La Junta aterriza en el campo de Oteruelo para iniciar la obra de ampliación del parque tecnológico de León entre críticas vecinales
La Junta de Castilla y León ha iniciado oficialmente las obras de ampliación del Parque Tecnológico de León en el campo de Oteruelo, un proyecto largamente esperado que, sin embargo, aterriza rodeado de polémica. Desde este viernes, un gran cartel anuncia la actuación con el mensaje “Aquí invierte la Junta de Castilla y León”, junto a la cifra destinada al desarrollo urbano: 10,7 millones de euros.
El inicio de las obras llega envuelto en el descontento de vecinos y propietarios, que denuncian la ausencia de las catas arqueológicas ordenadas por Patrimonio y califican los precios de expropiación como “ridículos y humillantes. Nos están robando a la cara”.
Expropiaciones bajo protesta
Los propietarios de los terrenos afectados —un total de 250.917 metros cuadrados— rechazan la valoración establecida por la administración autonómica. Pese a que la Comisión Territorial de Valoración elevó el precio de 1,02 a 7,64 euros por metro cuadrado, los afectados sostienen que sigue siendo “muy inferior a la realidad del mercado y absolutamente inaceptable”.
Más de la mitad del suelo expropiado pertenece a Maderas Bodelón S.L. (84.812 m²) y Desarrollo de Espacios Inmobiliarios S.A. (41.399 m²), junto al Ayuntamiento de León (23.876 m²) y diversos vecinos de las pedanías de Armunia y Oteruelo.
“La Junta nos roba. Esto no es desarrollo, es un atropello. Están haciendo negocio con nuestra tierra a precio de saldo”, critican.
Demanda colectiva y amenaza de recurso europeo
Los propietarios han decidido acudir a los tribunales para exigir un precio “justo”, que según sus cálculos debería superar los 12 euros por metro cuadrado, en línea con el valor catastral actual. “Hace años llegó a pagarse hasta 45 euros en la zona”, recuerdan.
Su estrategia pasa por articular una demanda colectiva ya en marcha a través de un bufete de abogados de Burgos y solicitar la paralización inmediata de las obras, promovidas por la empresa pública Somacyl. Los afectados incluso barajan llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al entender que se ha vulnerado su derecho a la propiedad y a una compensación justa.
“En estos terrenos se va a enterrar la carrera de algún político leonés”, advierten de forma reiterada.
Una inversión millonaria con tensiones judiciales
La ampliación del Parque Tecnológico ha sido adjudicada a la UTE formada por Comsa, Inmeva y Hergón con un presupuesto de 13,01 millones de euros (IVA incluido). Somacyl asumirá el 85% del aprovechamiento urbanístico, mientras que el Ayuntamiento de León recibirá las parcelas dotacionales urbanizadas.
El proyecto, que acumula cuatro años de retraso, contempla la urbanización de 523.693 metros cuadrados de suelo, con 247.100 industriales y 38.541 terciarios, además de zonas verdes y nuevos viales conectados con la ronda sur (LE-30).
Según las estimaciones autonómicas, el desarrollo aportará al consistorio 5,5 millones de euros por ICIO y un millón anual por IBI.
“Esto no es desarrollo, es atropello”
Los afectados insisten en que el procedimiento ha estado “lleno de irregularidades” y cuestionan el carácter público del proyecto. “Actúan como si los terrenos fueran baldíos”, señalan. A su juicio, parte del suelo se destinará a la venta a empresas privadas, lo que, dicen, “evidencia que el interés público es solo una excusa”.
“Esto no es desarrollo, es atropello”, reiteran.
Un motor económico con grietas
Pese al conflicto, el Parque Tecnológico de León sigue creciendo. Actualmente alberga 43 empresas y 2.231 trabajadores, 165 más que el año anterior. En 2014 apenas contaba con 15 compañías y 826 empleos. La facturación conjunta se ha multiplicado por cinco, pasando de 51 millones a 260 millones de euros en la última década.
La Junta defiende que la ampliación “consolidará a León como polo de innovación tecnológica”, pero el desacuerdo sobre las expropiaciones amenaza con prolongar un conflicto judicial que podría extenderse hasta instancias europeas.
