La Junta da el visto bueno ambiental al proyecto Villadangos Green en León
La Junta de Castilla y León ha dado un paso decisivo para el desarrollo de Villadangos Green al formular la declaración de impacto ambiental favorable del proyecto regional que la compañía Villadangos Nueva Energía SL, integrada en el grupo Reolum, pretende ejecutar en el polígono industrial de Villadangos del Páramo. La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), concluye que la iniciativa es ambientalmente viable siempre que se respeten todas las condiciones impuestas durante su tramitación.
La orden, firmada por el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, señala que el proyecto se informa favorablemente "a los solos efectos ambientales" y "siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental y las medidas protectoras y correctoras contempladas en el estudio de impacto ambiental".
La resolución no supone todavía la autorización definitiva para construir las instalaciones, ya que el promotor deberá obtener el resto de permisos sectoriales y ambientales exigidos por la normativa vigente.
Dos plantas y una conexión con La Robla
Villadangos Green contempla la construcción de una planta de hidrógeno verde con una capacidad de electrólisis de 200 megavatios y una producción anual estimada de 28.800 toneladas de hidrógeno, junto a una planta destinada a fabricar 140.000 toneladas anuales de metanol renovable.
Ambas instalaciones estarán ubicadas en la ampliación del polígono industrial de Villadangos del Páramo y se completarán con un hidroducto y un ceoducto de unos 36,5 kilómetros que enlazarán con el polígono industrial de El Crispín, en La Robla, donde el mismo grupo empresarial impulsa el proyecto La Robla Green. El trazado atravesará también los términos municipales de Carrocera, Cimanes del Tejar, Cuadros, Rioseco de Tapia, San Andrés del Rabanedo y Valverde de la Virgen.
Las dos plantas ocuparán conjuntamente cerca de 150.000 metros cuadrados y requerirán un consumo anual de 1.658.113 metros cúbicos de agua procedente de la red de abastecimiento de la ampliación del polígono industrial.
Evaluación favorable tras la tramitación
El expediente recoge que durante la información pública Ecologistas en Acción de León presentó alegaciones centradas, entre otros aspectos, en la utilidad pública del proyecto, la evaluación ambiental elegida, el consumo de agua, la eficiencia energética y los riesgos asociados a la instalación. Tras analizar las alegaciones y los informes de las distintas administraciones, la Junta mantuvo la viabilidad ambiental de la actuación.
El documento también destaca que la Confederación Hidrográfica del Duero emitió finalmente un informe favorable tras las modificaciones introducidas por el promotor, mientras que otros organismos sectoriales incorporaron condicionantes que pasan a formar parte de la declaración ambiental. Entre ellos figura la advertencia del Servicio Territorial de Industria sobre la posible interferencia del trazado de las conducciones con la planta fotovoltaica El Monte, cuestión que el promotor deberá resolver para garantizar la compatibilidad entre ambas infraestructuras.
Impacto limitado sobre el entorno
La declaración ambiental concluye que el emplazamiento elegido minimiza las afecciones paisajísticas por encontrarse en un área ya industrializada. El informe de Patrimonio Natural considera que el proyecto se localiza en "una zona ya muy transformada" por la presencia del polígono industrial y de otras infraestructuras de transporte, por lo que entiende que "el impacto sobre el paisaje será limitado".
Asimismo, el análisis determina que las actuaciones no perjudicarán la integridad de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Riberas del río Esla y afluentes "siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en la presente declaración de impacto ambiental". También concluye que no se prevén afecciones significativas sobre montes de utilidad pública, flora protegida, hábitats de interés comunitario o fauna protegida bajo las condiciones fijadas por la Administración autonómica.
Condiciones para ejecutar las obras
La declaración incorpora un amplio catálogo de medidas obligatorias antes y durante la ejecución del proyecto. Entre ellas, exige que el promotor incorpore al proyecto de ejecución un documento específico con todas las medidas protectoras y correctoras, obtenga las autorizaciones sectoriales necesarias y preserve los cauces, hábitats, vías pecuarias y masas forestales afectadas.
El Bocyl recomienda además que "en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición" siempre que resulte técnica y ambientalmente viable, en sustitución de materiales naturales.
La resolución también obliga a desarrollar un programa de vigilancia ambiental, remitir informes periódicos sobre el cumplimiento de todas las medidas impuestas y comunicar tanto el inicio de las obras como la puesta en funcionamiento de las instalaciones. La Administración recuerda igualmente que cualquier modificación sustancial del proyecto deberá notificarse previamente al órgano ambiental competente.
