetas, tirillas de control y contraetiquetas de manera irregular, superando presuntamente las cantidades autorizadas y atribuyendo características falsas a los vinos comercializados.
La causa también señala la supuesta participación de dos enólogos en la manipulación de los productos. Entre las sustancias detectadas durante la investigación figura natamicina, un antibiótico cuya utilización en este tipo de vinos está prohibida y que constituye uno de los argumentos empleados por la acusación para sostener un presunto delito contra la salud pública.
Las actuaciones administrativas derivadas de la investigación llegaron incluso a motivar órdenes de cierre sobre algunas instalaciones relacionadas con la actividad investigada.
Millonarias responsabilidades civiles
La causa incluye además a una imprenta de la provincia de Ourense, donde supuestamente se elaboraban parte de las etiquetas y elementos identificativos empleados en el fraude, así como a otras empresas relacionadas con el embotellado y distribución.
Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama indemnizaciones económicas calculadas en función del número de botellas presuntamente comercializadas de manera irregular. La petición incluye compensaciones de un euro por cada botella distribuida.
En ese reparto de responsabilidades civiles, la Denominación de Origen Bierzo percibiría 284.000 euros; la DO La Mancha, 180.000 euros; y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), más de un millón de euros vinculados a productos comercializados bajo la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León.
El resto de acusados se enfrenta a penas que oscilan entre los cinco y los diecisiete años de prisión, según el grado de implicación que les atribuye el Ministerio Fiscal.
Las claves
La clave del caso está en que la Fiscalía sostiene que la trama no solo vendía vino con etiquetas presuntamente falsas, sino que utilizaba sellos oficiales de calidad —como la DO Bierzo o la DO La Mancha— para comercializar productos cuya procedencia y composición no se correspondían con lo indicado en las botellas.
La investigación considera que el fraude alcanzó cerca de dos millones de botellas y que la red habría creado un sistema empresarial para introducir esos vinos en el mercado aprovechando el prestigio de varias denominaciones de origen.
