Tribuna 15M | La Junta castiga a León con su regadío
“Decíamos ayer”, frase atribuida a Fray Luis de León, que el sector agroalimentario es uno de los motores de nuestra provincia, creando empleo y fijando población.
Decíamos que en España y en la provincia de León, se necesita una agricultura y una ganadería sostenibles como armas contra la emergencia climática para garantizar la soberanía alimentaria.
Y decíamos también que el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta desde 2018 por el apoyo incondicional a la agricultura de ámbito familiar, especialmente la de regadío que debe ser modernizada y adaptada a las exigencias de este siglo mediante la innovación tecnológica.
El Gobierno del Estado está llevando a cabo la mayor inversión en modernización de regadíos de la historia, triplicando la realizada durante las dos décadas anteriores.
Salvo las obras de Payuelos, financiadas con fondos propios del ministerio de agricultura y ejecutadas por TRAGSA, el resto de las actuaciones se realizan, bien a través del convenio clásico, bien mediante el Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos europeos Next Generation.
Estas actuaciones se desarrollan de forma coordinada entre MAPA, SEIASA, que gestiona fondos FEADER y PRTR y la consejería de agricultura de la Junta de Castilla y León.
El Convenio establece la participación de cada parte: el Estado a través de la SEIASA, la Junta mediante ITACYL y la Comunidad de Regantes. Respecto al dinero público, el Gobierno de España asume el 74% del coste de las obras y la Junta el 26% restante.
El Gobierno se encarga habitualmente de construir la red de distribución del riego, sustituyendo las viejas acequias por una moderna red de riego presurizado, con hidrantes, válvulas, ventosas, tomas y sistemas de telecontrol que permiten gestionar el riego con tecnologías avanzadas como teledetección, sondas de humedad, índices de vegetación e inteligencia artificial.
Todo ello permitirá una agricultura más eficiente, sostenible, rentable, reforzando además la seguridad alimentaria y el futuro del medio rural, facilitando que los jóvenes puedan seguir viviendo y trabajando en nuestros pueblos.
La Junta suele encargarse de la construcción de balsas de regulación, estaciones de bombeo y de ejecutar la concentración parcelaria.
El sistema funciona correctamente, el Gobierno cumple con su parte y la Junta debería cumplir con la suya.
Sin embargo, la realidad es que los retrasos de la Junta están generando problemas graves en varias comunidades de regantes.
El primer caso es el de la Margen Izquierda del Porma, fase 1 y 1bis. SEIASA a través de TRAGSA, ya están finalizando sus trabajos. Sin embargo, la JUNTA y el ITACYL no han acabado sus obras, que prevén finalizar a finales de junio, lo que pone en riesgo la viabilidad de cerca de 5.000 hectáreas de maíz, cereales y otros cultivos, que podrían sufrir escasez de agua y menos riegos de los necesarios. Además, genera incertidumbre entre los agricultores al planificar sus siembras poniendo en peligro sus ingresos. A este despropósito se une la demora en el amojonamiento de las nuevas parcelas retrasado sine die.
La situación es más preocupante en el Canal de Arriola o Ribera Alta del Porma. SEIASA y TRAGSA garantizan el riego desde el 1 de abril pero ITACYL no ha terminado ni la balsa ni la estación de bombeo. Aunque se habla de junio como fecha de finalización, la realidad es que la concentración parcelaria va muy retrasada, por lo que el sistema no podrá funcionar planamente ni este año, ni en los próximos.
Esto supone que los regantes tendrán que empezar a amortizar unas obras que no podrán utilizar, lo que implica costes adicionales y una pérdida en las expectativas que aporta la modernización.
Además, no podemos olvidar que los fondos europeos están condicionados al cumplimiento de determinados objetivos, como el ahorro de agua o la reducción de la contaminación por nitratos. Si estos compromisos no se cumplen – en este caso por la falta de parcelas de reemplazo, responsabilidad del ITACYL– los fondos podrían verse comprometidos e incluso habría que devolverlos, con consecuencias muy graves para el territorio.
Da la impresión de que la Junta, empezando por la consejera del área, no es plenamente consciente de la gravedad de estos retrasos.
Mucho acto político en precampaña con Ferduero, muchas “certezas” estos días de campaña, pero ninguna información ni explicación a los afectados.
Otro caso, el Canal Bajo del Bierzo. Aquí SEIASA-TRAGSA han terminado su parte y garantizan el riego el 1 de abril, pero el ITACYL todavía tiene pendiente la construcción de un bypass y una tubería fundamental para el funcionamiento del sistema, cuya finalización se retrasa a junio. Se trata de una obra de más de 40 M€ (11 de la Junta).
Si no se cumplen las condiciones de la UE, existe el riesgo de perder estos fondos, como ya ocurrió con dos convocatorias.
En el Bierzo hay problemas añadidos: los frutales no esperan a que acaben las obras. Los fruticultores y los productores de hortícolas, como el pimiento D.O., necesitan agua en el momento adecuado. Si el riego no llega cuando debe, la floración, la producción y la rentabilidad pueden verse seriamente afectadas.
A ello se une el retraso en la concentración parcelaria y en las infraestructuras como caminos y desagües, que también dependen del ITACYL. Muchos agricultores todavía no disponen de parcelas de reemplazo ni de accesos adecuados, lo que genera sobrecostes y conflictos.
En definitiva, las pérdidas económicas para agricultores y cooperativas pueden ser muy importantes, ya que las cosechas están en peligro por la dejadez del PP.
Conviene recordar, además, que el Gobierno de España está realizando un esfuerzo inversor muy importante en toda la comarca del Bierzo tras el cierre de las minas. Solo en la recuperación medioambiental de las minas a cielo abierto se han destinado cerca de 100 millones de euros, muestra clara del compromiso del Gobierno con esta provincia.
Por último, también existen problemas en varias comunidades de regantes de la zona del Órbigo, como Presa de la Tierra y Canal Alto de Villares. Aunque en alguna se riega desde la campaña 2024, la Junta no ha retirado ni triturado las antiguas acequias que deberían haberse transformado en caminos que siguen sin construirse.
Esto dificulta el trabajo en las parcelas. Ante la falta de actuación de la administración autonómica, son los propios agricultores quienes se ven obligados a retirar los restos de canales, mover escombros, tapar desagües y acondicionar caminos para acceder a sus fincas, asumiendo los costes de estos trabajos con el consiguiente ahorro para las constructoras que contrate el ITACYL.
Resumiendo, a pesar del ingente esfuerzo inversor del Gobierno de España en la modernización de regadíos, sin precedentes en León, los incumplimientos de las promesas y los graves retrasos de la Junta están produciendo pérdidas económicas a nuestros agricultores. Con este panorama, ¿el PP se atreve a pedirles el voto?.
Salvador Vidal Varela
Senador PSOE León
