Asturias activa una ofensiva legal para anular la prórroga del peaje del Huerna y dar un nuevo impulso a la conexión con León
El Gobierno del Principado ha dado un paso determinante en su estrategia para forzar el fin del peaje del Huerna, la autopista AP-66 que vertebra la comunicación entre León y Asturias y constituye el principal enlace entre la Meseta y el Principado. El Consejo de Gobierno autorizó la interposición de una acción de nulidad frente a la Administración General del Estado, con el objetivo de invalidar la prórroga de la concesión aprobada en marzo del año 2000. Aquel real decreto extendió el contrato hasta 2050, casi tres décadas más de lo previsto en la concesión original de 1975.
Este procedimiento, habitual en el ámbito administrativo, permite reclamar que un acto estatal quede sin efecto por considerarse contrario a Derecho. La iniciativa es el paso previo a un posible litigio ante la jurisdicción contencioso-administrativa si el Estado rechaza iniciarlo, prerrogativa que tiene reconocida.
Alejandro Calvo, designado para defender la acción
El Ejecutivo autonómico asturiano ha encargado al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, la representación institucional en este proceso. La medida se enmarca en la hoja de ruta consensuada con la Alianza por las Infraestructuras, que reclama desde hace años la supresión del peaje. El Gobierno central, con el ministro Óscar Puente al frente de Transportes, sostiene que rescatar la autopista implicaría una indemnización elevada a la concesionaria Aucalsa, y rechaza esa vía por motivos económicos.
Informes jurídicos que cuestionan la ampliación del contrato
Los análisis de la consejería y de los servicios jurídicos del Principado, ratificados íntegramente por el Consejo Consultivo, sostienen que la ampliación de 2000 modificó sustancialmente el equilibrio económico de la concesión e introdujo cambios que, de facto, equivaldrían a una nueva adjudicación sin licitación pública. Estos documentos también apuntan a incumplimientos de la normativa europea de contratación, incluida la Directiva 93/37/CEE, y a una tramitación que habría prescindido del procedimiento legal exigido.
Con esta argumentación, el Principado defiende que la prórroga otorgó beneficios económicos indebidos al operador privado y generó un perjuicio prolongado para la economía asturiana, muy dependiente de la AP-66 como eje logístico hacia la Meseta.
Respaldos europeos y aportaciones externas
La iniciativa se apoya adicionalmente en la resolución emitida por la Comisión Europea el 17 de julio de 2025, que concluyó que tanto la extensión del contrato del Huerna como la de la AP-9 gallega vulneraron el Derecho de la Unión. El Gobierno autonómico ha remitido a la Dirección General de Mercado Interior un amplio expediente con informes jurídicos, estudios económicos y una recopilación histórico-administrativa del contrato.
Entre la documentación se ha incorporado el estudio encargado por la diputada Covadonga Tomé, incluido por su utilidad para reforzar la argumentación. El Ejecutivo asturiano subraya que la acción de nulidad es clave para intentar poner fin a dos décadas de sobrecostes que han lastrado la competitividad regional y el tránsito diario entre Asturias y León.
El Huerna, un enlace estratégico para la movilidad norte-sur
Más allá de su dimensión jurídica, el Gobierno de Barbón insiste en que la AP-66 es la columna vertebral que une Asturias con León, garantizando la conexión entre la vertiente cantábrica y la Meseta. Su papel estratégico explica el empeño del Principado en recuperar la normalidad tarifaria en un corredor decisivo para el transporte de mercancías, los desplazamientos laborales y la cohesión territorial.
El Ejecutivo autonómico afirma que continuará utilizando todas las herramientas disponibles, incluidas las vías europeas, para restablecer la legalidad y avanzar hacia la eliminación del peaje que grava la principal puerta de entrada al Principado por el sur.