La carretera que no es de nadie
La carretera sin dueño que deja en el aire el acceso al CTR de San Román | Diputación y Junta rechazan la titularidad del vial mientras trabajadores denuncian su grave deterioro y exigen una solución urgente
El acceso al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega se ha convertido en un caso insólito de indefinición administrativa. La vía, de aproximadamente cinco kilómetros, presenta un estado de deterioro avanzado que ha motivado reiteradas quejas de los trabajadores, pero ninguna administración reconoce su titularidad ni asume su reparación.
El problema ha salido a la luz tras la reclamación formal impulsada por el comité de empresa de la UTE Legio VII, que gestiona la instalación y que lleva tiempo alertando del riesgo que supone el tránsito diario por este vial.
Diputación se desentiende: “No pertenece a la red provincial”
La primera respuesta institucional llegó desde la Diputación de León, que rechazó intervenir en la vía. En un escrito oficial remitido a Fernando Abella García, miembro del comité, el Servicio de Fomento es tajante: “El citado vial de acceso al CTR no pertenece a la Red Provincial de Carreteras de esta Diputación”.
El documento, firmado tras el registro de la solicitud el 11 de febrero de 2026, añade además que la titularidad corresponde a otra administración: “Siendo titular de la misma la Junta de Castilla y León, motivo por el cual esta Administración carece de competencias para realizar lo solicitado”.
La Junta también niega la titularidad
Sin embargo, la respuesta de la Junta de Castilla y León contradice directamente esa afirmación. En un segundo escrito oficial, el Servicio Territorial de Movilidad en León descarta igualmente cualquier responsabilidad sobre la vía.
El documento, firmado por el jefe del servicio territorial, Juan F. Escanciano González, recoge literalmente:
“El vial de acceso desde la carretera N-120 al Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega no corresponde con ningún tramo de carreteras de titularidad de la Junta de Castilla y León”.
Y añade una afirmación aún más contundente: “Se ignora la titularidad del mismo”.
Una infraestructura clave en el abandono
La situación deja en un limbo administrativo una infraestructura esencial para la gestión de residuos de la provincia leonesa. El CTR de San Román depende de este acceso para el tránsito continuo de trabajadores y vehículos pesados, lo que agrava las consecuencias del deterioro del firme.
Desde el comité de empresa se insiste en que el estado de la carretera es “pésimo”, con baches profundos, irregularidades y ausencia de mantenimiento, lo que incrementa el riesgo de accidentes laborales y averías.
Denuncias reiteradas sin solución
Los representantes de los trabajadores subrayan que no se trata de un problema reciente. Según explican, el deterioro del vial se arrastra desde hace años sin que se haya ejecutado una actuación integral, pese a las comunicaciones previas a distintas administraciones.
La reclamación más reciente exigía una intervención urgente que incluyera la reparación del firme, mejoras en el drenaje y un acondicionamiento general de la vía.
Un “vacío” administrativo con consecuencias reales
La coincidencia de ambas respuestas institucionales ha generado una situación inédita: una carretera utilizada a diario, pero sin administración responsable reconocida.
Este vacío complica cualquier actuación inmediata y deja en el aire quién debe asumir la inversión necesaria para su reparación. Mientras tanto, los trabajadores del CTR continúan utilizando una vía que consideran insegura, a la espera de que alguna administración aclare la titularidad y actúe.
Exigen una solución inmediata
Ante este escenario, el comité de la UTE Legio VII reclama una respuesta coordinada entre administraciones que permita desbloquear la situación. Insisten en que no se trata solo de una cuestión competencial, sino de seguridad y servicio público.
La “carretera de nadie”, como ya la califican los propios afectados, se ha convertido así en un símbolo de la falta de coordinación administrativa, con consecuencias directas para los trabajadores y el funcionamiento de una instalación clave en la provincia de León.
