Bruselas pone bajo la lupa la privatización de Aucalsa y la prórroga del peaje del Huerna firmada por el Gobierno de Aznar
La Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento por posible infracción contra España a raíz de la prórroga de la concesión del peaje del Huerna (AP-66), una decisión adoptada en marzo del año 2000 por el Gobierno de José María Aznar. Bruselas considera que aquella ampliación, que extendía el contrato hasta 2050, se realizó sin respetar los principios de competencia y transparencia exigidos por la normativa comunitaria.
Según el dictamen motivado del Ejecutivo comunitario, la operación impulsada bajo la gestión del entonces ministro asturiano Francisco Álvarez-Cascos —primero vicepresidente y luego titular de Fomento— se habría llevado a cabo sin concurso público y con el objetivo de aumentar el valor de la empresa concesionaria antes de su privatización.
La estrategia de venta de Enausa
El núcleo de las objeciones de Bruselas reside en la privatización de Enausa, el grupo público que integraba a Aucalsa. Documentos incluidos en el expediente revelan que, en 1999, nueve meses antes de la prórroga del contrato, la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPa) convocó un concurso para contratar un asesor financiero con el fin de estudiar “las alternativas de venta” de la concesionaria. El encargo recayó en Argentaria —entidad que más tarde se fusionaría con BBV para dar lugar al actual BBVA—.
Para la Comisión, este paso demuestra que el Ejecutivo de Aznar ya había diseñado una hoja de ruta para privatizar Aucalsa antes incluso de modificar las condiciones del contrato de concesión. Bruselas interpreta que la ampliación del plazo no fue una decisión técnica, sino una maniobra para incrementar el atractivo económico de la empresa.
De la prórroga a la venta
Tras la ampliación del peaje en marzo de 2000, el proceso de privatización se aceleró. En mayo de 2001, el Consejo de Ministros transfirió las acciones de Aucalsa a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que en noviembre de 2002 aprobó el pliego de condiciones para su venta. La SEPI envió una comunicación a 52 posibles interesados y, finalmente, en mayo de 2003 adjudicó la operación a un consorcio liderado por Sacyr por un importe de 1.585 millones de euros. La firma definitiva se realizó el 11 de junio de ese mismo año.
Bruselas cuestiona la transparencia del proceso
El dictamen comunitario sostiene que la venta de Aucalsa “equivalió en la práctica a la adjudicación de nuevos contratos de concesión” al consorcio comprador. En opinión de la Comisión, la falta de un procedimiento abierto y la limitada publicidad de la operación vulneraron los principios de igualdad de trato y transparencia exigidos por la legislación europea.
Las conclusiones del informe apuntan también a la similitud entre el caso del Huerna y el de la autopista gallega AP-9, cuya concesión fue prorrogada en circunstancias paralelas. Bruselas estudia ahora los posibles pasos a seguir en el procedimiento de infracción abierto contra España.
