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La provincia de León concentra 915 casos activos de violencia de género

Castilla y León suma 5.496 casos en el sistema VioGén y mantiene a 113 menores catalogados en riesgo de sufrir violencia vicaria, según los datos expuestos en la II Jornada Stop Violencia Vicaria celebrada en la provincia
Jornada violencia vicaria
Celebración de la II Jornada Stop Violencia Vicaria en León.

Castilla y León cuenta en estos momentos con un total 5.496 casos activos de violencia de género en el sistema VioGén, 915 en la provincia de León, de los que 2.690 corresponden a mujeres con menores a cargo, mientras que 113 niños están catalogados en situación de riesgo de sufrir violencia vicaria.

Así se puso este viernes de relieve en León durante la celebración de la II Jornada Stop Violencia Vicaria, organizada por la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Castilla y León en colaboración con la Asociación Stop Violencia Vicaria, que reunió a profesionales del ámbito judicial, sanitario, policial y asistencial para analizar los mecanismos de prevención, detección y protección de los menores.

Llamamiento a mejorar la coordinación

Durante la inauguración de la jornada, la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, Jessica Martínez Sánchez, destacó la necesidad de seguir avanzando en la detección precoz de estas situaciones y reforzar la coordinación entre administraciones, operadores jurídicos, profesionales sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar una protección integral de las víctimas, informa Ical.

La jornada contó también con la participación de María Eugenia Prendes, fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado; Rosa Guiralt Martínez, fiscal del Tribunal Supremo; la pediatra social, Miriam García del Saz; el brigada de la Guardia Civil, Gonzalo Miguel Soto Galán, especialista de los Equipos Mujer-Menor, y la inspectora de Policía Nacional Begoña Miguélez Centeno, responsable de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer. También intervinieron Ana Peláez Narváez, presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, y Andrea Cabezas Mateos, presidenta de la Asociación Stop Violencia Vicaria.

Perspectiva multidisciplinar

Los distintos ponentes abordaron la violencia vicaria desde una perspectiva multidisciplinar, analizando la respuesta judicial, la intervención sanitaria, la atención policial especializada y la protección de los menores como víctimas directas de la violencia de género.

La II Jornada Stop Violencia Vicaria tiene como objetivo sensibilizar sobre el impacto de esta forma de violencia en mujeres, niños y niñas, así como impulsar la formación especializada de los profesionales implicados en su prevención y detección, favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas, reforzar la coordinación institucional y promover una mirada centrada en los derechos de la infancia y en la protección integral de las víctimas.

La iniciativa también pretende dar visibilidad a las demandas de las víctimas y de las asociaciones que trabajan diariamente para acompañarlas y defender sus derechos.

Violencia vicaria

La violencia vicaria ha adquirido una creciente relevancia social e institucional en los últimos años debido a la necesidad de visibilizar una realidad que afecta directamente a la infancia y que requiere respuestas específicas desde todos los ámbitos de actuación.

La experiencia acumulada por los profesionales que trabajan con víctimas pone de manifiesto la importancia de identificar de manera temprana los indicadores de riesgo, garantizar mecanismos eficaces de protección y situar siempre el interés superior del menor como principio rector de cualquier intervención.

En este contexto, la formación especializada de jueces, fiscales, abogados, profesionales sanitarios, trabajadores sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y demás agentes implicados resulta fundamental para mejorar la prevención y la respuesta institucional.

Asimismo, la coordinación entre administraciones públicas, entidades sociales y profesionales especializados constituye una herramienta imprescindible para evitar situaciones de desprotección y ofrecer respuestas eficaces a las víctimas.