Choque por el carbón en Asturias: Gobierno y Barbón se contradicen por Cerredo
La reapertura de explotaciones de carbón en Asturias ha desencadenado un enfrentamiento directo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Gobierno autonómico. Desde el departamento estatal sostienen que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) no tuvo constancia de actividad extractiva hasta marzo de 2025.
Una afirmación que el presidente asturiano, Adrián Barbón, ha rebatido públicamente al recordar que la empresa pública Hunosa mantuvo extracción de carbón hasta diciembre de 2024, lo que cuestiona la versión ministerial.
Investigación abierta y dudas sobre la información remitida
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha confirmado la apertura de una investigación interna para aclarar qué datos debían haberse comunicado, quién era el responsable y en qué plazos.
Sánchez, que asumió las competencias tras la dimisión de Belarmina Díaz, ha defendido la “colaboración permanente” con el ITJ, aunque ha evitado precisar si el Principado incumplió alguna obligación informativa.
Tres minas bajo sospecha y posibles devoluciones millonarias
El foco del conflicto se sitúa en tres explotaciones activas con permisos autonómicos: Vega de Rengos (Cangas del Narcea), operada por Tyc Narcea; Pilotuerto (Tineo), de NMR y Mina Miura (Ibias), de Carbones La Vega
Todas ellas están siendo analizadas para determinar si deben devolver ayudas públicas concedidas bajo el marco europeo de cierre del carbón en 2018. La normativa estatal, apoyada en la Ley de Cambio Climático, obliga a reintegrar subvenciones si se retoma la actividad extractiva.
Datos ocultos y producción sin reflejo oficial
Uno de los puntos más controvertidos es la ausencia de datos oficiales sobre la producción de carbón en Asturias en los últimos años. Según el Ministerio, no figuran cifras porque la comunidad autónoma debía facilitarlas y el Ejecutivo que no se conocía la explotación de mineral hasta el accidente de Cerredo, en el que fallecieron cinco mineros leoneses.
Sin embargo, fuentes consultadas indican que en 2022 se alcanzaron unas 610.000 toneladas de carbón, sumando la actividad de Hunosa y las explotaciones privadas, una producción que no aparece en estadísticas públicas.
El organismo estadístico asturiano Sadei justifica esta omisión por razones técnicas y por el carácter reducido y puntual de la actividad tras el cierre formal del sector en 2018.
El caso de Vega de Rengos y las “pruebas industriales”
Parte de la polémica gira en torno a la mina de Vega de Rengos. En 2023, el ITJ solicitó información sobre su situación a la entonces directora general de Minas, Belarmina Díaz.
La respuesta oficial indicaba que se trataba de un “proyecto de investigación” para usos no térmicos, con autorización para una prueba industrial. Sin embargo, no se detallaba que esa prueba permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón, un dato clave que ahora alimenta las dudas.
Presión política y exigencia de explicaciones
La oposición ha elevado el tono en la Junta General. El líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, ha cuestionado si la falta de información fue un error o una decisión deliberada. Por su parte, la diputada Covadonga Tomé ha exigido una respuesta “clara y urgente”.
Barbón ha optado por la cautela y ha pedido tiempo para revisar los expedientes antes de pronunciarse en profundidad. “Solo así sabremos qué ocurrió”, señaló, intentando situar al Principado como administración tramitadora y no decisora.
Un pulso institucional aún abierto
El Ministerio reconoce que el ITJ no evaluó formalmente estas explotaciones antes de su actividad y que ahora está recabando información del Principado en un proceso que avanza con lentitud.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto: el Gobierno central cuestiona la falta de comunicación y Asturias defiende que sí trasladó información relevante. En juego no solo está la legalidad de las explotaciones, sino también posibles devoluciones de ayudas y la credibilidad institucional en la gestión del final de la minería del carbón.
