La leonesa Ana del Ser, primera mujer en presidir el Tribunal Superior de Justicia

El 2025 ha sido un año relevante en cuanto a la actividad judicial en la provincia. El Juzgado de lo Penal Número 2 absolvió a los empresarios mineros acusados de homicidio por imprudencia tras los seis fallecimientos ocurridos en el Pozo Emilio del Valle de Pola de Gordón en 2013. La jueza, que estuvo de baja casi tres años desde la celebración del juicio, concluyó que no hubo responsabilidad penal en la cúpula de la empresa responsable del yacimiento, ni se dictaron condenas contra las aseguradoras.

Asimismo, la Audiencia Provincial de León condenó a 23 años y medio de cárcel al hombre que asesinó a su madre en la Nochebuena de 2022, en uno de los casos de violencia más mediáticos de la provincia.

Ana del Ser, primera mujer al frente del TSJCyL

En abril, la magistrada leonesa Ana del Ser López se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), en sustitución de José Luis Concepción, que dejó la institución tras 20 años en el cargo. En su discurso de toma de posesión, Del Ser subrayó su firme compromiso con la Justicia y defendió la independencia judicial como pilar esencial para resolver los problemas de la sociedad y garantizar los derechos de la ciudadanía. “Nuestra vocación debe seguir siendo la del servicio público, una labor que compartimos todos los que formamos parte de la administración de Justicia”, afirmó.

'Perla Negra' y 'trama eólica': los casos de corrupción más importantes

Pero la crónica de tribunales de 2025 viene marcada por los dos casos de corrupción más importantes que han salpicado al Gobierno autonómico en su historia: la ‘Perla Negra’ y la ‘trama eólica’, ambos relacionados con Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León entre 2003 y 2007 y secretario general del departamento de 2007 a 2011.

En enero, tras 20 sesiones de juicio entre febrero y mayo de 2024 y siete meses después de quedar visto para sentencia, la Audiencia Provincial de Valladolid dio a conocer su fallo por las irregularidades en el proceso de alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales, en Arroyo de la Encomienda, y en la adquisición de parcelas para un polígono industrial en Portillo que nunca llegó a materializarse.

Delgado fue condenado a dos años y medio de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos y a tres años y seis meses de inhabilitación por prevaricación administrativa. Por su parte, la también exviceconsejera de Economía Begoña Hernández se le impuso una condena de dos años y dos meses de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa, mientras que al que fuera consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, se le condenó a dos años, un mes y quince días de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa. En todos los casos, así como a los seis empresarios condenados, el tribunal aplicó el atenuante de dilaciones indebidas.

Ocho meses después de conocer esta sentencia, Delgado volvió a sentarse en el banquillo de la Audiencia de Valladolid para responder por su participación en la ‘trama eólica’, junto a otros trece acusados, entre los que se encuentran tres exaltos cargos de la Junta y once empresarios. La petición del fiscal para el exviceconsejero alcanza los 42 años de cárcel y los 239 millones de euros. Se le imputan delitos de cohecho, extorsión, tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Casos de asesinatos y violencia

El Juzgado de Primera Instancia y lo Penal avanzó con otros casos que conmocionaron a la Comunidad. La jueza del caso Esther López, la joven de Traspinedo (Valladolid) que desapareció el 13 enero de 2022 y su cadáver fue encontrado 23 días más tarde en una cuneta, decidió la apertura del juicio oral para el enjuiciamiento de un delito de asesinato contra Óscar S.M., único acusado del caso, “en concepto de autor y responsable directo de los hechos”. El Ministerio Fiscal solicita una pena de 18 años.

Por otra parte, en enero se conoció la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid por la que se condenó a prisión permanente revisable a David Maroto, el hombre al que un jurado popular halló culpable de matar a puñaladas su pareja sentimental, Paloma, y a la hija de ésta, la pequeña India de ocho años, en enero de 2023. Al acusado se le impuso la prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía de India, con la agravante de parentesco, mientras que por el crimen de su expareja, se le condenó a 25 años de cárcel por un asesinato con alevosía y ensañamiento, en el que también apreció la agravante de parentesco y de actuar por razones de género.

En Zamora, la Audiencia Provincial impuso 22 y 17 años de cárcel, respectivamente, a una mujer y a un hombre por el conocido ‘crimen del Tera’.

Huelga de jueces

Fuera de la actividad propia de los tribunales, en noviembre el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, confirmó que el Campus de la Justicia de Valladolid estará “listo y en pleno funcionamiento” a principios de 2029, tras una inversión superior a 43 millones de euros, lo que supondrá un ahorro de más de 1,2 millones de euros anuales, cantidad que actualmente se gasta en arrendamiento de los edificios donde están situados los distintos juzgados de la ciudad.

Además, en junio, magistrados, jueces y fiscales de cinco asociaciones del sector protagonizaron un paro simbólico en las sedes judiciales de la Comunidad para protestar por el proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, dos iniciativas legislativas que, según alertaron, ponen “bajo amenaza” la independencia judicial.

Lo que viene en 2026

De cara a 2026, junto a la sentencia de la ‘trama eólica’, la actividad judicial estará marcada por el juicio contra la funeraria El Salvador por la presunta estafa destapada por la Policía Nacional en el marco de la ‘Operación Ignis’. La familia propietaria se enfrenta a penas que suman 80 años por delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. El fraude, cometido entre los años 1995 y 2015, consistía en el cambio de ataúdes por otros más baratos al introducirlos en los crematorios.