Hosteleros de la zona de Luna ejercen el 'derecho de admisión' sobre el alcalde por "comportamientos intolerables" en sus establecimientos
El alcalde de Sena de Luna, Francisco Gómez Morán, al que el Partido Popular (PP) protege pese a sus reiterados positivos por alcoholemia y tras ser cazado por la Guardia Civil conduciendo en al menos una ocasión sin carné, tiene 'vetada' la entrada en al menos dos locales de restauración de la zona.
Al menos dos establecimientos hosteleros de la zona han decidido vetar la entrada al actual alcalde, Gómez Morán, debido a los incidentes protagonizados en sus locales.
Ambos negocios han confirmado a Heraldo de León que han optado por ejercer el derecho de admisión ante lo que califican como una conducta reiterada e inaceptable. “No se pueden tolerar comportamientos como los de esta persona”, explica la propiedad de uno de los establecimientos afectados.
Derecho de admisión ante incidentes reiterados
Los hosteleros justifican su decisión en episodios que, según su versión, se han repetido en el tiempo. “Fue en varias ocasiones incontrolable en sus acciones, se presentó en un estado intolerable y desde luego no se puede permitir que sea agresivo ni con la propiedad ni con los clientes”, relatan.
Tras algunos de estos incidentes, los responsables de uno de los locales optaron por informar a la Guardia Civil, aunque finalmente no formalizaron denuncia. Alegan que el regidor es “vengativo, injurioso y en algún momento incontrolable”, lo que influyó en su decisión de no iniciar acciones legales.
La medida adoptada por estos negocios supone, en la práctica, un veto explícito al alcalde en determinados espacios públicos del municipio, una situación inusual que ha generado comentarios entre vecinos y empresarios de la zona.
Críticas a su continuidad como alcalde
La situación ha avivado también las críticas hacia la permanencia de Gómez Morán al frente del Ayuntamiento. “No se entiende que le tengan ahí. Un alcalde es otra cosa, no puede hacer lo que él hace”, lamenta uno de los propietarios consultados.
Este malestar se suma al debate político abierto en torno a su figura, especialmente por la falta de medidas por parte de su partido, el Partido Popular (PP), que mantiene su respaldo a la espera de una resolución judicial firme.
Interceptado ebrio y sin carné
Los hechos se producen en un contexto marcado por los antecedentes judiciales del regidor. Tal y como publicó Heraldo de León, Francisco Gómez Morán fue interceptado por la Guardia Civil el pasado 29 de agosto en un control rutinario en Robledo de Caldas.
En ese momento, conducía con una tasa de 0,62 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, superando el límite legal permitido. Además, circulaba sin carné de conducir en vigor, al tener retirado el permiso por un positivo anterior.
Proceso penal en marcha
Como consecuencia de estos hechos, el alcalde ha sido citado a declarar por la vía penal en el Juzgado de León el próximo mes de mayo. El procedimiento responde a la gravedad de la combinación de conducción bajo los efectos del alcohol y la pérdida de vigencia del permiso.
El propio Gómez Morán ha reconocido la existencia del proceso judicial, aunque sin realizar valoraciones públicas adicionales.
Reincidencia en alcoholemia
No se trata de un caso aislado. Según las informaciones disponibles, esta sería la segunda ocasión en la que es interceptado conduciendo en estas condiciones y la tercera en la que da positivo en un control de alcoholemia, lo que refuerza el carácter reiterado de su conducta.
Acceso al cargo y respaldo del PP
Gómez Morán accedió a la alcaldía en diciembre de 2023 tras la dimisión del anterior regidor, José Celestino García, y la renuncia del número dos de la candidatura.
Pese a la acumulación de incidentes, el Partido Popular —formación a la que pertenece— no ha adoptado medidas disciplinarias hasta el momento. Fuentes internas del partido reconocen que conocían la situación, pero han optado por esperar a una sentencia judicial antes de actuar.
Por su parte, el PSOE ha calificado la situación de “muy grave” y ha exigido responsabilidades políticas inmediatas.
Un conflicto que trasciende lo político
El veto de los hosteleros marca un punto de inflexión en la polémica, trasladando el conflicto del ámbito político y judicial al social y económico dentro del propio municipio.
La decisión de aplicar el derecho de admisión a un cargo público en ejercicio refleja el deterioro de su imagen en parte del tejido local, en un escenario que sigue abierto a la espera de resoluciones judiciales y posibles decisiones políticas.
