Los peritos sitúan en una grieta del taller el origen del grisú en Cerredo y apuntan a una herramienta como el detonante

La investigación judicial abierta por la explosión de la mina de Cerredo, en Degaña, da un paso relevante con la incorporación de nuevos informes periciales que acotan el escenario del siniestro ocurrido el 31 de marzo de 2025. Según ha avanzado el diario El Comercio, los especialistas designados en la causa consideran “extremadamente improbable” que la deflagración que costó la vida a cinco trabajadores fuese consecuencia de un sabotaje, aunque recomiendan una prueba técnica adicional para descartar por completo esa posibilidad.

El procedimiento trata de esclarecer qué ocurrió en la explotación el día en que fallecieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos. Entre las víctimas mortales estaban los mineros leoneses Jorge Carro, David Álvarez, Amadeo Bernabé, Iván Radío y Rubén Souto, cuyos nombres se han convertido en el principal recordatorio de la dimensión humana de una tragedia que sacudió a las cuencas mineras asturianas y leonesas.

La grieta localizada en el tercer piso

De acuerdo con la documentación pericial incorporada a la causa, uno de los expertos sitúa el foco del grisú en una grieta detectada en la galería del tercer piso, concretamente en la zona del taller donde se produjo la explosión. Durante la inspección practicada en el interior de la mina, “se detectó una emanación natural de grisú en una grieta del hastial izquierdo con concentraciones superiores al 5%”, un nivel que sitúa el gas dentro del rango de explosividad.

El Comercio, que adelanta el contenido de esos informes, añade que la fisura estaba “en la base del taller” y que los peritos relacionan la presencia del gas con una acumulación favorecida por la falta de ventilación en ese punto. La conclusión provisional es que el metano no habría sido introducido de forma artificial, sino que procedería de una emanación natural asociada a la propia geología de la explotación.

Los especialistas describen además el comportamiento del gas en ese punto concreto de la galería. “Con la ventilación encendida, se observó que al separarse apenas unos centímetros del punto de emanación del hastial izquierdo, la concentración caía drásticamente”. A juicio del perito, ese dato “demuestra que la presencia de gas el día del accidente se debió a una acumulación natural estática por la falta de ventilación (ventiladores apagados)”.

La vía del sabotaje pierde fuerza

La hipótesis del sabotaje había cobrado relevancia después de que el 16 de enero llegara a la causa un escrito anónimo que atribuía la explosión a una supuesta disputa empresarial. Ese documento sostenía que uno de los bandos implicados habría alterado el sistema de aire comprimido de la mina para introducir propano en el interior. Sin embargo, los informes conocidos ahora rebajan de forma drástica esa posibilidad.

Los peritos consideran que ese escenario es “extremadamente improbable”, si bien no cierran del todo la puerta a una verificación final en laboratorio o mediante ensayo técnico que permita excluir “al 100%” cualquier intervención externa. Con todo, el sentido general de las conclusiones periciales apunta a un accidente vinculado a la acumulación de grisú y no a una acción deliberada de terceros.

Registros previos y una pauta “coherente” con la mina

Otro de los elementos que refuerza la tesis de la emanación natural es el análisis de los metanómetros instalados en la explotación. Los expertos lograron recuperar registros de jornadas anteriores y, según su valoración, esos datos no reflejan un episodio aislado, sino una secuencia compatible con el comportamiento del yacimiento.

En ese sentido, los informes señalan que los aparatos de control estaban calibrados para detectar metano y que “las curvas de ascenso de concentraciones registradas el día del siniestro son idénticas a las firmas de emisión de grisú observadas en las jornadas previas”. La lectura de esa telemetría, sostienen, dibuja una evolución previa del gas en la zona del taller de carbón.

La síntesis del peritaje es especialmente clara en ese punto: “los datos de telemetría de los días anteriores ya mostraban niveles crecientes de metano en el taller de carbón”. Y añade que “el hecho de que el sensor alcanzara el 5% (límite inferior de explosividad) justo cuando la ventilación secundaria estaba inactiva, confirma una acumulación natural por falta de barrido de aire”.

Una posible chispa por el uso de una herramienta

Con el origen del gas más delimitado, la investigación centra ahora parte de la atención en el elemento que pudo desencadenar la explosión. La línea que manejan los peritos es que, una vez alcanzada una concentración explosiva de grisú en ese espacio, una herramienta o un trabajo realizado en la zona pudo generar la chispa o el punto de ignición que activó la deflagración.

Ese planteamiento encaja con la reconstrucción de una atmósfera peligrosa en un área concreta del interior de la mina y con la ausencia, por ahora, de indicios sólidos de manipulación externa del sistema de aire. La instrucción deberá determinar si existían medios de trabajo, procedimientos o decisiones operativas capaces de provocar ese encendido en una zona ya saturada de gas.

El contexto de una explotación bajo sospecha

Estas nuevas conclusiones periciales se suman al duro diagnóstico ya formulado por el Servicio de Minas del Principado sobre lo que ocurría en Cerredo. Ese informe técnico sostuvo que las cinco personas fallecidas estaban extrayendo carbón de forma “clandestina” y que la empresa Blue Solving ignoraba “cualquier medida de seguridad y organización de los trabajos”, además de carecer de autorización para llevar a cabo esa actividad extractiva.

El director general de Minería del Principado, Javier Cueli, defendió en su día que las conclusiones de ese documento eran “claras” y apuntaban a una explosión de metano en una antigua mina de montaña donde no se habrían respetado las condiciones exigibles de seguridad. El mismo informe incidía en la ausencia de sistemas de ventilación adecuados y en la formación de una atmósfera potencialmente explosiva con niveles de oxígeno por debajo de los límites reglamentarios.

La causa judicial, por tanto, avanza ahora en dos planos que convergen: por un lado, la determinación exacta de cómo se produjo la explosión; por otro, la eventual depuración de responsabilidades por el funcionamiento de la explotación, la seguridad de los trabajos y la actividad extractiva presuntamente irregular. En el centro de ese proceso siguen estando los nombres de Jorge Carro, David Álvarez, Amadeo Bernabé, Iván Radío y Rubén Souto, los cinco mineros leoneses fallecidos en la mina de Cerredo.