La Diputación de León destina 832.000 euros para ayudar a los municipios a censar instalaciones con amianto
La Diputación de León, a través del área de Transición Ecológica que dirige la diputada Lucía Osorio, ha aprobado este 19 de junio una línea de subvenciones dotada con 832.000 euros para que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto.
“El objetivo de esta ayuda es garantizar la correcta identificación y gestión posterior de este tipo de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente en materia de residuos y suelos contaminados para una economía circular”, explican desde la institución provincial.
Subvenciones de hasta el 90% del coste
La convocatoria permitirá a los municipios sufragar hasta el 90% del coste del proyecto, con un máximo de 4.000 euros por ayuntamiento. El plazo para ejecutar esta actividad será entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, y las solicitudes podrán presentarse durante 20 días hábiles a partir del lunes 16 de junio.
Dos fases: exploración e inspección
El procedimiento para elaborar el censo constará de dos fases diferenciadas. Exploración o cribado inicial, para obtener una primera relación de instalaciones que contienen o podrían contener amianto e inspección detallada, mediante la cual se verificará si los materiales presentes contienen efectivamente este compuesto.
Durante esta inspección, de carácter visual, se identificarán materiales sospechosos, se valorará su peligrosidad y se determinará un calendario de retirada con fechas límite, además de una estimación económica para cada actuación.
Todas las construcciones, sin importar su titularidad
El censo deberá incluir todo tipo de emplazamientos susceptibles de contener amianto, sin importar si son públicos o privados. La lista abarca desde edificaciones como viviendas, oficinas, locales de trabajo o construcciones agrícolas, hasta instalaciones industriales e infraestructuras.
Con esta medida, la Diputación busca reforzar la prevención y seguridad medioambiental y sanitaria en el ámbito rural, sentando las bases para futuras actuaciones de retirada progresiva del amianto, un material ya prohibido por su peligrosidad y ampliamente utilizado en décadas pasadas.
