El Supremo sentencia que se debe devolver el peaje si la presencia de obras, como sucede en el Huerna, afecta a la circulación rodada
El Gobierno del Principado de Asturias no descarta acudir a los tribunales para reclamar la devolución del peaje de la autopista del Huerna (AP-66), que une Asturias con León, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la concesionaria Audasa —gestora de la AP-9 gallega— a devolver los importes cobrados durante los años en que las obras del puente de Rande causaron reiteradas incidencias y atascos.
La vicepresidenta del Ejecutivo asturiano, Gimena Llamedo, aseguró este jueves que el fallo “requiere de un análisis detallado para determinar si puede aplicarse a nuestra situación”. Llamedo añadió que el Principado “seguirá liderando los pasos necesarios para acabar con un peaje injusto”, adelantando que solicitarán la revisión de oficio como paso previo a un posible recurso contencioso-administrativo.
Un peaje histórico y una autopista esencial para León
El peaje del Huerna, actualmente fijado en 15,60 euros, es el más alto de su historia. Esta autopista, que enlaza Campomanes (Asturias) con La Magdalena (León), constituye la principal conexión rápida entre Asturias y la provincia leonesa, siendo clave para el transporte de mercancías, el turismo y las comunicaciones entre la Meseta y el Cantábrico.
Para León, la importancia del Huerna es estratégica: más del 80 % del tráfico pesado que conecta la provincia con el norte peninsular utiliza este corredor. Por ello, las continuas obras y restricciones han generado un impacto directo en la economía leonesa, con retrasos en el transporte logístico y un incremento de costes para las empresas.
Obras interminables y tráfico ralentizado
La autopista acumula desde hace meses numerosas incidencias. El argayo del kilómetro 76, en el concejo asturiano de Lena, ha reducido la circulación desde noviembre de 2024, obligando a un desvío provisional con solo un carril de bajada y limitación de velocidad a 40 km/h. Las obras de reparación no concluirán, según Fomento, hasta agosto de 2026.
Además, los túneles de Entrerregueras, Pando, Vegaviesga, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios están en proceso de rehabilitación, generando cortes y limitaciones de velocidad de hasta 50 km/h. En el túnel del Negrón, frontera natural entre Asturias y Castilla y León, los trabajos continuarán hasta el 23 de diciembre de 2025.
Estas incidencias han alargado notablemente los tiempos de viaje: el trayecto Oviedo–Madrid, que normalmente ronda las 4 horas y 30 minutos, se ha extendido hasta 5 horas o más, especialmente durante los fines de semana o festivos.
Un precedente judicial que podría cambiar la situación
La sentencia del Tribunal Supremo contra Audasa marca un antes y un después. Los magistrados determinaron que la concesionaria vulneró los derechos de los usuarios al cobrar el peaje completo pese a las reiteradas retenciones por obras, sin ofrecer información suficiente para permitir elegir rutas alternativas.
El fallo, que obliga a devolver los importes cobrados entre 2015 y 2018 en la AP-9, podría sentar un precedente aplicable a la AP-66, también bajo investigación de la Comisión Europea por supuestas irregularidades en la gestión de su concesión.
Tanto la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) como Comisiones Obreras han reclamado una rebaja temporal o suspensión del peaje mientras duren las obras. Desde León, asociaciones de transportistas y representantes de la Confederación de Empresarios Leoneses (CEL) se suman a la petición, argumentando que “el peaje no puede mantenerse intacto cuando el servicio está claramente limitado”.
Una decisión que trasciende fronteras
Lo que ocurra con el peaje del Huerna no solo afecta a los asturianos: León depende de esa autopista para mantener su conexión rápida con el norte. La posible devolución de los importes cobrados o la revisión de tarifas durante las obras supondría un alivio económico para miles de conductores y empresas.
La resolución del Supremo abre así una oportunidad para corregir lo que muchos consideran una injusticia prolongada, y coloca de nuevo en el debate público la necesidad de replantear el modelo concesional de las autopistas del noroeste español.
