El Común pide al Ayuntamiento de León que "garantice la seguridad física" de los socorristas de las piscinas
El Procurador del Común solicitó al Ayuntamiento de León que adopte una serie de medidas para “garantizar la seguridad física y establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo” de los socorristas que trabajan a su cargo en las piscinas municipales.
Según trasladó la Asociación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo en un comunicado recogido por Ical, el Procurador del Común requirió al Ayuntamiento de León a que implemente una serie de medidas cuyo incumplimiento fue denunciado por un socorrista en el mes mayo y que “habían sido constatadas por una auditoría privada externa y, más tarde, ratificadas por un informe de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, el gobierno regional de este territorio”.
Consultivo
En este sentido, el Procurador del Común recordó al Ayuntamiento de León que “el Consejo Consultivo de Castilla y León ha apreciado en numerosos casos la existencia de responsabilidad patrimonial como consecuencia del incumplimiento de las normas legales y reglamentarias en materia de prevención de riesgos laborales” y le instó tener en cuenta el derecho de los trabajadores, en este caso los socorristas, “a su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales, así como a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”.
Fue el socorrista José Manuel Díez Herrero quien, en mayo del pasado año, denunció que “se estaba poniendo en peligro la salud de los usuarios, cursillistas, deportistas y trabajadores -socorristas y monitores- por un incumplimiento de la normativa de piscinas y por no seguir las recomendaciones de los técnicos de prevención y riesgos laborales” respecto a los trabajadores de la empresa privada que hizo el primer análisis de la situación.
Piscinas
La denuncia se refería a tres instalaciones, concretamente el centro deportivo El Ejido, el Estadio Hispánico y la piscina cubierta de La Palomera, aunque esta última se cerró después “por reacondicionamiento de la instalación”. Sin embargo, según aseguró la Flass, el Ayuntamiento de León no comunicó esta circunstancia al Procurador del Común hasta 14 meses más tarde de ser requerido hasta en tres ocasiones sobre las irregularidades puestas de manifiesto.
Además, en septiembre de 2024, cuatro meses después de la denuncia, un informe de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León constató diversas irregularidades en las tres instalaciones, entonces todas abiertas, como la existencia de valores no aceptables de temperatura y de las concentraciones de CO2 en la piscina cubierta de La Palomera.
Este análisis establecía también la necesidad de “reducir los niveles de exposición al ruido de los trabajadores”, así como de “una mejora de las condiciones termohigrométricas” y que esto se llevase a cabo mediante “un mantenimiento preventivo de todas las instalaciones de climatización, donde se incluya el cambio de filtros, así como limpieza de los conductos”.
Piscinas
Asimismo, recomendaba “valorar la posibilidad de situar a los socorristas en habitáculos cerrados dentro de las instalaciones de las piscinas desde donde se puede llevar a cabo la labor de vigilancia y control de los usuarios sin estar expuestos de forma continua a las condiciones de temperatura y humedad más desfavorables que existen en el recinto climatizado”. Sin embargo, solo una de las tres instalaciones, la actualmente cerrada de La Palomera, disponía de esta infraestructura, mientras que la piscina exterior del Estadio Hispánico requería de una obra y en El Ejido habría que construirla.
Mientras se lleven a cabo ambas actuaciones, el informe establece que “debe valorarse la aplicación de medidas organizativas que permitan reducir el tiempo de exposición de los trabajadores”, como efectuar descansos de diez minutos por cada hora de trabajo en otras áreas fuera de la piscina climatizada, lo que permitiría “no solo que las condiciones termohigrométricas a las que se ven sometidos sean más favorables, sino que el nivel de exposición al ruido se vea reducido”.
Condiciones termohigrométricas
Del mismo modo, el Ayuntamiento de León es requerido a que, “para facilitar el control de las condiciones termohigrométricas existentes en las piscinas resultaría de gran utilidad la puesta en funcionamiento nuevamente del sensor Redytel que muestra valores de temperatura, humedad y concentración de CO2 y que actualmente solo se encuentra operativo en el centro deportivo Salvio Barrioluengo”. También se insta a la institución municipal a “adoptar las medidas oportunas para que los accesos y pediluvios de las piscinas climatizadas no supongan un riesgo de caída para los trabajadores”.
