UPL lleva a la Fiscalía la situación de la AP-66 tras la sentencia del Supremo sobre peajes
El Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha presentado este lunes una solicitud ante la Fiscalía de León para que se investigue la situación de la autopista AP-66, concesionada a Aucalsa, tras la reciente Sentencia del Tribunal Supremo nº 1441/2025, que declara “abusiva la práctica de cobrar íntegramente el peaje en autopistas de titularidad concesionada cuando el servicio no se presta en condiciones satisfactorias de fluidez o seguridad, y sin información previa a los usuarios”.
En su petición, UPL solicita que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible verifique el cumplimiento de esta sentencia y que se exija a la concesionaria “el reintegro total o parcial del importe de los peajes abonados por los usuarios que hayan sufrido retrasos significativos”.
Obras y cortes que afectan a los usuarios
Actualmente, la AP-66 presenta diversas obras de adecuación en túneles y un argayo que ha provocado cortes y ralentizaciones graves del tráfico, aumentando el tiempo de viaje de forma notable. A pesar de estas circunstancias, la concesionaria mantiene el cobro habitual del peaje y no proporciona información suficiente sobre desvíos o incidencias a los usuarios, lo que impide una “decisión informada sobre la utilización de la vía de peaje”, según señalan desde UPL.
Acción coordinada con Asturias
La petición de UPL se realiza de manera paralela a la presentada en la Fiscalía del Principado de Asturias por la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna ¡No!, liderada por el exdiputado asturiano Daniel Ripa, para exigir medidas similares contra las irregularidades en la AP-66.
UPL subraya que la acción se fundamenta en la legislación de defensa de los consumidores y en la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, con el objetivo de garantizar que “los usuarios conozcan las incidencias existentes antes de decidir su acceso a la vía de peaje, en cumplimiento efectivo del principio de reciprocidad contractual”.
